Urgido por los plazos, el sindicato de Pluna exige acciones al gobierno

Hasta ahora, el presidente José Mujica y su gobierno han sido aliados del plan del sindicato. Por motivos políticos y hasta ideológicos, el Poder Ejecutivo manifestó su compromiso con el plan de los trabajadores, que sería plasmado con un préstamo de

US$ 15 millones del Fondo de Desarrollo (Fondes), el organismo que administra Presidencia para apoyar emprendimientos autogestionados por trabajadores, que se financia con parte de las utilidades del Banco República. Ese dinero, sin embargo, hasta ahora no ha sido otorgado al sindicato.

Los informes técnicos están prontos y el plan de negocios retocado para que cumpla con las exigencias. Pero las semanas pasan y los trabajadores siguen esperando para capitalizar su empresa.

Por ello el sindicato, con el apoyo del PIT-CNT, reclamará hoy jueves una “señal” del gobierno para concretar el plan de la nueva aerolínea. Lo hará en una conferencia de prensa que se realizará a las 11 horas en la sede de la central obrera.

Los trabajadores quieren que el gobierno “se la juegue” por el proyecto y termine con las promesas. “Cada vez que llamamos a Presidencia, nos dicen que falta una semana”, dijo a El Observador un dirigente del gremio.

A fines de este mes se cumple el plazo establecido por ley por el cual el sindicato tiene prioridad para negociar por el uso de los aviones Bombardier, mientras que en julio se vencen los seguros de paro.

El gobierno, por su parte, quiere tener claro que los aviones Bombardier no serán secuestrados cuando aterricen en el exterior. El asesor presidencial Pedro Buonomo, que además integra el directorio del Fondes, dijo ayer a El Observador que el préstamo será otorgado este mes siempre y cuando los informes jurídicos despejen las dudas sobre las aeronaves.

Buonomo dijo a El Observador que el gobierno encargó informes jurídicos en Brasil y Argentina para saber cómo actuaría la Justicia de cada país en caso que los Bombardier de Pluna aterricen en aeropuertos de esos países. Ni bien se convenzan que el riesgo no es alto, el Fondes prestará el dinero. El asesor presidencial explicó que de ser incautadas las aeronaves el negocio se vuelve inviable y, por lo tanto, no cumple con las exigencias de sustentabilidad que requieren los proyectos de autogestión para recibir la financiación del Fondes.

“Señales”

Una delegación de los trabajadores de Pluna visitó la semana pasada al secretariado ejecutivo del PIT-CNT y planteó su preocupación por la “falta de señales” que existe desde el gobierno, dijeron a El Observador fuentes de la central sindical.

A fines del año pasado el Parlamento aprobó una ley en la que se otorga la prioridad a los trabajadores por un plazo de seis meses para arrendar o adquirir los aviones que eran de Pluna. Ese plazo vencerá en julio. Los siete Bombardier CRJ 900 que eran de Pluna son administrados por un fideicomiso (propiedad de los ministerios de Transporte y de Economía) desde que la compañía fue cerrada. Con este debería negociar la nueva aerolínea para utilizarlos.

El tema también fue planteado en el acto del 1º de mayo y durante el último paro parcial que el PIT-CNT realizó el 23 de mayo. La situación de la aerolínea sindical formó parte de la proclama leída por el dirigente Gabriel Molina. En esa oportunidad se insistió en la necesidad de que las aeronaves vuelvan a volar en el corto plazo y se solicitó al gobierno que “agilice los trámites” para que la cooperativa pueda comenzar a ejecutar su plan de negocios.

El PIT-CNT reiteró su respaldo y se comprometió a iniciar contactos directos con el gobierno por medio de los coordinadores. La idea es plantearle su preocupación porque las medidas administrativas que se tienen que tomar están tardando mucho y eso pone en peligro el proyecto y amenaza su viabilidad, ya que se puede llegar a perder la temporada que comienza en diciembre.

Para cumplir con trámites ante la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, los integrantes del sindicato de Pluna pusieron $ 1.600 de sus bolsillos para reunir US$ 60 mil y depositar un aval. Los trabajadores, además, se comprometen a aportar 25% de su sueldo durante los primeros seis meses de operación para capitalizar a la aerolínea.