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"Indignación" y "anacrónica": canales y radios pidieron al Senado derogar la veda publicitaria en elecciones
La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), que nuclea a los principales canales de televisión y a las radios comerciales más importantes, arremetió este miércoles contra la veda publicitaria que rige en los medios tradicionales hasta 30 días antes de las elecciones, según el texto al que accedió El Observador.
La gremial envió una nota a los senadores de la Comisión Especial para el Financiamiento de la Democracia, que desde marzo discute un proyecto de ley largamente postergado para establecer nuevas reglas a la financiación de partidos políticos.
El texto, aprobado el año pasado en Diputados, había molestado a los medios de comunicación por establecer tandas gratuitas para los partidos políticos durante las campañas, afectando uno de sus principales ingresos en plena zafra.
Andebu sostuvo en la nota que se ve "la cada vez más intensa aparición de publicidades de partidos políticos o sectores" en sitios web y redes digitales, además de que la publicidad partidaria aparece también en la vía pública desde bastante antes de que caiga la veda que sí rige para los medios tradicionales.
El texto firmado por el presidente de Andebu, Rafael Inchausti, culmina pidiendo la derogación del primer artículo de la ley 17045, que regula la publicidad electoral y explicita que la veda rige hasta el mes previo a los comicios de internas, nacionales, ballotage y departamentales.
"Tal medida se evidencia hoy completamente anacrónica y hasta inútil. En efecto, si lo que se pretendía era que la ciudadanía no recibiera publicidad electoral sino hasta recién 30 días antes de cada acto eleccionario, el sistema implementado es actualmente ineficaz para lograr tal propósito", cuestionaron.
Según Andebu, "la norma es notoriamente perjudicial para los medios de comunicación tradicional, en la medida que mientras impide que los mismos reciban recursos económicos (...), favorece a las grandes plataformas digitales internacionales con sede y cuentas bancarias en distintas partes del planeta".
La gremial cuestionó que esas corporaciones "no generan ningún empleo genuino en el país, no pagan impuestos, ni producen beneficios económicos constatables, más allá de algún beneficio circunstancial para los meros intermediarios en dichas operaciones". "¿Por qué el legislador persiste en su actitud de privilegiar a estas empresas en detrimento de las empresas nacionales y locales?", criticaron.
Para Andebu "resulta incluso aún más llamativo" que el proyecto aprobado en Diputados mantenga esa prohibición "exclusivamente a los medios de radio, televisión y prensa escrita, como si la Internet en pleno año 2024 no existiera". "Indignación sería la mejor palabra para describir el sentir de los medios que representamos", añadieron.
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La gremial de los principales medios sostuvo que contrario a los valores de la democracia y la libertad de expresión, "las grandes plataformas digitales (...) han recibido graves y probados cuestionamientos respecto de sus interferencias indebidas en procesos eleccionarios en distintas partes del mundo, sin mencionar su rol protagónico en la difusión de noticias falsas, erosionando los espacios de deliberación ciudadana y con ello debilitando las propias bases de los sistemas democráticos".
Para Andebu, en caso de que los políticos no deroguen la normativa vigente, deberían extender la veda que hoy rige para los medios "a todo tipo de formas de comunicación sin distinción, incluyendo internet y redes sociales, en aplicación del principio de igualdad previsto en nuestra Constitución".
Las disposiciones del proyecto de ley referidas a la publicidad electoral fueron las más engorrosas durante la negociación parlamentaria. El Partido Nacional cuestionó que en la iniciativa se generen minutos gratuitos para los partidos y se perjudiquen los ingresos de los medios.
La fórmula finalmente acordada fue que durante el fragor de la campaña se pase la duración máxima permitida de las tandas publicitarias de los 15 minutos actuales a 20, y que la mitad de ellos deban ser gratuitos. A cambio, por los perjuicios económicos, el Poder Ejecutivo debería establecer una contraprestación para las empresas, punto resistido por el Frente Amplio y los colorados.
