La millonaria red de sobornos de la empresa constructora brasileña Camargo Correa

La tercera constructora de Brasil, Camargo Correa, saltó a la luz pública hace una década por las filtraciones y denuncias de dineros ilegales traficados con funcionarios, incluso mandatarios, de países latinoamericanos y para llenar los bolsillos de algunos directivos de Petrobrás, la empresa energética brasileña.

Una investigación de El País de Madrid pudo reconstruir buena parte de ese circuito de corrupción que incluye envío de fondos a Islas Caimán, Mauricio, Bermudas, Liechtenstein, Panamá, Suiza y Andorra, entre otros lugares donde existe el secreto fiscal hecho a medida para este tipo de manejos destinados a eludir las agencias de recaudación impositiva y contar con dinero para obtener contratos vía pagos ilegales.

Dado que Andorra y otros estados soberanos comenzaron a desandar sus mecanismos de refugio fiscal, la Justicia pudo adentrarse en los manejos de la empresa brasileña.

La investigación recorrió las maneras de ocultar la ruta del dinero, los testaferros, las sociedades ficticias y las cuentas cifradas para mover el dinero sucio. En 2014, Camargo Correa tuvo ingresos netos por cerca de U$S 10.000 millones y tejió “una red financiera con tentáculos en ocho países para canalizar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera estatal del país sudamericano Petrobras”, dice la investigación del diario madrileño.

Un juez de Andorra, uno de los refugios hasta 2017, procesó por blanqueo al ex directivo de la constructora Fernando Días; a la compañía con la que opera la firma desde 2018, Mover; y a tres filiales de este conglomerado brasileño al que la Justicia del país pirenaico indaga desde 2017.

El magistrado también imputó “al banco que presuntamente colaboró en diseñar el laberíntico engranaje financiero de ocultación, la Banca Privada d’Andorra (BPA)”. Se trata de una pequeña entidad a más de 8.000 kilómetros de distancia de la sede de la compañía brasileña.

El juez imputó a ocho ex directivos de Camargo Correa, entre los que figura uno de sus antiguos máximos accionistas, Higini Cierco. La compañía movió en este banco unos U$S 100 millones entre 2008 y 2011.

Para entender “esta historia de maletines y política hay que remontarse a julio de 2015. Un tribunal federal de Curitiba, Brasil, sentenció que Camargo Correa integró entre 1998 y 2014 un cártel corrupto con otros cuatro gigantes latinoamericanos de la construcción para repartirse las adjudicaciones públicas de Petrobras”.

Se trata de una de las petroleras más grandes de América latina, la más grande de Brasil que en 2022 tuvo beneficios por U$S 33.000 millones.

Los miembros de ese clan, “bautizado como G-5 o Club del tenis”, integraron a las firmas Odebrecht, Oas, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao. “Desembolsaron sobornos de un 3% a ejecutivos de la energética estatal. Y ahí es donde entre en juego el hermético mecanismo financiero conocido como las ‘reglas de juego club’ para esconder el flujo de capitales”, afirma El País.

El modus operandi era firmar “contratos simulados con sociedades pantalla, emisión de facturas falsas y utilización de cuentas bancarias de terceros y cifradas. Solo a través de una de sus derivadas, la compañía instrumental Sw shoutern investment de Islas Caimán, Camargo Correa movió 20,6 millones entre 2007 y 2010”.

Y derivó parte de estos fondos a través de Suiza al bolsillo de José Sergio de Oliveira Machado, exdiputado brasileño y presidente hasta 2014 de Transpetro, filial de la petrolera pública.

Otra clave del engranaje fue la sociedad panameña Desarrollo Lanzarote, “que canalizó U$S 3,4 millones que acabaron también en una sociedad pantalla a nombre de una cuenta del HSBC en el país helvético controlada por Sergio Firmeza Machado, hijo del citado expresidente de Petrobras”.

“Sergio Firmeza actuó como hombre de paja de su padre para recibir sobornos”, sostiene la investigación judicial. El mecanismo también recurrió a cambistas ilegales que recaudan fondos en efectivo de comercios y empresas brasileñas y que habrían sido usados para borrar el rastro de los sobornos.

Por la estructura de los cambistas se detectó la circulación de U$S 48 millones. BPA Serveis, filial de la institución financiera andorrana dirigida por Cristina Lozano, formó también parte del mecanismo corrupto, según el juez.

La sociedad movió U$S 32 millones de origen delictivo. Y cobró a Camargo Correa una comisión U$S 300.000 en 2008 “por participar en esta actividad delictiva como sociedad pantalla interpuesta poniendo su propia cuenta bancaria corporativa al servicio de Camargo Correa como cuenta puente”, según el magistrado.           

Esa entidad fue intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de fondos de grupos criminales dado que su ex accionista mayoritario, Higini Cierco, figuró como representante en una cuenta cifrada a nombre de Intervención General (la propia BPA) junto al exdirector general Joan Miquel Prats, que movió parte de los fondos de la constructora brasileña en Andorra.

“No llevaron a cabo ninguna medida de diligencia debida, ni simplificada ni reforzada ni de ningún tipo”, dijo el magistrado, que acusa al banco y a sus ex directivos de crear contratos ficticios para justificar las transferencias.

La cúpula de la BPA conocía, desde marzo de 2009, que los directivos de Camargo Correa habían sido arrestados por asociación ilícita, blanqueo y financiación ilegal de partidos y no lo comunicaron a las autoridades del país pirenaico.

“Cooperaron con la defensa de Camargo Correa”, carga el juez. Camargo Correa asegura que “no hay una demanda contra la empresa” en Andorra y considera que la investigación de este país afecta a un exdirectivo que se desvinculó de la compañía “hace casi una década”.

Según Camargo Correa, “todos los activos de la Constructora Camargo Correa están debidamente registrados en sus libros de contabilidad”.

El Tribunal Supremo de Brasil archivó la causa en 2011 tras anular las escuchas telefónicas como prueba de las acusaciones. Camargo Correa, que llegó a tener presencia en 22 países con ramificaciones en la industria energética, los puertos y aeropuertos, confluyó con Odebrecht, cuyos directivos confesaron haber destinado U$S 682 millones para comprar voluntades de funcionarios, presidentes y primeros ministros de 12 países.