Referéndum en Australia para garantizar la representación de los pueblos originarios

Llamado “Voz al Parlamento”, el futuro organismo fue considerado un paso fundamental para reparar la dolorosa historia de discriminación contra los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres en Australia.

La ministra para los Indígenas Australianos, Linda Burney, dijo que este nuevo órgano también remediaría un “largo legado” de políticas fallidas en una variedad de temas, desde la sobrerrepresentación de los pueblos de las Primeras Naciones como internos en el sistema penitenciario hasta los peores resultados para los pueblos de las Primeras Naciones en las prisiones y en áreas de la salud, empleo y educación.

Inicialmente propuesta en un documento llamado “Declaración del Corazón de Uluru”, luego de una convención constitucional de las Primeras Naciones en 2017, la “Voz” sería consagrada en la Constitución para garantizar que tendrían una presencia y un papel permanentes en el gobierno australiano.

Para concretar la iniciativa es necesario un referéndum y por eso éste en particular fue debatido tan acaloradamente durante varios años.

Para que un referéndum constitucional tenga éxito, debe obtener una mayoría de votos a nivel nacional, así como una mayoría de votos en una mayoría de estados (es decir, cuatro de los seis estados). Los votos en los dos territorios de Australia (el Territorio de la Capital Australiana y el Territorio del Norte) contarán para el conteo nacional de votos, pero no para el requisito de mayoría de estados.

La última vez que Australia votó en un referéndum sobre asuntos indígenas fue en 1967.

Esa consulta hizo posibles dos cosas: la Commonwealth podría contar a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres en el censo nacional y dictar leyes con respecto a los aborígenes y a los isleños del Estrecho de Torres.

En esa oportunidad, el referéndum fue aprobado por un margen enorme. Cuando el gobierno pudo elaborar leyes sobre las personas de las Primeras Naciones por primera vez, se aseguró de que estuvieran protegidos por la Ley de Discriminación Racial aprobada en 1975. Esta ley prohíbe la discriminación en el empleo, la vivienda y el acceso a instalaciones públicas, como las piscinas, cines y tiendas.

Pero a pesar de todo lo que hizo posible el referéndum de 1967, el progreso fue lento.

Los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres constituyen una minoría muy pequeña de la población australiana total (menos del 4%), por lo que el derecho al voto no siempre garantizó su representación política.

Aunque actualmente hay 11 miembros aborígenes en el parlamento, no pueden representar a todos los aborígenes. Y todavía no hubo representantes a nivel de la Commonwealth de las Islas del Estrecho de Torres.

En el período previo al referéndum de este año, la nación se encuentra en una marcada división entre el “sí” y el “no”.

La campaña por el “sí” declaró que es hora de cambiar, enfatizando cómo los gobiernos les fallaron consistentemente a las comunidades de las Primeras Naciones en todo el país.

El argumento es que se toman mejores decisiones políticas cuando se escucha a las comunidades locales sobre los asuntos que los afectan. Para asegurar el apoyo de una población mayoritariamente no indígena, la campaña también presenta la “Voz” como una oportunidad para que todos los australianos se unan en apoyo del reconocimiento y la renovación democrática.

Como una de las promotoras del “no”, la senadora independiente Lidia Thorpe argumentó que la “Voz” sería un organismo asesor impotente. En su lugar, pidió al gobierno que busque un tratado específico con los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres.

Sin embargo, los procesos de tratados pueden tardar muchos años en avanzar. Por ejemplo, el estado de Victoria inició un proceso de tratado con las Primeras Naciones en 2018 y las negociaciones apenas están a punto de comenzar.

La campaña oficial por el “no”, encabezada por los partidos conservadores de la oposición, describió a la “Voz” como un organismo para las élites en Canberra, la capital del país, que sería divisivo para el país y propenso a extralimitaciones judiciales. Los defensores del “sí” sostienen que muchos de los argumentos del “no” están basados en información errónea.

Incluso después de 1967, sigue estando claro que los derechos de voto y las instituciones políticas existentes por sí solos no pueden representar los intereses de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres ante el gobierno federal.

A nivel internacional, otros países intentaron crear una mejor participación política y rendición de cuentas gubernamental para los pueblos indígenas.

En Nueva Zelanda, por ejemplo, existe una representación maorí en el parlamento. En Escandinavia, el parlamento sámi representa a siete naciones indígenas de Finlandia, Noruega y Suecia. En Canadá, los pueblos de las Primeras Naciones tienen tratados de “primer contacto” que se negociaron a la llegada de los europeos, así como tratados modernos.

El referéndum de 2023 será la primera ocasión en que Australia considere cómo los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres pueden estar representados de manera significativa en el gobierno federal. Cualquiera que sea el resultado del referéndum, enviará un poderoso mensaje al resto del mundo sobre cómo los australianos ven a su país.

(Con información de Amnesty International y agencias)