El pasado viernes 5 de diciembre, se procedió a la detención de tres ciudadanos argentinos en la zona de San José mientras transitaban en dos vehículos que transportaban un total de 33 kilogramos de cocaína, acompañados por varias dosis de otras sustancia que se busca confirmar si se trata de ciclopentilo, una sustancia análoga al fentanilo, distribuida en tres envoltorios discretos.
Las autoridades uruguayas llevaban un año monitorizando sus movimientos. A lo largo del 2023, se observaron comportamientos sospechosos, consistentes con los patrones típicos de vehículos involucrados en el tráfico de drogas hacia Uruguay, según lo informado por el Ministerio del Interior.
En consecuencia, el Juzgado de 3° Turno los ha condenado como autores de los delitos de importación y transporte de sustancias estupefacientes, asociación para delinquir y desacato agravado. Los acusados, de edades comprendidas entre los 41 y 53 años, han sido sentenciados a penas de cuatro, cinco y cinco años y ocho meses de prisión, respectivamente.
Simultáneamente, la Justicia argentina ha decidido iniciar su propia investigación. La PROCUNAR, entidad perteneciente a la Procuración encargada de esclarecer delitos relacionados con el narcotráfico y bajo la dirección del fiscal federal Diego Iglesias, ha iniciado una pesquisa preliminar en las últimas horas, según confirmaron fuentes al sitio Infobae.
El informe detalla no sólo las identidades de los involucrados, sino también los datos relativos a los vehículos y los vínculos cercanos de los condenados. Se utilizarán las iniciales de los acusados para preservar la integridad de la investigación en curso. Entre ellos se encuentran M.A.G, residente de Monte Grande, registrado en los rubros de "intermediación financiera" de la AFIP y titular de cuatro vehículos, siendo el más reciente una camioneta Ford Ecosport Titanium.
A continuación, J.J.S.N, de Wilde, con actividades comerciales que abarcan desde la tintorería hasta la venta de autos usados, y que ha sido titular de nueve vehículos en la última década, incluyendo una Dodge Ram y un Toyota Camry con motor V6, posiblemente el mismo utilizado en el transporte a San José.
El tercer individuo es S.D.C, con residencia en Villa María, Córdoba, un empresario polirrubro con direcciones vinculadas en lugares como Cura Brochero. Según el Boletín Oficial, el condenado cordobés ostenta el cargo de presidente de una empresa ganadera.
Coincidiendo con las afirmaciones de las fuentes del caso, ninguno de los implicados tiene vínculos conocidos con el narcotráfico. Sin embargo, surge otro enigma por resolver: los propietarios de la sustancia estupefaciente raramente participan en su transporte. Las actividades comerciales de los detenidos generan dudas sobre la mera posibilidad de que actúen como simples intermediarios.
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