La seguridad, la oposición y los "aliados"

Las cifras de delitos no siguen la misma línea de lo que perciben y declaran los encuestados; casi todos los delitos bajaron si se comparan con el último año de administración del Frente Amplio, aunque no lo hicieron lo suficiente ni para dejar tranquilos a los uruguayos ni para cumplir las promesas electorales del actual gobierno. La cantidad de asesinatos, si bien también está por debajo de 2019, creció en un 14% si se compara 2023 con 2020. 

Son 334 personas, muchas de ellas asesinadas como consecuencia de la violencia en barrios, en algunos casos relacionada con narcotráfico a pequeña escala que genera enfrentamientos constantes entre bandas y familias, así como víctimas laterales que incluso tienen pocos meses de edad. 

Desde hace tiempo la percepción suele superar a la realidad; en tiempos electorales, aún más. En este campaña, sin embargo, la inseguridad apenas ha sido un arma utilizada por la oposición, aunque se ha convertido en crítica recurrente de algunos aliados multicolores que buscan diferenciarse en estos meses de la política de seguridad del Partido Nacional, la que ha imperado en todo el período de gobierno, con tres ministros no solo de ese partido sino también muy cercanos al presidente.

El líder de Cabildo Abierto, senador Guido Manini Ríos, dijo a principios de abril que para poder terminar con "el recreo del malandraje" se necesitan muchos cambios en las estrategias del combate a la delincuencia. En una entrevista en Canal 10 advirtió que las cifras son "inaceptables" y criticó al Ministerio del Interior por no usar las propuestas que fueron presentadas desde su partido durante todo este gobierno.

La crítica se renovó esta semana, cuando en un acto en Piedras Blancas en el que participó junto a la senadora Irene Moreira, la ex ministra dijo que su partido no tuvo ni un "portero en el Ministerio del Interior". La pareja recordó que para que sus propuestas sean escuchadas en un potencial nuevo gobierno de coalición, deben tener más votos y, así, más peso en las decisiones.

Otros aliados de este gobierno que criticaron el manejo de la seguridad fueron los colorados Gustavo Zubía y Andrés Ojeda, cuando el primero anunció que se bajaba de su precandidatura para apoyar al segundo. Zubía recordó que el Partido Colorado no ha tenido participación en las políticas de seguridad en los últimos 20 años. "Ha estado el Frente Amplio, el Partido Nacional y la textura del Partido Colorado no se ha observado", dijo Zubía. Ojeda agrego que estaban dispuestos a asumir "los costos que sean necesarios".

Dos días después Zubía fue más duro y efectista, cuando en entrevista en canal 12 dijo: “Si soy ministro del Interior más de 15 días vivo, no duro. ¿Por qué? Porque es un ministerio donde hay que meter cuchillo adentro y afuera. Y a veces más cuchillo adentro que cuchillo afuera. Y a veces es más peligroso meter cuchillo adentro que cuchillo afuera. Lo que no han hecho los últimos ministros del Interior".

Así señaló la supuesta corrupción policial extendida como uno de los problemas que genera inseguridad, a pesar de que tanto este como anteriores Ministerios no han destacado el tema  como relevante. Los uruguayos, además, se perciben inseguros, pero tienen una alta confianza en la Policía, entre las instituciones más respetadas según encuestas nacionales.

Mientras que los amigos critican, la oposición apenas toca el tema de costado. Tal vez porque ya fueron gobierno y saben lo que implica combatir la delincuencia. Tal vez porque durante sus tres gobiernos vieron como las cifras de percepción de inseguridad aumentaban. Pasaron de 22% a 34% de 2008 a 2009 y tuvieron un pico de 60% en 2014, según datos de Equipos Consultores. Seguramente porque saben que la comparativa no los favorece. 

Si bien Carolina Cosse se mostró crítica durante 2023, en 2024 se centró más en la pobreza. Yamandú Orsi, en tanto, tuvo un ida y vuelta con la vicepresidenta Beatriz Argimón cuando habló de lo que le parecía un aumento de niños y adolescentes heridos de bala. Ella respondió que 2023 había sido el año con menos casos, en contraposición con 2016, cuando en un gobierno del Frente Amplio hubo 15 homicidios en esa franja etaria. 

Orsi reconoció esta semana en un encuentro con empresarios en Piso 40 que la gestión de la seguridad no es fácil para nadie y que sabe que los ministros de este gobierno han hecho todo lo posible. 

En cualquier caso la oposición está hablando de economía, de años de poco crecimiento, de difícil fiscal, de productividad que se necesita apalancar, de desempleo y de pobreza. Mientras, los socios del Partido Nacional hablan de cómo mejorar la inseguridad, ya sea a través de propuestas concretas como la que presentó el precandidato colorado Robert Silva, asesorado por Diego Sanjurjo, que también es asesor del Ministerio del Interior, o a través de críticas más o menos fundadas y más o menos basadas en propuestas concretas.

En todos los casos, los candidatos deberían cuidarse de hacer promesas con cifras de delitos. Es un campo árido y casi siempre riesgoso como para apostar, tal como quedó claro con las promesas electorales de los últimos presidentes. No se trata de prometer ni de patalear, sino de planificar, invertir y hacer, algo que siempre suena sencillo pero que casi 20 años de inseguridad creciente demuestran que es muy complejo.