La fiscalía de Guatemala declaró “nulas” las elecciones y la OEA la acusó de “golpe de Estado”

Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó este viernes "el intento de golpe de Estado" por parte de la fiscalía guatemalteca

"El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo", afirmó la secretaría general de la OEA en un comunicado.

Mientras tanto, en la conferencia de prensa donde anunció la nulidad de los comicios, la fiscal Augenia Morales afirmó que hubo anomalías en las actas finales de cierre de escrutinio" por lo que "son nulas de pleno derecho para las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, corporaciones y diputados al Parlacen (Parlamento Centroamericano)".

La funcionaria explicó que los formatos finales "no fueron aprobados por el pleno del Tribunal Suprema Electoral (TSE)", por lo que no fueron autorizados y no debieron utilizarse para consignar los resultados.

El jefe de la fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, presente en la rueda de prensa, aseguró que toda "la información que fue consignada en el acto de cierre y escrutrinios en todas las juntas receptoras de votos deberías de anulare".

"Esta información penal nosotros la vamos a presentar al Tribunal Supremo Electoral para que ellos la puedan analizar en los próximos días" y serán esa institución la que "logre establecer lo que pueda suceder", la que "tomará la decisión al respecto", aseveró.

En la misma rueda de prensa, la Fiscalía también señaló a Arévalo de supuestas ilegalidades en la formación de su partido, Semilla, en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero, por lo que insistió en que se debe retirar su inmunidad de presidente electo.

Las acusaciones de este viernes son un nuevo intento de la Fiscalía, dirigida por la fiscal general, Consuelo Porras, por evitar que Arévalo, quien sorpresivamente ganó los comicios en segunda vuelta en agosto, asuma el poder el 14 de enero, según sus partidarios.

A mediados de noviembre, la fiscalía presentó una solicitud para despojar de inmunidad a Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, a quienes acusa de instigar a estudiantes que ocuparon de mayo de 2022 a junio de 2023 la Universidad de San Carlos, la única estatal del país.

Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA han alzado la voz varias veces para criticar las maniobras de la Fiscalía contra Arévalo.

(Con información de agencias)