Nuevo traspié en la salud

La causa puntual del problema es un decreto fundadamente cuestionado. Pero su eje central es un choque conceptual entre el gobierno y el mutualismo sobre el alcance de los derechos de la actividad privada en la libertad de trabajo. El presidente de FEMI, Edgardo Mier, llegó incluso a denunciar un “ataque ideológico” y discriminatorio del ministerio contra el mutualismo del interior.

La disputa viene desde el año pasado, cuando el entonces ministro Jorge Venegas modificó un decreto que reflejaba lo acordado entre ambas instituciones. Por su cuenta le impuso a FEMI condiciones tributarias y operativas más restrictivas, pese a que los asesores jurídicos del ministerio le advirtieron que los cambios eran ilegales. La nueva ministra Susana Muñiz no solo mantuvo lo dispuesto por su antecesor sino que propició además poner topes a los salarios médicos.

En una conferencia en el PIT-CNT, en marzo, reclamó “democratizar” el mutualismo, viejo eufemismo que usa muchas veces la izquierda, aquí y en el exterior, para coartar derechos del sector privado en una sociedad libre.

Ante la persistencia restrictiva del gobierno, FEMI optó por no renovar acuerdos que permiten la atención de usuarios del servicio estatal gratuito en mutualistas del interior, donde estas instituciones son las únicas que disponen de instalaciones adecuadas en muchas localidades. La decisión tiene especial impacto ante la temporada invernal, cuando aumenta el número de enfermos, lo que impone al gobierno la urgencia de rectificar el error notorio de un decreto objetado hasta por los abogados del propio ministerio y del trato discriminatorio contra un sector del mutualismo.

Pero al margen de cómo se resuelva esta cuestión, persiste el tema de fondo de las claudicaciones del sistema de salud. La reforma bajo la administración Vázquez salió después de azarosos cambios por discrepancias dentro del gobierno. El proyecto inicial, de marcado sesgo socializante, fue modificado por lo menos cinco veces hasta desembocar en un complejo sistema híbrido y altamente costoso. Tuvo el mérito de tratar de ampliar la cobertura médica a personas de escasos recursos que no la tenían. Pero en la práctica tropieza una y otra vez con ineficiencias de gestión que se reflejan en servicios insuficientes y fragmentados, tanto en Montevideo como en el interior.

Limitarse a mejorar los servicios gratuitos del Estado y apuntalar las claudicaciones administrativas que existían en el mutualismo hubiera sido más sencillo y menos costoso, con resultados no peores que la drástica reforma por la que se optó. No parece viable volver atrás con el sistema. Pero es indispensable el mejoramiento de la gestión del ministerio y de ASSE, que reitera claudicaciones pese a cambios de autoridades. De lo contrario, se seguirán registrando deficiencias de atención a la gente y desencuentros como el generado con FEMI, al acumular el doble mal de un sistema enredado y de los errores en su funcionamiento y en su conducción.