Tras la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública que colmó la Plaza de Mayo y movilizó a cientos de miles de personas en todo el país, la Cámara de Diputados no debatió el financiamiento de las universidades públicas y el Fondo de Incentivo Docente (FONID) en una sesión especial impulsada por el bloque kirchnerista, que busca poner el foco del debate en el ajuste presupuestario, debido a que no se consiguió el quorum necesario. Mientras tanto, el oficialismo intentará correr el eje a la necesidad de realizar auditorías sobre los gastos de las universidades.
El jefe de esa bancada, Germán Martínez, había afirmado en sus redes sociales que la sesión sería "el próximo paso": "Contundente y masiva manifestación popular en defensa de la Universidad Pública en todo el país. El próximo paso es que los diputados y diputadas que se pronunciaron a favor y den quorum para garantizar el financiamiento universitario".
El llamado era para las 11 de la mañana e incluía el tratamiento de 37 proyectos propios como de otros bloques de la oposición, con el objetivo de reforzar su unión con los diputados de la UCR y Hacemos Coalición Federal para que se sienten a dar quórum, pero a pesar de que ambos marcharon y algunos proyectos son, puntualmente de autoría radical, tienen una posición dividida.
Mientras tanto, desde el kirchnerismo creen que, tras la masiva marcha en todo el país, los diputados cederán al "mensaje de la calle". Es lo que planteó el diputado Leandro Santoro en su cuenta de la red social X: "Aunque resulte increíble después de la marcha de hoy, la oposición dialoguista aún no confirmó si dará quorum. La presión social es clave".
El temario presentado aborda una serie de proyectos destinados a garantizar fondos para las universidades, así como a restablecer el Fondo Nacional de Incentivo Docente y modificar la fórmula de cálculo de la movilidad de las jubilaciones y pensiones. Entre los puntos destacados se encuentran:
1. Incremento de fondos para las universidades.
2. Modificación sobre los bonos de crédito fiscal y garantía de recursos para las universidades nacionales de la Ley del Conocimiento.
3. Tarifas especiales de gas y luz para las universidades.
4. Declaración de la emergencia presupuestaria del sistema universitario.
5. Proyecto para la obra social de los empleados de las Altas Casas de Estudios nacionales.
6. Restablecimiento de la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente desde el 1 de enero de este año y por hasta cuatro años.
7. Modificación del artículo 32 respecto de la fórmula de cálculo de la movilidad de las jubilaciones y pensiones.
Destaca especialmente la propuesta de otorgar un bono de $70.000 a la jubilación mínima, la misma cifra con la que se ajustan las jubilaciones desde diciembre de 2023. Esto se da en un contexto en el que la inflación acumulada desde diciembre hasta marzo alcanzó el 90 por ciento, lo que subraya la importancia de proteger el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados frente al aumento de los precios.
En un intento por desactivar la movilización, el Ministerio de Capital Humano anunció días atrás un aumento del 70% en el presupuesto universitario de mayo, que se sumó al 70% ya otorgado en abril. En un comunicado que fue desmentido por el Consejo Interuniversitario Nacional, dijo que había sido acordado con las universidades. Además de la desmentida, los rectores aclararon que el incremento alcanzaba solamente a los gastos de funcionamiento, que representan apenas el 10% de los gastos totales.
Según explicó Emiliano Yacobitti, diputado nacional, referente del radicalismo porteño y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el anuncio es para "subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades", que "representan solo el 10% del presupuesto universitario", mientras que "el otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, comparados con la inflación".
En la víspera de la marcha, el Gobierno dijo que había realizado las transferencias con los aumentos anunciados e intentó dar por saldado el tema, lo que no alcanzó para frenar lo que fue una movilización multitudinaria en distintos puntos del país.
En un contexto de efervescencia en torno al tema, el bloque de La Libertad Avanza intentará instalar el debate sobre la necesidad de auditar las cuentas de las universidades, sospechadas de ser cajas de la política. "Nadie en el gobierno cuestiona ni la educación pública superior, ni su financiamiento. Solo se quiere auditar, controlar, chequear si los impuestazos que pagan los laburantes realmente van a la educación o es parte del curro de la política”, dijo el diputado ahora oficialista, José Luis Espert.
En ese sentido, ayer la Auditoría General de la Nación (AGN) advirtió que es "el órgano con competencia para realizar el control externo de las universidades nacionales".
Según un posteo compartido por Sergio Massa, la ejecución presupuestaria del Programa Desarrollo de la Educación Superior cayó del 0,73% del PBI en 2023, al 0,22% en 2024, sumando en el cálculo de este año la actualización anunciada del 70% de la partida de asistencia financiera para gastos de funcionamiento y el PBI nominal proyectado. Allí intentará llevar la discusión la oposición.
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