La fiscal general que imputó a Boluarte fue acusada de corrupción y suspendida seis meses

La funcionaria judicial, que imputó por sedición al ex presidente Pedro Castillo, mantenía en la actualidad un conflicto con la presidenta Dina Boluarte, a quien denunció por una masacre de campesinos cometida por el ejército en enero pasado

"Se dispone la suspensión provisional por seis meses de Patricia Benavides como fiscal suprema del Ministerio Público", indicó un comunicado de la Junta Nacional de Justicia, encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales.

La suspensión de Benavides busca que un procedimiento disciplinario que se le sigue por liderar, presuntamente, una red criminal se desarrolle de forma normal e "impedir su obstaculización", agregó el comunicado.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se pronunció hace una semana contra la continuidad en el cargo de la cuestionada fiscal general.

Benavides presentó ante el Congreso el 27 de noviembre, una denuncia donde acusa a Boluarte por el presunto delito de homicidio como responsable de la represión a las protestas contra su gobierno, que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder hace un año.

La denuncia contra Boluarte se activó luego que Benavides fuera acusada por una fiscal de encabezar una presunta red criminal enquistada en la cúpula de la fiscalía, desde donde supuestamente ejerció un tráfico de influencias con el Congreso e intercambió favores políticos. 

La jefa de la fiscalía ha dicho que no renunciará a su cargo, mientras que desde el Congreso algunas voces la defienden e indican que se trata de un complot para frenar investigaciones

La fiscal era percibida hasta ahora como una aliada de la coalición conservadora del Ejecutivo y el Congreso desde el inicio del actual gobierno.

Su gravitación política habia aumentado luego de acusar penalmente por corrupción al ex presidente Pedro Castillo, quien luego fue destituido luego de decretar la disolución del Congreso para evitar el juicio político habilitado por la Fiscalia, hace justo un año.

Desde entonces el ex mandatario está detenido preventivamente a la espera de un juicio que podría condenarlo a prisión hasta veinte años.

La acusación de Benavidez contra Boluarte, que puede conducir a la destitución de la presidenta, podría tardar algunas semanas en ser admitida, pero también puede ser usada como elemento de presión en una pugna entre el gobierno y el Congreso.

Boluarte asumió el poder en diciembre del año pasado tras la destitución de Pedro Castillo, lo que desató violentas protestas en zonas campesinas del país, donde el ex mandatario tenía fuerte respaldo como sindicalista docente y dirigente comunitario.

En esas manifestaciones, centradas en la provincia de Puno, murieron 54 personas, incluidos seis soldados, principalmente por balas del ejército, al que Boluarte convocó mediante el estado de excepción.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos una veintena de las víctimas fallecieron por impactos de bala disparados por las fuerzas militares.

(Con información de agencias)