Caso Petrobras lleva al banquillo al sistema político de Brasil

El viernes llegó la autorización para investigar a 12 senadores y 22 diputados, entre ellos a los presidentes de ambas cámaras, que integran la coalición de gobierno.

En total, la resolución habilita a la fiscalía general a poner bajo la lupa a 49 personas (47 de ellas autoridades en funciones o que ejercieron cargos en el pasado), informó la procuraduría que realizará las investigaciones.

El submundo de delitos que se enquistó en Petrobras asoció a algunas de las mayores empresas del país con altos mandos de la petrolera, en un aceitado mecanismo de sobornos para manipular licitaciones de la estatal, desvíos de fondos y lavado de dinero que movió unos US$ 4.000 millones en la última década.

Entender cómo fueron desviados miles de millones de dólares mediante la manipulación de licitaciones e identificar a los responsables en una larga lista de encumbrados empresarios, directivos de Petrobras y políticos es un largo camino que la procuraduría empezó a desandar a partir de las confesiones de algunos implicados a cambio de reducciones en sus condenas.

La maniobra

De acuerdo con la fiscalía, 16 empresas formaron un club para amañar licitaciones y adjudicarse las mayores obras contratadas por Petrobras entre 2004 y 2014. La lista incluye a las principales constructoras del país, como Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa.

En reuniones secretas, las compañías definían quién ganaría una licitación específica y cuál sería el precio que pagaría. Las cotizaciones, siempre infladas en perjuicio de las arcas públicas, recibían el visto bueno de los directivos de Petrobras que cobraban las comisiones, de entre 1% y 5% del valor de cada contrato.

La fiscalía pidió un resarcimiento de más de US$ 1.500 millones por enriquecimiento ilícito de varias compañías, que contempla indemnización por daños a la petrolera, además de una reparación económica al Estado y multas.

Los delatores

Paulo Roberto Costa, director de Abastecimiento de Petrobras entre 2004 y 2012, y el cambista Alberto Youssef, testificaron y colaboraron con la Justicia a cambio de una reducción en sus penas y en sus declaraciones se basa la investigación.

Costa trabajó 35 años en la petrolera. Reconoció haber aceptado US$ 1,5 millones para facilitar la compra de una refinería en EEUU. Entró en la mira de la Policía tras recibir un auto de lujo de Youssef, especialista en lavado.

Yousseff está acusado de ofrecer sus empresas para lavar el dinero de los sobornos, ya fue procesado y detenido en 2003 por crímenes contra el sistema financiero y lavado.

Los investigados

Renan Calheiros: fue ministro de Justicia, diputado y hoy cumple su tercer mandato como senador por el PMDB. Es el presidente del Congreso, cargo que ejerció entre 2005 y 2007 y que abandonó en medio de denuncias de corrupción.

Eduardo Cunha: político evangélico del PMDB.

Fernando Collor de Melo: expresidente (1990-1992) y actual senador del PTB. En 1992 renunció a la presidencia en medio de denuncias de corrupción.

Gleisi Hoffmann: exministra del primer gobierno de Dilma Rousseff y jefa de gabinete (2011-2014). Actual senadora del PT.

Edison Lobao: exministro de Minas y Energía (2008-2010 y 2011-2015). Pertenece al PMDB.

Los jueces

Sergio Moro: es el juez que lleva adelante la causa en la Justicia Federal de Paraná, donde se concentran las investigaciones. Referente en materia de delitos financieros en Brasil con fama de juez “implacable”. Condujo el caso del Banco de Paraná y en 2012 fue juez auxiliar de la Corte Suprema (STF) durante el juicio del “Mensalao”, que destapó un esquema de sobornos a legisladores a cambio de votos que dejó una gran mancha en la foja del gobernante Partido de los Trabajadores.

Teori Zavascki, magistrado del STF, autorizó la apertura de investigaciones a 12 senadores y 22 diputados con fueros, supuestamente vinculados con el caso de corrupción. Tiene fama de ser meticuloso, discreto y con riguroso apego a la letra.

El fiscal

Rodrigo Janot es el fiscal que actúa ante la Corte Suprema en investigaciones a autoridades con fueros que no pueden ser juzgados por la justicia común. El 3 de marzo pidió ante la máxima instancia judicial la apertura de investigaciones contra 54 personas, incluidos políticos con fueros, para determinar si participaron en la monumental trama de corrupción. La Corte Suprema autorizó el viernes investigar a 49 de ellos.