¿Quién paga?

El cuaderno técnico para la reforma de los escenarios y la construcción de nuevos estadios entregado a la FIFA en octubre de 2007 apuntaba un costo de 1.100 millones de dólares, un presupuesto que en la época fue considerado como “bien preparado” y no dejaba “dudas” sobre el compromiso del país con el torneo.

La supervalorización de las obras y las denuncias de corrupción en los contratos provocaron una movilización masiva durante la realización en junio pasado de la Copa de las Confederaciones, que se sumó a una ola de protestas por otras reivindicaciones sociales.

El último sábado las movilizaciones fueron retomadas en varias ciudades, algunas con enfrentamientos violentos entre manifestantes y policías que dejaron un herido a bala en Sao Paulo y más de 143 personas detenidas.

La situación llevó, según el diario, a que la presidenta Dilma Rousseff, quien está de visita oficial en Cuba y participa en La Habana de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), convocara a una reunión ministerial de emergencia para analizar la situación de las manifestaciones del sábado.

Según O Estado, en el informe presentado en 2007 el Gobierno brasileño garantizaba que “la infraestructura de transporte aéreo y urbano podría atender de forma confortable la demanda del Mundial” e incluía el tren de alta velocidad (TAV) entre los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro.

El proyecto del TAV fue aplazado e, incluso, tampoco estará listo para la realización de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016.

En materia de infraestructura de transporte, el Gobierno gestionó algunos proyectos de ampliación de líneas de trenes metropolitanos y metro y de franjas exclusivas de autobuses urbanos, además de conceder por licitación la administración de algunos aeropuertos a la iniciativa privada.