Los resultados de los países latinoamericanos que militarizaron la lucha contra el narcotráfico

El inicio de las operaciones del Ejército mexicano fue el 11 de diciembre de 2006, cuando el gobierno federal anunció un operativo en el estado de Michoacán, donde a lo largo de ese año se habían contabilizado cerca de 500 asesinatos entre miembros de los carteles que disputaban el negocio del tráfico de drogas.

El entonces presidente Felipe Calderón fue quien dio el primer paso. Pasados 11 años, un informe de la Universidad de Texas de noviembre de 2017, con los testimonios de diferentes juicios contra miembros de Los Zetas en Estados Unidos, expuso no sólo la crueldad de ese cartel sino también detalló los sobornos a funcionarios públicos.

Policías, gobernadores, penitenciarios, militares y empresarios formaron parte de la red de complicidades en la lucrativa venta de drogas prohibidas. La participación del Ejército en la lucha contra Los Zetas convirtió la persecución en un negocio para muchos oficiales y jefes militares.

Además, el propio presidente Calderón quedó asociado a la trama oculta de corrupción. En efecto, el secretario de Seguridad Pública a cargo de la militarización de la lucha contra el narco, Genaro García Luna, estaba de los dos lados del mostrador. En 2019 fue detenido en Dallas, Estados Unidos, y llevado a juicio.

Los fiscales del Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn lo acusaron de recibir sobornos y de ayudar a los traficantes a trasladar de forma segura sus productos a Estados Unidos, evitar la persecución militar y hasta llevar a cabo brutales ataques contra grupos narcos por rivalidades internas.

La sentencia a García Luna será dictada en Nueva York el 1° de marzo de este año, en plena campaña electoral de México. La guerra contra el narco de Calderón y García Luna no sólo fue un fracaso, sino que desangró el país.

El sexenio de Calderón en la presidencia terminó con 121.000 homicidios, el doble del gobierno anterior de Vicente Fox, según cifras oficiales.

La decisión del presidente de Ecuador sobre la utilización de los militares, en medio de la ola de narcocriminalidad, parece contar con el aval de un sector de la sociedad. "Si se meten con la población, se meten con las Fuerzas Armadas", dijo el ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Loffredo, para dar respaldo a este camino que no dio frutos en los otros países latinoamericanos.

Esta semana que termina tiene a miles de militares ecuatorianos desplegados. El inicio, además de una cantidad de asesinatos, fue que un preso no estaba en la celda donde tenía que estar. ¿Quién fue el responsable de que José Adolfo Macías Salazar, alias Fito” líder de Los Choneros, hubiera estado en otro lugar que no fuera la cárcel?

Fito era un jefe narco con más de dos décadas de actividad y esta fue su segunda “fuga”. Detrás de la impericia en el conteo carcelario, sin duda tiene que haber complicidades a altos niveles que no se resuelven con tanques y patrullajes de militares formados para la guerra con otros ejércitos y no para combatir la delincuencia.

La Asamblea Nacional respaldó esta intervención de manera unánime. El plan de Ecuador no es nuevo. Ya en diciembre, su Congreso votó a favor de reformar la Constitución, que encarga a las Fuerzas Armadas el apoyo a las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen y el tráfico de drogas.

Para David Saucedo, especialista mexicano en seguridad pública, citado por la BBC, “las Policías de América latina, en general, se caracterizaron por una infinita corrupción y debilidad para enfrentar al narcotráfico y no dejar que penetrara en las instituciones”.

Esto, sumado a que el poderío de los carteles “sobrepasa con mucho las capacidades de cualquier Secretaría de Seguridad Pública o Ministerio de Interior”, llevó a muchos países a confiar en los militares porque su imagen pública mejoró respecto de los años de las dictaduras militares que terminaron en los años ochenta.

Colombia es otro de los países que se vale de las fuerzas armadas para luchar contra el narcotráfico. Los militares ganaron presencia tras la aprobación en 2000 del Plan Colombia, que el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, apoyó con millones de dólares.

Los militares fueron decisivos en la seguridad interna y en la lucha contra la insurgencia. Sin embargo, tal como surge del informe de la Comisión de la Verdad, presidida por el jesuita Francisco de Roux, crecieron los vínculos entre grupos paramilitares y fuerzas armadas, así como los crímenes de los llamados “falsos positivos” y los atropellos constantes a comunidades campesinas.

La militarización de operaciones contra el tráfico de drogas se da también en Brasil, en Venezuela, Guatemala y Honduras, entre otros países de la región.

El caso más reciente es el de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele desplegó al ejército para combatir a las maras. Las cifras muestran que se redujo drásticamente la violencia en los últimos dos años a la vez que se dispararon las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos.

En Chile, en 2019, con el presidente conservador Sebastián Piñera, las fuerzas armadas fueron encargadas de custodiar la frontera norte para detener el pasaje de drogas de su frontera con Perú.

En Brasil, el ejército combate al Primer Comando de Organización y a otros grupos narcos, pero también entra a sangre y fuego a las favelas. Durante el gobierno del ex militar Jair Bolsonaro arreciaron las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que tuvieron por objeto a militares y policías que esgrimían el argumento de lucha contra el narcotráfico para amedrentar y disciplinar comunidades vulnerables.

De cara al futuro, no parece que esta tendencia de valerse de las fuerzas armadas para perseguir a la delincuencia organizada vaya a disminuir en América latina. No sólo con presidentes conservadores o autoritarios. El caso de México, con Andrés Manuel López Obrador en el Palacio del Zócalo, un presidente progresista, la participación de los militares no disminuyó. Pese a los malos resultados, México recibe la presión de su vecino Estados Unidos para lograr más resultados en su lucha contra las drogas.

El ingreso de fentanilo, que requiere una logística menor y es mucho más letal para los consumidores, no parece resolverse con tanques, ni siquiera con drones. El dinero que mueve el narco, valga la redundancia, permite narcotizar a quienes están encargados de disminuir la criminalidad.

Las estrategias de mayor transparencia, de más y mejor inteligencia criminal pueden desembocar en que se conozcan a muchos actores financiados o socios en el lavado de activos procedentes de la narcocriminalidad y aún a muchos socios directos de las mafias de las drogas. No hay mafia sin actores estatales. Lo muestra la historia de Italia, de donde surgió el nombre en el siglo XIX.