Tercer día de bloqueo de rutas en Guatemala contra la persecución electoral

Según el parte de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial de Guatemala, los manifestantes mantienen cerrados al menos 21 tramos de las rutas más transitadas, como la Interamericana y otras vías que conducen a las fronteras con México, El Salvador y Honduras.

También está cerrado el paso al Puerto Quetzal, sobre el Pacífico, y en Ciudad de Guatemala, la Policía acordonó el perímetro del aeropuerto internacional La Aurora, ante las versiones –difundidas por la Aeronáutica Civil– que señalaban que los grupos de manifestantes se dirigirían hacia allí para tomar las instalaciones.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) notificó a los medios que este miércoles, la página web del ministerio fue “objeto de jaqueo por personas inescrupulosas”. E informó, además que se había iniciado “la investigación correspondiente para establecer responsabilidades”.

Por su parte, un comunicado emitido este miércoles por el gobierno saliente del presidente derechista Alejandro Giammattei dijo reconocer “el derecho constitucional a la manifestación pacífica, pero sin atentar contra la integridad, el derecho a la vida, ni la libre circulación de los guatemaltecos”.

También señalaron que los bloqueos “privan a la población de derechos elementales como el acceso a la salud”. Por tal motivo, dijeron que “si una persona pierde la vida al quedar varada en puntos de bloqueos, se deducirán las responsabilidades correspondientes”.

Los bloqueos de rutas se iniciaron este lunes como medida de protesta ante los allanamientos de la sede del tribunal electoral en donde se secuestraron las actas de las elecciones pasadas, el pedido para quitar los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido Semilla de Arévalo. Las tres razones de las protestas de los guatemaltecos también provocado un fuerte rechazo internacional.

La Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, España, la Unión Europea (UE) y organizaciones internacionales expresaron su enérgico rechazo a la persecución penal por considerarla un atentado contra la democracia y la gobernabilidad de Guatemala.

Si bien las manifestaciones y bloqueos fueron convocados en un principio por los alcaldes comunales de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, al oeste de la capital, otros sectores se fueron sumando al llamado.

Bernardo Arévalo ganó el balotaje del pasado 20 de agosto ante la exprimera dama Sandra Torres, cercana al oficialismo y a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno.

Los grupos indígenas y campesinos que piden la renuncia de Porras; también solicitan la del jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche; la de la fiscal Cinthia Monterroso, y la del juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quienes mantienen la cruzada legal postelectoral.

Los cuatro funcionarios están incluidos en una lista de “actores corruptos y antidemocráticos” realizada por Estados Unidos.

(Con información de agencias)