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No solo Spotify: Youtube, Amazon, Apple Music y discográficas también se quejaron ante el gobierno por Rendición de Cuentas
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ya daba cuenta el 20 de julio ante la comisión de diputados que estudiaba la Rendición de Cuentas sobre "advertencias" recibidas de parte de "distintas entidades" vinculadas a derechos de autor sobre "algunas dificultades o problemas" que tendría la aprobación de dos artículos incluidos en el proyecto de ley.
El titular de Asuntos Constitucionales, Gastón Gianero, pidió aquel día su desglose "para estudiarlo un poquito más en la globalidad". La coalición lo había dejado de lado, hasta que el presidente Luis Lacalle Pou –quien había mantenido contactos con la Sociedad de Intérpretes (Sudei)– pidió en una reunión en Torre Ejecutiva con los diputados oficialistas que los reincorporaran, y el texto terminó aprobándose en la cámara baja.
Según reconstruyó El Observador, ya para entonces se habían acercado al ministerio a plantear sus inquietudes los representantes de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) e integrantes del Consejo de Derechos de Autor. Spotify, por su parte, envió una carta al gobierno asegurando que los cambios hacían "inviable" su negocio en Uruguay, informó El País.
Y en los últimos dos días, tanto el ministro Pablo Da Silveira como la vicepresidenta Beatriz Argimón –quien preside el Senado que ahora empieza a estudiar la Rendición de Cuentas– recibieron sendas cartas de reclamo de Digital Media Association (DIMA) y la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), según consta en los documentos a los que accedió El Observador.
La primera es la representante de las compañías de streaming, y tiene bajo su órbita a YouTube, Pandora, Apple Music, Amazon y Feed.fm. La segunda representa a actores de la industria discográfica, entre ellos a Warner Music, Universal Music, Sony Music y en el caso nacional a la Cámara Uruguaya del Disco.
Ambas arremetieron contra los artículos de la Rendición tal cual están redactados, por entender que propicia un escenario de pagos duplicados a intérpretes. El artículo 284 agrega a internet y a las redes digitales como dos nuevas bases –aparte de las tradicionales televisión y radio– por las que los intérpretes tienen "derecho a exigir una retribución por su interpretación difundida en ellas". El 285, en tanto, habla de que la difusión de su producido genera "en todos los casos, el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación”.
La Sociedad de Intérpretes había sostenido que la irrupción de los modelos digitales obligaban a "aggiornar" las reglas de juego del mundo analógico, bajo la premisa de que en las plataformas digitales las regalías son cobradas "exclusivamente" por productores musicales, "generándose una situación de inequidad y falta de justicia". Desde ese rubro alegan que consagrar el derecho de los intérpretes a la remuneración supone añadir un tercer contrato que repartiría la torta con los productores y los autores, sin que las plataformas tengan que desembolsar más dinero.
Según supo El Observador, desde el propio gobierno comparten esta lectura y reconocen un escenario de desventaja de los intérpretes, más allá del contrapunto respecto a cuándo y dónde resolverlo. Pero distintas organizaciones involucradas discrepan.
"Nos preocupa que este cambio altere el marco legal (...) y los pagos que actualmente se realizan dentro de él, e interfiera con las licencias existentes que ya se basan en derechos legales establecidos que pueden aplicarse contra las plataformas de transmisión digital", escribió al gobierno Kirsten Donaldson, vicepresidenta de DIMA, representante de instituciones como YouTube y Apple Music, y pidió eliminar ambos artículos de la Rendición.
La organización entiende que añadir "un derecho de remuneración irrenunciable" colocaría "a los artistas uruguayos en una desventaja significativa, particularmente en un momento en que la región está viendo 'su música romper a un nivel verdaderamente global'", bajo la premisa de que ya en lo que va del año un 64% de los ingresos por música provienen de plataformas de streaming, un rubro que viene en crecimiento.
"Imponer derechos de remuneración adicionales y fragmentados competiría por dólares de regalías con los derechos que los miembros de DIMA (como YouTube, Spotify, entre otros) ya otorgan a sellos discográficos y editores de música, lo que equivaldría efectivamente a un pago doble". La organización argumentó que eso podría "perjudicar a los consumidores" con un eventual aumento en los precios.
Desde DIMA aseguran que "la consideración exhaustiva requerida no es compatible con la inclusión de estos temas en la Rendición de Cuentas" y piden eliminarlo de este proyecto de ley.
Por su parte, la representante internacional de discográficas añadió que ambos artículos en cuestión pueden "crear una condición diferencial para la realización de negocios y emprendimientos en el sector del entretenimiento" uruguayo, ya que "al no existir en otros mercados de la región, puede provocar efectos no deseados".
IFPI, a través de su directora regional Adriana Resptrepo, cuestionó que "esta reforma tan importante" que supondrían los artículos de la Rendición de Cuentas "no se ha dado a conocer ampliamente por los canales habituales en el gobierno uruguayo".
