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“Todo lo que anda alrededor de Balbi es complicado": el rol del abogado en el pasaporte de Marset y la crítica del director de Identificación Civil
El fiscal Alejandro Machado prevé que a fines de octubre declaren las trece personas que están indagadas por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Machado recibió en los últimos días algunos oficios que había solicitado y tiene en su carpeta las dos investigaciones realizadas por el Ministerio del Interior y la Cancillería las cuales arrojaron que no hubo irregularidades en la entrega del documento.
De los trece que deberán declarar, el único que no era funcionario público al momento de la entrega es Alejandro Balbi, que se desempeña como abogado del narcotraficante y su familia en Uruguay.
El fiscal lo está investigando bajo la hipótesis de que haya cometido un delito de cohecho, mientras que a los funcionarios públicos los indaga por un posible abuso de funciones.
Conversaciones de WhatsApp, audios, mails y documentos revisados por El Observador en las más de dos mil páginas que forman parte de la investigación dan cuenta que el abogado participó en la estrategia de la defensa de Marset desde poco tiempo después que fue detenido en Emiratos Árabes Unidos (EAU) en setiembre de 2021 y con preponderancia una vez que Paraguay confirmó que el pasaporte que tenía era falso.
Desde esa fecha, la defensa de Marset consideró “fundamental” para que obtuviera la libertad, lograr que Uruguay le otorgara un pasaporte o, al menos, enviara una nota –en inglés y en árabe– que dijera que se lo iba a dar una vez que saliera de prisión.
Los jueces del caso mencionaron la carta como una de las razones para declararlo inocente y subrayaron que no podían probar que Marset supiera que el documento paraguayo que estaba usando era apócrifo. “La embajada está dispuesta a emitirle un pasaporte ordinario o documento de viaje para poder regresar a su país de origen”, dice la sentencia.
Para conseguir esos documentos, Balbi y dos abogados que forman parte de su estudio desplegaron toda su red de contactos, fueron a diversas oficinas públicas y se comunicaron –hasta por error– con autoridades de la Cancillería y del Ministerio del Interior con el objetivo de acelerar los trámites.
“Todo lo que anda alrededor de Balbi es complicado”
Ante la investigadora del Ministerio del Interior, el por entonces subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC), Alberto Lacoste, contó que entre el lunes 22 y el martes 23 de noviembre 2021 recibió a Balbi en su oficina quien le pidió adelantar trámites de un ciudadano que estaba gestionando el pasaporte desde Abu Dhabi mediante la oficina consular.
El objetivo era lograr que el documento pudiera ser enviado en la valija diplomática que salía los próximos días. No le dijo de quién se trataba, según relató, y Lacoste le especificó que hasta que el trámite no fuera enviado por la Cancillería ellos no podían hacer nada.
La solicitud llegó el jueves 24 en la mañana. Ese día, Balbi se volvió a comunicar con Lacoste, le facilitó el número de trámite y el jerarca derivó el pedido al equipo de la DNIC que se encarga de enviar la solicitud a la Policía Científica.
“Yo le expliqué que en la DNIC la confrontación de la identificación se hacía en el día, pero que la dificultad era la solicitud de un Certificado de Antecedentes Judiciales (CAJ) que por lo general se contesta de un día para otro por parte de Policía Científica. Eso es todo”, dijo Lacoste.
Los funcionarios que trabajan en la oficina reconocieron en la investigación que todos los días recibían pedidos de adelantos por diferentes razones, desde errores del sistema, urgencias o planteos de políticos.
En el caso de Balbi, el subdirector admitió que habían jugado al fútbol juntos cuando eran jóvenes y lo definió como un “conocido” más que un “amigo” aunque especificó que el vínculo era “independiente” de la atención institucional que le dió. “Fue sobre la base estricta de la ponderación de las razones, entendiendo la razonabilidad del motivo y utilizando los mecanismos institucionales, estandarizados, preestablecidos y de comunicación oficial”, dijo.
La investigadora también interrogó al director de la oficina, José Luis Rondán, quien reveló que Balbi nunca fue a hablar con él porque, según dijo, hace muchos años, cuando era jefe de prevención de delitos, "lo echó de jefatura".
“Todo lo que anda alrededor de Balbi es complicado”, dijo el jerarca, que se desentendió del trámite aunque agregó que Lacoste había sido destituido –algo que fue anunciado por Luis Alberto Heber en la interpelación– “no por pedir el adelanto del CAJ sino por haber omitido información al ministro, cosa que presumo que hizo de forma involuntaria”.
A su vez, el funcionario Rodrigo Barrero dijo en otro interrogatorio que hubo “otras solicitudes de Lacoste a pedido de Balbi tanto de adelantos de CAJ como de cédulas”.
Foto por WhatsApp
Ese 24 de noviembre, tras lograr que Lacoste pidiera el adelanto del CAJ para Marset, Balbi se fue hasta la dirección de Identificación Criminal de Policía Científica para intentar que esa oficina hiciera con celeridad la revisión de antecedentes, el paso previo a que DNIC imprima el pasaporte.
“Me entrevisto con él y me dice lo que pasaba, aporta el número de cédula de la persona, hago las averiguaciones y confirmo que por trámite simple no había llegado tal solicitud”, relató el director de Identificación Criminal, Gonzalo Vázquez.
El jerarca dijo que tras comunicarle la información, Balbi le manifestó que no se podía quedar y le dejó un número de teléfono para que le avisaran cuando el trámite haya caído en el sistema y hubiera nuevos datos.
