Cien mil niños aborígenes de Australia fueron separados de sus hogares entre 1960 y 1970

La conclusión surge de un amplio estudio realizado por un grupo de expertos en el norte del país, informe que califica como “devastadora” la tasa de desarraigo en la región y advierte sobre el riesgo de “una nueva generación robada”.

El resultado se conoce en momentos en que el país avanza en la votación anticipada del referéndum convocado por el gobierno para decidir una modificación en la Constitución que habilite la propuesta de crear lo que se conoce como la “Voz al Parlamento”.

La iniciativa propone un organismo indígena para asesorar al legislativo nacional en temas que les conciernen a las comunidades aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres; además, del proponer el reconocimiento constitucional de la existencia de los pueblos originarios.

April Lawrie, responsable principal del informe de la ONU, descubrió que durante el periodo bajo estudio, y pese a los compromisos asumidos por los sucesivos gobiernos, las separaciones se hicieron más frecuentes entre 1910 y 1970, marcando una tendencia que continúa.

 “El número de niños aborígenes que viven bajo cuidado fuera del hogar aumentará en otro 50 por ciento durante la próxima década”, advirtió Lawrie, luego que el equipo de investigadores entrevistara a casi 1.000 personas, incluidos niños, familias y ancianos aborígenes, así como a personas que trabajan en los servicios de protección infantil y apoyo familiar.

Según el informe, muchos niños compartieron sentimientos de “incredulidad, tristeza y enojo” al descubrir, a veces años después, que fueron sacados de sus hogares cuando “había uno o más miembros de su familia o comunidad que podría haberlos criado”.

A pesar del compromiso estatal de garantizar que más niños fueran ubicados con familias extensas o dentro de sus propias comunidades, Lawrie y su equipo descubrieron que a menudo eran retirados sin una consulta adecuada con las organizaciones comunitarias indígenas locales, especialmente en áreas remotas.

"La identidad cultural de un niño se desarrolla a través de la conexión con la familia, la comunidad y el país", recordó Lawrie al dar cuenta de las consecuencias del desarraigo. “La familia y la cultura lo son todo y la desconexión sólo continuará el ciclo de desventajas, pobreza y trauma”, alertó la funcionaria de la ONU.

Según el informe, que también compara las situaciones de vulnerabilidad entre diferentes grupos sociales, uno de cada dos niños aborígenes en Australia del Sur estuvo sujeto a al menos una notificación de protección infantil en el bienio 2020-2021; mientras que para los niños no aborígenes, la tasa disminuyó a sólo uno de cada 12 niños en el mismo periodo.

El estudio es consecuencia de la creciente preocupación que existe en algunos sectores de la sociedad civil, y los expertos de la ONU fueran convocados a Australia Occidental por el Consejo de Bienestar y Seguridad Familiar de Noongar, una organización controlada por los aborígenes.

El informe, titulado “La generación robada”, y cuyo conclusiones finales se conocerán en cinco días, refiere a un período de la historia de Australia en el que los menores aborígenes fueron separados de sus familias a niveles “sistémicos”.

Los investigadores estiman que entre el 10% y el 33%” de los niños y niñas aborígenes fueron sacados de sus hogares entre 1910 y 1970. “En 1997, el Parlamento de Australia Meridional y en 2008 el Parlamento australiano pidieron disculpas a todos los aborígenes por las Generaciones Robadas”, recuerda el informe.

Actualmente, los australianos se están preparando para votar en un referéndum el 14 de octubre sobre si se debe cambiar la constitución para incluir una voz aborigen e isleña del Estrecho de Torres en el parlamento.

Según el Informe Close the Gap de 2022, el más reciente, la actualización oficial sobre los resultados para los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, así como el abordaje de las desigualdades evitables, requerirá aprovechar el conocimiento y la experiencia de los pueblos indígenas.

“Para mejorar la situación de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres es necesaria una reforma sistémica a gran escala y un cambio de paradigma en el diseño y ejecución de políticas para empoderar verdaderamente a los pueblos aborígenes e isleños”, concluye el informe de la ONU.

A diferencia de Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, Australia no tiene actualmente ningún tratado con los cientos de naciones aborígenes y del Estrecho de Torres, comunidades depositarias de culturas anteriores a la colonización del territorio.

El primer ministro y líder del Partido Laborista, Anthony Albanese, ha manifestado su intención de impulsar un cambio y lanzó el referéndum, cuya votación anticipada se inició el lunes pasado en los estados de Territorio del Norte, Tasmania, Victoria y Australia Occidental, consulta vinculante que finalizará el 14 de octubre, fecha en la que se celebrarán elecciones generales.

Hasta el momento, pese a la campaña lanzada por diversas organizaciones civiles y el gobierno para darles voz a los aborígenes en el Parlamento, las encuestas señalan un muy leve repunte del “Sí”, que obtendría hoy el 43% de los votos, mientras el “No” mantiene la delantera con el 49% de la preferencias.

Con el objetivo de garantizar una amplia participación en la consulta, la primera de esta tipo desde 1999 y aprobada por una abrumadora mayoría legislativa en junio pasado, la Comisión Electoral Australiana (AEC) ha visitado lugares remotos desde principios de septiembre.

De ganar el “Sí”, se incluirá un nuevo capítulo en la Constitución, en donde se reconocerá “a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres como los primeros pueblos de Australia” y se establecerá un ente, que se denominará la “Voz de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres”.

“La Voz”, como se conoce el proyecto en el ámbito del debate público sería un organismo que podrá dirigirse al Parlamento y al Gobierno sobre temas relacionados con los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.

Sus miembros no serían nombrados por el Gobierno, sino por las propias comunidades. El organismo estaría facultado para presentar observaciones sobre la mejora de programas y servicios, pero no gestionará dinero ni brindará servicios. Tampoco tendrá poder de veto, uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la propuesta.

“No están pidiendo un derecho de veto o el derecho a financiar programas ni nada por el estilo. Sólo están diciendo 'queremos ser escuchados'”, enfatizó Albanese, quien destacó que la propuesta, además de darles a las comunidades originarias una mayor participación en la toma de decisiones, apunta a “una reconciliación del país con su historia”.

Los aborígenes representan el 3,8 % de los más de 26 millones de habitantes del país y casi todos han sido víctimas de discriminación y maltratos desde la colonización británica, cuando fueron despojados de sus tierras, hasta su historia reciente, al no ser reconocidos en la Constitución.

En lo inmediato, la propuesta ha despertado interés en el país. En total, son 17.676.347 los australianos los inscriptos para votar, lo que marca un récord de participación del 97,7% de ciudadanos elegibles, un aumento de 447.447 personas desde las elecciones federales de 2022, según la autoridad electoral.

Sin embargo, modificar el texto constitucional no es sencillo. Para que el referéndum se apruebe, se necesita una mayoría de votos a nivel nacional y, al menos, la victoria en cuatro de los seis estados. En caso de ganar el “Sí”, habrá un proceso de elaboración del formato del organismo en el que participarán las comunidades aborígenes y el Ejecutivo.

Luego, se elaborará un proyecto de ley para establecer “La Voz”, que será presentado al Parlamento. Finalmente, será sometido a votación. Si los parlamentarios aprueban el proyecto de ley, entrará en vigencia y se iniciará el trabajo del organismo indígena.

(Con información de agencias)