La periodista Al Jazzeera Shireen Abu Akleh fue atacada deliberadamente por el Ejército de Israel

El caso de Abu Aklen se analizó en el marco general de una serie de audiencias que se centraron en los reiterados ataques contra las organizaciones y las personas que trabajan en ambos territorios en defensa de los derechos humanos y civiles, y en especial contra activistas, abogados y periodistas, ocasión en la que los integrantes de la comisión especial escucharon los testimonios de las víctimas y evaluaron la progresiva reducción de los espacios para la sociedad civil palestina en general.

Entre los que testimoniaron ante la comisión estuvieron colegas de Abu Akleh. “Investigaciones independientes han concluido que los disparos dirigidos contra Abu Akleh y otros reporteros provinieron de soldados israelíes y que los periodistas fueron atacados a pesar de llevar distintivos de prensa en sus chalecos”, señaló ante la comisión Walid Omary, jefe de la oficina en Jerusalén de Al Jazeera Arabic, quien recordó que “el ataque deliberado contra periodistas durante un conflicto constituye un crimen de guerra”.

Por su parte, Miloon Kothari, uno de los tres miembros de la comisión investigadora, estimó que la periodistas fue atacada “deliberadamente” y calificó como “muy perturbadoras” las pruebas presentadas. Ya en términos generales, añadió que “ha habido una escalada en el cierre de espacios a la sociedad civil, tanto por parte de las autoridades israelíes como de las autoridades palestinas y la autoridad de facto en Gaza”, al tiempo que precisó toda la información recopilada “será presentada al Consejo de Derechos Humanos en junio de este año”.

El origen de la comisión

La comisión investigadora, que es desconocida por el gobierno israelí, se estableció a raíz del bombardeo de 11 días contra la Franja de Gaza en mayo de 2021, operativo que causó la muerte al menos a 250 palestinos, además de otras 13 víctimas fatales en Israel debido a los ataques lanzados por las milicias palestinas desde Gaza. A raíz de los sucesos, y a través de una resolución adoptada en una sesión del 27 de mayo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió investigar los abusos en el territorio palestino ocupado y, por primera vez, en Israel.

En esa oportunidad, la resolución solicitó a la comisión que también investigara “todas las causas fundamentales subyacentes de las tensiones recurrentes, la inestabilidad y la prolongación del conflicto, incluida la discriminación y la represión sistemáticas basadas en la identidad nacional, étnica, racial o religiosa”. Ahora, la comisión, que tiene un mandato indefinido, deberá informar no solo al Consejo de Derechos Humanos, sino también a la Asamblea General de la ONU.

La primera de las audiencias públicas se celebró entre el 7 y el 11 de noviembre del año pasado, ocasión en la que se abocó al análisis de los allanamientos y cierres de siete oenegés palestinas vinculadas a la defensa de los derechos humanos con base en la parte de Cisjordania bajo ocupación militar de Israel, luego que el gobierno de Tel Aviv rechazara las apelaciones presentadas por las entidades clausuradas y ratificara que a su juicio se trata de “organizaciones terroristas”.

En ese momento, el gobierno de Israel calificó a las audiencias como "juicios falsos" y acusó a la investigación de llevar adelante una agenda "antiisraelí". Desde entonces, y al igual que hizo en el cierre de las audiencias, la comisión lamentó “la falta de cooperación por parte de Israel”, además de criticar su negativa a permitir la entrada a Israel y al territorio palestino ocupado de veedores internacionales para tomar testimonios y verificar la situación.

Entre las oenegés clausuradas, muchas de las cuales recibían fondos de la Unión Europea (UE), se encuentran Addameer, que monitorea el trato de los palestinos presos en Cisjordania por Israel; la Fundación de Comités de Trabajo de Salud; el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo; y la Unión de Comités de Mujeres, entre otras. Cierres que la Autoridad Nacional Palestina califica como un intento de silenciar “la voz de la verdad y la justicia”.

Kothari, experto en derecho internacional que se desempeñó como relator especial de la ONU ante el Consejo de Derechos Humanos, explicó que las pruebas recopiladas se pondrán a disposición “de todos los órganos judiciales” y recordó que la comisión presentó el año pasado un informe a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que se expidiera sobre “la legalidad de la ocupación” israelí. Además, precisó que la presentación ante la CIJ incluye una solicitud para que el tribunal “establezca cuáles son las responsabilidades de terceros estados”.

Por su parte, Navi Pillay, presidente de la comisión, afirmó que la ocupación militar del territorio palestinos había sido identificada como la “causa raíz” de las violaciones de los derechos humanos y civiles. Agregó, además, que su naturaleza es claramente "permanente" en lugar de temporal y que las negociaciones han sido utilizadas hasta el momento "solo como un pretexto" por Israel para continuar cercenando las libertades básicas de los palestinos.

Issa Amro, uno de los varios palestinos defensores de los derechos humanos que testificó en las audiencias, dijo que su trabajo y el de otros colegas tienen como objetivo “mostrar al mundo lo que está sucediendo”. En declaraciones a la prensa, Amro destacó que “los palestinos merecen plenos derechos, justicia e igualdad ante la ley”, al tiempo que afirmó que las oenegés afectadas seguirán bregando “hasta que la comunidad internacional les brinde apoyo y protección”.

El caso de Abu Akleh

Por su parte, el conglomerado de medios públicos Catarí Al Jazeera Media Network recordó que a fines de año pasado solicitó formalmente a la CIJ que investigue y enjuicie a los responsables del asesinato de la periodista. Con ese objetivo presentó una investigación exhaustiva de seis meses realizada por la propia cadena de noticias en donde reunió todas las pruebas disponibles de testigos oculares y secuencias de video, así como material nuevo sobre el asesinato.

En esa oportunidad, Rodney Dixon, abogado de Al Jazeera, señaló que la solicitud ante la CIJ se presentó “en el contexto de un ataque más amplio” contra la cadena de noticias y “los periodistas en Palestina”, en referencia a varios incidentes, como el bombardeo de la oficina de la red en Gaza el 15 de mayo de 2021. “No es un solo incidente, es un asesinato que forma parte de un patrón más amplio que la fiscalía debería investigar para identificar a los responsables y presentar cargos contra ellos”, afirmó Dixon.

La nueva prueba documental incluye registros visuales que muestran como Abu Akleh y otros periodistas, con cascos protectores y chalecos antibalas claramente marcados con la palabra "PRENSA", caminaban por una calle a la vista de las fuerzas israelíes cuando fueron atacados, circunstancias en las que la periodista recibió un disparo en la cabeza mientras intentaba protegerse detrás de un árbol.

Por lo pronto, una vez que el CIJ haya revisado la evidencia, decidirá si investiga el asesinato, ya que en 2021 determinó que tiene jurisdicción sobre la situación en el territorio de palestino ocupado. Hasta el momento, las investigaciones realizadas por la ONU, las organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes y los medios de comunicación internacionales concluyeron que Abu Akleh fue asesinada por un soldado israelí.

Tras el cierre de los cinco días de audiencias en Ginebra, Al Jazeera recordó también que el pedido de investigación ante el CIJ es consecuencia de la decisión del gobierno de Israel de no investigar el ataque, que califica como un “asesinato flagrante” y un “crimen atroz”, hecho retomado por la comisión internacional independiente de la ONU en el marco más amplio de su investigación sobre la afectación de los derechos humanos y civiles en la Cisjordania ocupada y en la Franja de Gaza.