Los funcionarios de la oficina identificaron que el trámite había llegado por otra vía ya que había sido iniciado en el exterior y libraron el oficio a la DNIC que indicaba que Marset estaba en condiciones de recibir el pasaporte porque no tenía causas abiertas en Uruguay.
Vázquez le sacó una foto al documento oficial y se lo envió por WhatsApp para que “tuviera una referencia”, algo que luego reconoció como un error y fue reprochado por la abogada que realizó la investigación administrativa.
“Poniendo bastante presión”
Antes de hacer las gestiones en el Ministerio del Interior, Balbi tuvo desde el 30 de setiembre –tres semanas después de la detención de Marset– diversos contactos con funcionarios de la Cancillería.
El primero de los contactos fue un correo dirigido por error al embajador uruguayo en otro país, un hombre también vinculado al mundo del fútbol, y a quien Balbi confundió por vigente embajador de los Emiratos Árabes. Le solicitó que le informaran el “estado de situación real para saber dónde está jurídicamente parado (Marset)”.
La respuesta le llegó el 7 de octubre por mail, y luego los intercambios se produjeron por correo electrónico pero también por WhatsApp.
En una de las consultas, Balbi preguntó al embajador de Uruguay en Emiratos, Álvaro Ceriani, si era posible que el consulado le otorgara el pasaporte a Marset, y afirmó que contaba con el certificado de la Policía Científica para comprobar que sus antecedentes penales quedaban "cerrados", y por tanto no veía "ningún impedimento" para dárselo.
La intensidad de las consultas llevó a que la cónsul en Emiratos Árabes Unidos, Fiorella Prado, le dijera el 29 de octubre en un WhatsApp al subdirector de Asuntos Consulares de la Cancillería, Fernando Pereda, que el tema generaba “mucha tensión” por “el abogado de Uruguay” y “la presión de la familia”. El abogado insistía con que se enviara una nota, que debía llegar antes de una audiencia que se iba a celebrar el 2 de noviembre, que aclarara que el narcotraficante iba a poder obtener el pasaporte.
Prado reiteró su preocupación en otro mensaje a Pereda el 18 de noviembre. “Mandé un email recién sobre la situación del muchacho preso aquí que es defendido por Balbi en Uruguay y bueno en realidad para explicarte bien porque lo vimos con el embajador el caso porque Balbi nos está escribiendo bastante seguido, poniendo bastante presión para que se le entregue ya el pasaporte, lo antes posible”, expresó.
En ese WhatsApp, la cónsul consideró que lo mejor era esperar a que se resolviera la situación judicial de Marset antes de avanzar con el pasaporte, algo que fue desestimado desde Montevideo.
Un día antes, el 17 de noviembre, Balbi había reclamado aclaraciones sobre por qué se había detenido el trámite y había pedido al consulado iniciarlo "de forma urgente".
El 24 de noviembre, el abogado tuvo otra reunión, esta vez con la vicecanciller Carolina Ache. Ese encuentro fue calificado como inocuo por ambos ya que le consultó la fecha de la salida de la valija diplomática hacia EAU y ella le contestó que se iba ese día. Según Ache, Balbi no le dijo quién era su cliente ni ella se lo consultó a pesar que el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, le había hablado de un narcotraficante peligroso detenido en ese país.
Vínculo previo
La relación abogado-cliente entre Balbi y Marset existe, al menos, desde setiembre de 2019, según consta en el expediente judicial al que el año pasado accedió El Observador. Su primera decisión, a los días de haber asumido, logró una rebaja de ocho meses en la última pena que le había impuesto la Justicia uruguaya, que a su vez era una combinación por dos causas por receptación y tenencia de estupefacientes. Así, logró evitar que volviera a la cárcel, puesto que cuando salió el fallo, en agosto de 2020, ya tenía derecho al beneficio de la libertad condicional, por lo que le fue otorgada.
En el trámite para expedir el pasaporte en 2021, su presentación en el Juzgado de Crimen Organizado de 1° Turno volvió a ser clave. Había quedado pendiente una solicitud de averiguación de paradero, motivo por el cual desde Cancillería le habían advertido que el trámite no podía continuar su curso normal.
Esa averiguación debió haber quedado sin efecto en octubre de 2020 cuando la jueza Adriana Chamsarian, previo informe del fiscal Luis Pacheco, había extinguido la pena de Marset en Uruguay. La extinción de la pena es un procedimiento normal a realizar cuando la persona ya cumplió su pena.
Para lograr destrabar el trámite en Cancillería, Balbi se presentó en el juzgado y solicitó que quedara sin efecto la averiguación de paradero, lo que la jueza Chamsarian efectivizó el 11 de noviembre de 2021. En un oficio en el que recordó que la pena estaba extinta, anuló la orden pendiente, que era el último escollo que le quedaba por sortear a Marset para seguir con el trámite de su pasaporte como cualquier otro ciudadano.
A partir de allí, Balbi solicitó que se tramite de forma "urgente", según consta en notas de la Cancillería.
Las gestiones fueron fructíferas ya que si bien el pasaporte no entró en la valija diplomática, desde el departamento de Documentación de Viaje le informaron que Marset podía otorgar un poder para que el documento fuera entregado en Uruguay, una gestión que desembocó en que el 30 de noviembre Carlos Balbi –su hermano– lo levantara en la Cancillería y se lo diera al hermano de Marset, que viajó a Uruguay para llevárselo a Emiratos Árabes Unidos.
(Producción: Paula Ojeda)
