Joven condenada por parir a un bebe muerto recuperó su libertad

Uno de los casos más controversiales es el de esta joven, Evelyn Hernández, una salvadoreña de 21 años que había sido condenada en julio de 2017 a 30 años de cárcel. La joven fue acusada de homicidio agravado tras dar a luz a un bebé muerto luego de quedar embarazada por una violación. 

En respuesta a un recurso de casación de la defensa de la joven Hernández, en octubre de 2018, la Corte Suprema de Justicia había anulado la sentencia por homicidio agravado por "falta de fundamentación e infracción a las reglas de la sana crítica" en las pruebas presentadas. Ante la contundente resolución de la Corte, en febrero fue ordenada la libertad de la joven y la apertura de un nuevo juicio con un tribunal diferente, tras pasar 33 meses en la cárcel.

En julio de este año, la Fiscalía decidió llevarla a juicio otra vez. Hernández permaneció más de un mes a la espera de una audiencia en el que se decidiría si iba a la cárcel o quedaba en libertad. El juicio se celebró el 15 de agosto, sin embargo fue suspendido por orden del juez José Martínez, quien tomó esta decisión porque una agente de policía que era testigo de la Fiscalía no había sido citada. "Solo les quiero decir que yo soy inocente", y "sé que él (en relación al juez) va a hacer justicia", declaró Hernández a la prensa al entrar al tribunal.

La audiencia se pospuso para este lunes, donde Hernández fue absuelta. "¡Absuelta!, sí se pudo", escribió en su cuenta de Twitter la abogada Bertha María Deleón, del equipo que defendió a Hernández.

Leyes más duras

El Salvador es uno de los países con las leyes con mayor cantidad de restricciones en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La interrupción del embarazo se encuentra totalmente prohibida, sin importar si fue voluntaria o no, por lo que las muchas mujeres se ven obligadas a recurrir a prácticas inseguras que desencadenan consecuencias fatales.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Guttmacher, cada año se producen en todo el mundo aproximadamente 22 millones de abortos peligrosos, concentrándose la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo de África, Asia y América Latina.

Sin embargo, El Salvador no es el único país de América Latina que conforma la lista de naciones cuyas leyes antiaborto son las más duras del mundo, sino que otros cuatro países del continente también la integran: Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

A pesar de la cantidad de países con leyes similares la situación es especialmente complicada en El Salvador, porque las mujeres que se sometan a un aborto o cualquier persona que las ayude a llevarlo a cabo pueden terminar en la cárcel.

Las mujeres salvadoreñas son condenadas a penas de cárcel de hasta 50 años, incluso cuando sufren abortos espontáneos o emergencias obstétricas. Esto se debe a que son acusadas por el delito de homicidio agravado al ser denunciadas, generalmente, por el personal sanitario del hospital donde son internadas.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien asumió en junio la presidencia, prometió que no criminalizaría a las mujeres que se encuentren en estas situaciones. Sin embargo, las organizaciones feministas lamentan que aún no haya una posición definida del gobierno respecto al aborto.

“Lastimosamente a la fecha no tenemos una idea clara sobre cuál es la postura de este gobierno. De hecho, con las medidas de seguridad adoptadas en los centros penales, desde que inició este mandato se nos ha vuelto imposible visitar a las mujeres en cárcel y darles el seguimiento que con anterioridad se les brindaba”, explica a El Observador Elizabeth Deras, abogada de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador. Tampoco sus familias están pudiendo visitarlas en la cárcel, agregó Deras.

Prohibido en 1998

La prohibición absoluta de la interrupción del embarazo comenzó en El Salvador en 1998, tras una modificación en el Código Penal.

“Antes sí se contemplaba el aborto por causales. Tuvimos un retroceso debido a la influencia de la Iglesia católica, principalmente, además de grupos conservadores y la derecha política”, señala Deras.

Días previos al juicio, Deras había declarado a este medio que confiaba en que absuelvan a Hernández. “Sufrió un parto extrahospitalario, es inocente”, indicó Deras.

Antes de la libertad

Al cierre de la audiencia la Fiscalía declinó replicar los argumentos de la defensa, por lo que el juez le otorgó la palabra a Hernández.

"Solo le pido a usted que haga justicia, porque yo soy una muchacha de 21 años con muchas metas a seguir adelante, seguir estudiando, poder ayudar a mi madre a salir adelante con mis hermanos, y solamente le pido a usted que haga justicia porque yo soy inocente de lo que me acusan", exclamó.

Durante el proceso, el parte del Instituto de Medicina Legal no fue concluyente sobre lo ocurrido en el parto, aunque la defensa estaba convencida de que el niño nació muerto porque aspiró meconio, el primer excremento que, al ser expulsado dentro del vientre, causa daño al feto.

En el juicio la Fiscalía General de la República (FGR) había cambiado el cargo contra Hernández, quien ya no era acusada de homicidio agravado (con dolo y premeditación), sino de homicidio agravado por omisión (por negligencia, al no auxiliar a la criatura).

Voluntad criminalizadora

"Estamos ante una voluntad sumamente criminalizadora de las mujeres pobres que afrontan emergencias obstétricas", declaró a la AFP la coordinadora de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, Morena Herrera.

A su juicio, la Fiscalía no demostró que Hernández tenía "la voluntad de matar" porque ella afrontaba una "verdadera emergencia" en un área rural sin asistencia médica, al grado de quedar inconsciente por la hemorragia que sufrió.

Sin embargo, el caso de Hernández no es el único, pues a día de hoy alrededor de una veintena de mujeres cumplen su condena en prisión en este país centroamericano por abortos, algunas de ellas incluso sufrieron emergencias obstétricas, bajo la legislación que prohíbe la interrupción del embarazo en todas sus formas.

El Código Penal salvadoreño, en su artículo 133 establece una pena de 2 a 8 años por aborto. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto -incluso los espontáneos- como "homicidio agravado", un delito penado con 30 a 50 años de prisión.

En el último año, cinco mujeres sentenciadas en este tipo de casos salieron de la cárcel, algunas de ellas con la pena conmutada.