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Renunció el primer ministro de Portugal por una investigación judicial por casos de corrupción
El primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, renunció este martes luego de que se iniciara una investigación judicial en su contra por corrupción y presunto tráfico de influencias, aunque aseguró que no cometió ningún acto ilícito.
"Sin embargo, en estas circunstancias, obviamente, presenté mi dimisión a su excelencia el presidente de la República", afirmó el jefe de gobierno lusitano en una intervención televisada.
El cargo de primer ministro no es compatible con la "sospecha de la práctica de cualquier acto criminal", admitió.
Medios locales informaron que la Policía allanó la residencia oficial del primer ministro, quien se reunió con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, para presentarle la renuncia.
Tanto Costa como varios miembros de su Gabinete están siendo investigados por la Fiscalía lusa por supuestos delitos de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno.
La Fiscalía portuguesa precisó en un comunicado que ordenó el registro de "espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro" y que varios sospechosos hablaron de la implicación de Costa en el caso por "desbloquear procedimientos".
Dichas declaraciones "serán analizadas de forma autónoma en el ámbito de la investigación instaurada en el Supremo Tribunal de Justicia", añadió el Ministerio Público.
Las inspecciones se extendieron a los ministerios de Infraestructura y de Ambiente.
La causa judicial se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en la localidad de Sines.
La fiscalía ya emitió órdenes de detención contra Vítor Escária, jefe de gabinete del primer ministro; contra el socialista Nuno Mascarenhas, alcalde de Sines; contra dos de sus administradores en la sociedad Start Campus, y contra un abogado, que serán indagados por la justicia.
También fueron declarados "arguidos" (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructura, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.
Unos cuarenta allanamientos ordenados por la Fiscalía fueron realizados este martes por la Policía de Seguridad Pública y la Autoridad Tributaria y Aduanera.
Participan en el operativo 17 magistrados de la Fiscalía lusa, tres magistrados judiciales, dos representantes del Colegio de Abogados, cerca de 145 agentes de la PSP y nueve de la Autoridad Tributaria.
(Con información de agencias)
