La justicia de Guatemala suspendió al partido del presidente electo Bernardo Arévalo

Arévalo se convirtió en un inesperado ganador para los sectores conservadores del Poder Judicial y del actual presidente Alejandro Giammattei. Además de la convulsión interna producida por estas maniobras, Washington quitó las visas a varios funcionarios involucrados en esto que puede convertirse en un golpe de Estado abierto.

La estocada al partido del presidente electo se hizo pocos días después de que el 31 de octubre el TSE diese por finalizado el conteo de los votos que dieron ganador a Arévalo en las elecciones generales del 20 de agosto.

Las maniobras comenzaron el pasado 12 de julio cuando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) ordenó la suspensión del Movimiento Semilla, en un intento más de descarrilar al partido político de Arévalo que sorprendió en la primera vuelta electoral y ganó la segunda de agosto.

La Fiscalía, en julio, secuestró las cajas que contenían los resultados de los comicios. Sabiendo que habría persecución judicial contra Semilla, 48 cantones de Totonicapán, Alianza por las Reformas, la Convergencia Nacional de Resistencia y algunos partidos políticos pidieron al TSE suspender esa maniobra y esperar la asunción del mandatario electo en comicios transparentes.

Sin embargo, la orden de suspender al Movimiento Semilla fue oficializada por el TSE. El tribunal dejó una zona gris: aclaró que esa suspensión no “puede revertir los resultados” que le dieron la victoria a Arévalo, así como tampoco anular los 23 legisladores conseguidos por el Movimiento Semilla.

Desde entonces, el presidente electo, Bernardo Arévalo, acusó a la fiscal general Consuelo Porras y al juez Orellana de intentar un “golpe de Estado” para evitar que tome posesión de la presidencia el próximo 14 de enero.

“Hacemos un llamado al Ministerio Público y del Organismo Judicial para que cese toda acción para burlar la voz del pueblo libremente expresada en las urnas”, declaró Arévalo durante una conferencia de prensa en la Ciudad de Guatemala.

“Los resultados son definitivos e inalterables. Sin embargo, los guatemaltecos tenemos que estar listos para defender los resultados frente al asalto legal y espurio del Ministerio Público, si es que sigue ocurriendo”.

Las acciones de Porras y los jueces provocaron multitudinarias protestas y bloqueos de carreteras por parte de la población para exigir su renuncia y saneamiento del sistema de justicia.

Los movimientos indígenas encabezan las movilizaciones populares y convocaron a un paro nacional que tuvo alto acatamiento. Durante el último fin de semana del 3 al 5 de noviembre hubo marchas al centro de la Ciudad de Guatemala, además de mantener las carpas de protesta desde el 2 de octubre frente a la Fiscalía.

“Esta es una lucha en favor de la democracia, por el bien del pueblo de Guatemala, esperando a que se respete nuestra decisión en elegir a nuestros funcionarios públicos”, dijo Luis Pacheco, presidente de la organización indígena 48 cantones de Totonicapán. “Nosotros seguimos en resistencia pacífica, y no venimos a otra cosa que a defender la democracia”, dijo el dirigente indígena.

El Gobierno de Estados Unidos por su parte impuso restricciones de viaje a 14 personas, y a sus familiares inmediatos, por “socavar la democracia y el Estado de derecho” en Guatemala. Aunque el Departamento de Estado no precisó los nombres de los afectados, fuentes diplomáticas aseguraron a El País de Madrid que entre ellos hay varios funcionarios del Ministerio Público.

En octubre de 2023 la lucha de los pueblos indígenas conducidos por sus autoridades ancestrales resultó crucial para mantener el apoyo a Bernardo Arévalo “ante la pretensión decidida del Pacto de Corruptos de escamotear los resultados electorales usando la fiscalía general y las cortes judiciales”, expresa un comunicado de los 48 cantones de pueblos originarios.

Las autoridades ancestrales constituyen formas de organización que sobrevivieron los exterminios de la ocupación colonial española y también resistieron los actos de genocidio de la década de 1980, que comenzaron a ser juzgados en los tribunales guatemaltecos hace apenas 10 años.

Para el futuro Gobierno de Arévalo, que deberá asumir el 14 de enero de 2024, si los pueblos indígenas no ocupaban un lugar central en su programa, la gobernabilidad será difícil frente a las maniobras de los funcionarios judiciales y la derecha del país.

Ya se conformó un acuerdo de defensa de la democracia en el que por primera vez en la historia figuran en un mismo texto los emblemas de las cámaras patronales moderadas, de alcaldías indígenas y del nuevo presidente.

Pero el gobierno de Giammattei y el actual Congreso siguen tomando medidas que desconocen a Arévalo. Días antes, en el parlamento se votó el presupuesto 2024 para condicionar las medidas del nuevo presidente.

Cabe recordar que Guatemala vivió una represión que fue caratulada como genocidio que abarcó desde 1960 hasta 1996. Según el informe Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que contó con el aval de Naciones Unidas, decenas de miles de personas fueron desaparecidas o asesinadas, la mayoría en comunidades indígenas y campesinas.

(Con información de agencias)