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MSP advierte sobre juicio a quienes den información falsa para vacunarse primero
En las últimas semanas el Poder Ejecutivo empezó a recibir de distintas organizaciones las bases de datos de sus funcionarios o afiliados para establecer el orden en el plan de vacunación. Y, al mismo tiempo, el Ministerio de Salud Pública (MSP) advirtió esta semana mediante una ordenanza que en caso de que instituciones de salud y otras organizaciones alteren datos al entregar la información al gobierno podrán recibir multas y también serán considerados eventuales juicios penales.
Fuentes del Ministerio de Salud Pública explicaron a El Observador que la ordenanza tiene valor más que nada mientras dure el esquema de vacunación de los grupos priorizados. Con las primeras dosis de Sinovac el gobierno vacunará a trabajadores de la educación, del INAU, policías y militares en actividad. En tanto, espera para marzo el arribo de un primer embarque de Pfizer para comenzar a inmunizar al personal de la salud y a los adultos mayores que viven en residenciales.
Los informantes agregaron que el encargado de corroborar las listas enviadas por las distintas organizaciones será el ministerio u órgano rector correspondiente.
Una resolución emitida el miércoles por el MSP argumentó que la cartera busca “implementar acciones para que no se produzcan alteraciones al plan de vacunación”, algo que por ejemplo ocurrió en Argentina con el escándalo de las vacunas VIP y también en Perú, donde funcionarios del gobierno y amigos fueron inmunizados en secreto.
En un documento oficial la cartera señaló que las instituciones médicas, centros educativos, sindicatos y otras organización públicas o privadas podrán enviar al ministerio “la base de datos de los grupos objetivos para vacunación”, pero señaló a continuación que falsificar la información tendrá como consecuencia sanciones como apercibimientos o clausuras, y el caso podrá terminar en la justicia penal.
“La falta de veracidad y/o alteración en la información proporcionada o a proporcionar, será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 396 de la Ley Nº 19.924 de 18 de diciembre de 2020, sin perjuicio de las acciones penales que correspondieren”, dice el documento fechado el 24 de febrero.
El artículo 396 de la ley 19.924 (ley de Presupuesto) facultó al MSP a aplicar sanciones que van desde apercibimientos a multas o clausuras para aquellos que incumplan “las disposiciones sanitarias vigentes”. La normativa establece multas de hasta $ 64,6 millones (50.000 unidades reajustables) y dos tipos de clausuras: por 180 días o definitiva.
La resolución también estableció que las instituciones de salud “deberán seguir las directrices que establezca el Ministerio de Salud Pública respecto al plan de vacunación aprobado”, porque de lo contrario también serán pasibles de sanciones o de un eventual juicio.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, fue consultado este viernes en una conferencia de prensa sobre si el gobierno establecería trazabilidad para evitar adelantos al plan de vacunación.
“Quien determina los grupos de vacunas y las plataformas que se darán es un grupo científico que funciona en el MSP, no en la Presidencia. Y eso es lo que vamos a respetar”, dijo el jerarca. “Como dijo el presidente, cuando nos toque, con la vacuna que nos toque. Todos somos iguales ante la pandemia, todos somos pasibles de estar enfermos, contagiados, y todos tenemos que tener la misma oportunidad de estar inmunizados en el momento que nos toque, con la vacuna que nos toque, como cualquier otro”, agregó.
