La Iglesia pide la renuncia de la fiscal general que manipuló el resultado electoral

Este reclamo del martes 10 se da en medio de una escalada de las protestas y del incremento de la represión policial ordenada por el mandatario guatemalteco Alejandro Giamattei.

El pasado 28 de agosto, el tribunal electoral suspendió la personería del Movimiento Semilla, el partido que ganó su candidato Bernardo Arévalo. La maniobra del tribunal fue tan burda que la hizo el mismo día en que se oficializó el triunfo de Arévalo en la segunda vuelta llevada a cabo el domingo 20 de agosto.

Desde entonces, el conflicto institucional escaló y se sumaron movilizaciones, huelgas y reclamos de diversos sectores. La jugada de la suspensión de la personería de Semilla, que impediría la asunción de Arévalo fue promovida por la Fiscalía a cargo de Porras Argueta.

Porras Argueta es una abogada nombrada por el presidente Giamattei al frente del Ministerio Público en 2018 y vuelta a designar en 2022, convirtiéndose en la primera fiscal general reelecta por un presidente en Guatemala.

Esa cercanía con Giamattei fue la gota que colmó el vaso cuando irrumpió para detener el proceso de recambio presidencial. La Conferencia Episcopal del país fue cercana al mandatario y su documento del martes 10 de octubre marca un nuevo hito del incremento de las protestas en el país.

Los obispos de Guatemala reclaman que renuncien los colaboradores de Porras Argueta. “Es decir, los ejecutores de las acciones que se han percibido como abusos y atropellos durante el proceso electoral”, dice el comunicado episcopal.

Los obispos piden “a la señora Fiscal General y al Fiscal Especial y sus colaboradores que consideren que ha llegado el momento de demostrar con acciones otro modo de evidenciar sus responsabilidades ciudadanas y presentar su renuncia”.

Los prelados indican que la manipulación de la fiscalía es el detonante de la crisis institucional y de “la insatisfacción popular, y que esto no finalizará hasta que el pueblo se dé cuenta de que sus peticiones han sido escuchadas”.

“La situación de paro nacional que se ha desarrollado es el resultado de acciones de organismos del Estado, principalmente del Ministerio Público (MP), que, con apariencia de legalidad, son contrarias al bien común”, señala el comunicado.

Los obispos de Guatemala aseguran en el documento que han “analizado los acontecimientos que la sociedad guatemalteca ha vivido en los últimos días. Manifestaciones populares de descontento y frustración y de reclamos crecientes”.

“El secuestro de las actas del proceso electoral estuvo amparado por la decisión de un juez, y dicha acción se percibió como contraria a la ley que otorga supremacía al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en materia electoral y como una violación del respeto debido al voto ciudadano libremente emitido”, dice el texto de los obispos.

Los prelados consideran que “algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia, que debían restablecer el orden político, no han resuelto los conflictos, pues se perciben como interpretaciones interesadas de la ley”.

“El Estado, a través de estas instituciones, no ha servido al bien común y, por eso, gran número de ciudadanos se ha levantado en protesta y pide la destitución de quienes, de manera flagrante, han atropellado el proceso electoral”, indicaron los clérigos.

Los integrantes de la Conferencia Episcopal temen una escalada mayor y piden a los líderes sociales que utilicen los medios legales que la misma Constitución ofrece para expresar el descontento y la insatisfacción.

“Es necesario que los manifestantes se mantengan dentro de la legalidad y, por lo tanto, no impidan el derecho de otros ciudadanos a la libre locomoción, al trabajo, a la educación y al comercio”, indicaron los obispos.

El pasado sábado 7 de octubre, miles de guatemaltecos volvieron a bloquear rutas en reclamo de la renuncia de la fiscal general. La cifra de carreteras bloqueadas este sábado fue la más alta de la semana, con casi 80 vías tapadas por manifestantes, desde que el pasado lunes se convocaran protestas masivas en contra de Porras Argueta para pedir su dimisión.

Para Giamattei y Porras Argueta, el triunfo de Arévalo fue imprevisto. El reclamo popular es que se respete el resultado, que intenta ser desoído tanto por el mandatario como por la fiscal general.

Las manifestaciones fueron convocada e iniciadas el pasado lunes por la organización indígena 48 cantones del departamento de Totonicapán, al oeste del país. Desde entonces, se han sumado diversos gremios, incluyendo universidades, médicos y comerciantes.

Las protestas se extendieron tanto frente al Ministerio Público en la Ciudad de Guatemala como en los bloqueos a las rutas que llegan a la capital. La organización indígena señaló que no se moverán hasta que Porras Argueta presente su renuncia.

Sin embargo, la fiscal ratificó que no tiene planes de dimitir a su cargo.

El viernes, la gremial que agrupa a los mercados públicos del país advirtieron que cerrarían todos sus puntos de venta si Porras Argueta no renunciaba antes del 9 de octubre. El ganador de las elecciones, Bernardo Arévalo calificó como "un golpe de Estado" en su contra, para evitar su investidura en enero de 2024 lo realizado por la fiscal general.

Cabe consignar que la fiscal general decidió intervenir, de forma inédita, en el proceso electoral con el decomiso de actas de votaciones y allanamientos tanto al Tribunal Supremo Electoral como a la sede del Movimiento Semilla.