Las australianos le dijeron “NO” a darle mayor representación política a los indígenas

Pese a la intensa campaña desplegada por los pueblos originarios, decenas de asociaciones civiles y el propio gobierno del primer ministro australiano, Anthony Albanese, y la ministra para los Indígenas Australianos, Linda Burney, la mayoría de los australianos rechazó la iniciativa de modificar la Constitución de 1901, en un país donde menos del 3,8% de los 26 millones de habitantes son indígenas.

Visiblemente angustiados y tristes, Albanese y Burney, ambos del Partido Laborista, confirmaron la victoria del “NO”, resultado que los partidarios del “SÍ” caracterizaron como “una amarga ironía” que “personas que sólo han estado en ese continente durante 235 años se negaran a reconocer a aquellos cuyo hogar ha sido esta tierra durante 60.000 años”.

"Quiero reconocer esta noche que, para muchos aborígenes e isleños del estrecho de Torres, esta campaña ha sido dura de llevar. Y este resultado será muy difícil de digerir", declaró Albanese tras reconocer que el voto histórico había fracasado.

Albanese dijo en un discurso transmitido por televisión que “compartir este continente con la cultura continua más antigua” debería haber sido un “motivo de orgullo” para los australianos, ocasión en la que reiteró su pedido en favor de “un espíritu de unidad y curación”.

"Este es un resultado muy difícil", afirmó el director de la campaña de Yes23, Dean Parkin. "Hicimos todo lo que pudimos y vamos a volver a hablar de esto", agregó.

La Organización Nacional de Salud Controlada por la Comunidad Aborigen (NACCHO), una organización de salud dirigida por indígenas, compartió poco después de conocerse el resultado información sobre recursos de salud mental para personas que experimentan "mayor ansiedad y depresión" a raíz del voto por el "NO".

La salud mental es una de las muchas áreas en las que los pueblos indígenas experimentan desventajas, lo que se suma a una diferencia de más de siete años en la esperanza de vida con los habitantes no indígenas; además de una constante discriminación que pone en situación de pobreza a las comunidades originarias.

Los estudios demuestran que más de 200 años después de la colonización británica y la posterior persecución de los aborígenes, las poblaciones originarias del vasto territorio australiano son las más propensas a ser pobres, a enfermar o a ser sus integrantes encarceladas.

Pese a la derrota del “SÍ”, los partidarios de la fallida propuesta destacaron el gran número de voluntarios indígenas y no indígenas que apoyaron la campaña. Thomas Mayo, un destacado partidario indígena, agradeció a los “muchos miles” de voluntarios que se unieron a la campaña en el período previo a las elecciones.

“Fuiste parte de un movimiento sin precedentes que continuará hacia la justicia para los pueblos de las Primeras Naciones”, dijo Mayo. Por su parte, los Verdes, un partido menor en la política australiana, señalaron en un comunicado que la desinformación “corrosiva” difundida durante la consulta “demuestra que el país necesita introducir una comisión de verdad y justicia”.

“Muchas personas en todo el país no tienen idea de la verdad de lo que les sucedió a las Primeras Naciones durante la colonización”, dijo Dorinda Cox, senadora de los Verdes y mujer de Yamatji-Noongar, en apoyo de la propuesta.

En 2021, el estado australiano de Victoria creó la Comisión de Justicia Yoorrook, convirtiéndose hasta ahora en el primer y único estado australiano en someterse al proceso de decir la verdad sobre la colonización y el trato a las comunidades indígenas del país.

“Generación robada”

Hasta un tercio de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades aborígenes australianas fueron separados por la fuerza de sus familias entre los años de 1960 y 1970, según un informe del Comisionado de Australia Meridional para Niños y Jóvenes Aborígenes de Naciones Unidas (ONU).

La conclusión surge de un amplio estudio realizado por un grupo de expertos en el norte del país, informe que califica como “devastadora” la tasa de desarraigo en la región y advierte sobre el riesgo de “una nueva generación robada”.

April Lawrie, responsable principal del informe, descubrió que durante el periodo bajo estudio, y pese a los compromisos asumidos por los sucesivos gobiernos, las separaciones se hicieron más frecuentes entre 1910 y 1970, marcando una tendencia que continúa.

Según la investigación, muchos niños compartieron sentimientos de “incredulidad, tristeza y enojo” al descubrir, a veces años después, que fueron sacados de sus hogares cuando “había uno o más miembros de su familia o comunidad que podría haberlos criado”.

A pesar del compromiso estatal de garantizar que más niños fueran ubicados con familias extensas o dentro de sus propias comunidades, Lawrie y su equipo descubrieron que a menudo eran retirados sin una consulta adecuada con las organizaciones comunitarias indígenas locales, especialmente en áreas remotas.

El informe también compara las situaciones de vulnerabilidad entre diferentes grupos sociales. En ese sentido, señala que uno de cada dos niños aborígenes en Australia del Sur estuvo sujeto a por lo menos una notificación de protección infantil en el bienio 2020-2021; mientras que para los niños no aborígenes, la tasa disminuyó a sólo uno de cada 12 niños en el mismo periodo.

El estudio es consecuencia de la creciente preocupación que existe en algunos sectores de la sociedad civil, y los expertos de la ONU fueran convocados a Australia Occidental por el Consejo de Bienestar y Seguridad Familiar de Noongar, una organización controlada por los aborígenes.

El informe, titulado “La generación robada”, se difundió poco antes del referéndum en Australia, que a diferencia de otros países anglosajones, como Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, no tiene ningún tratado con los cientos de naciones aborígenes y del Estrecho de Torres, comunidades depositarias de culturas anteriores a la colonización del territorio.

De haber ganado el “SÍ”, se hubiera incluido un nuevo capítulo en la Constitución para reconocer “a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres como los primeros pueblos de Australia” y establecer así un organismo para dirigirse al Parlamento y al Gobierno sobre temas relacionados con las comunidades originarias.

“No están pidiendo un derecho de veto o el derecho a financiar programas ni nada por el estilo. Sólo están diciendo 'queremos ser escuchados'”, enfatizó Albanese antes de la votación, oportunidad en la que destacó que la propuesta, además de darles a las comunidades una mayor participación en la toma de decisiones, apuntaba a “una reconciliación del país con su historia”.

(Con información de agencias)