La Corte blinda a la fiscal que impide la asunción del presidente electo Bernardo Arévalo

La Corte decidió, en una resolución, mantener el blindaje que le otorga la ley a la fiscal general, ya que solo puede ser destituida por el presidente del país cuando exista “una causa debidamente justificada”.

La misma ley precisa que hay una razón motivada cuando la máxima autoridad de la fiscalía haya cometido “un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada”.

Al mismo tiempo, un grupo de 14 exembajadores y diplomáticos de Estados Unidos que sirvieron en Guatemala y en otros países de Centroamérica solicitaron al presidente Alejandro Giammattei tomar las acciones necesarias para frenar a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público en contra del proceso electoral.

Los exfuncionarios norteamericanos, quienes han laborado en la región durante los últimos 40 años, pidieron al Presidente “en aras de frenar la inestabilidad política, tome definitivamente todas las medidas legales y necesarias para frenar los esfuerzos de la Fiscal General María Consuelo Porras”, ya que junto con sus partidarios, intenta continuamente subvertir la voluntad democrática del pueblo guatemalteco.

Cabe recordar que la fiscal general ordenó allanar la sede del Movimiento Semilla el mismo día en que Bernardo Arévalo, de esa formación política, ganaba las elecciones presidenciales el 20 de julio pasado. Eso impide la asunción de Arévalo pese a que Consuelo Porras recibe críticas de manipulación desde ese mismo día, tanto dentro de Guatemala como de organismos internacionales.

Los representantes de los Pueblos Ancestrales habían presentado una acción de inconstitucionalidad para que fuera modificada la ley donde se hace mención a la condena, de forma que la titular de la fiscalía pudiese ser destituida por causa justificada.

La petición de los líderes comunitarios, que encabezan las protestas y bloqueos en el país desde hace 18 días, busca abrir una posibilidad para que el presidente Giammattei cumpla con la principal demanda de los manifestantes: que la fiscal general, Consuelo Porras, salga de su cargo.

El mandatario guatemalteco ya había indicado a los representantes indígenas que no estaba en su mano “la destitución de Porras”. En una reunión con los líderes de las protestas argumentó que, de hacerlo, sería “extralimitarse en sus funciones”.

Los manifestantes acusan a la fiscal general de judicializar el proceso electoral y de socavar la democracia de Guatemala con sus actuaciones contra los magistrados electorales, contra los ciudadanos que participaron en el proceso de conteo y registro de votos y contra el partido de Arévalo, el Movimiento Semilla.

Advierten, además, que las protestas y bloqueos de carreteras no cesarán hasta que Porras renuncie o sea apartada del cargo. Con la resolución de la Corte de Constitucional, que ratifica el texto de la ley, solo podrá lograrse la destitución de la fiscal general con un proceso penal en su contra donde resulte condenada con sentencia en firme.

Un día antes al pronunciamiento sobre la fiscal, la Corte de Constitucionalidad emitió un comunicado en donde ordenaba desalojar a los manifestantes apostados frente al Ministerio Público. Sin embargo después de un diálogo, entre los líderes, el ministerio de Gobernación y la Procuraduría de Derechos Humanos se acordó que solamente se despejarían los puntos de acceso y salida al edificio.