El hombre que vivía en la calle y que falleció en la madrugada del martes murió por causas naturales, según se detalla en la autopsia del caso, informó Subrayado y confirmó El Observador con fuentes de la investigación.
El informe del médico forense no menciona la hipotermia como la causa de muerte del hombre de 50 años, hipótesis que se manejó de forma primaria por la policía ya que fue encontrado en la calle luego de una fría madrugada. La autopsia agrega que la víctima tenía obesidad mórbida.
El cuerpo del hombre fue encontrado en las inmediaciones de Leandro Gómez y Timbúes, en el barrio Plácido Ellauri. Un vecino llamó al 911 por la mañana y los policías que concurrieron junto con la emergencia constataron el fallecimiento.
Otros vecinos declararon que el hombre se desplazaba en silla de ruedas –otorgada por el Programa Nacional de Discapacidad en febrero de 2019–, y que solía dormir por la zona.
Sin embargo, nunca entró a un refugio ni había tenido vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) desde esa época, cuando funcionarios de esa cartera –encabezada entonces por la ministra frenteamplista Marina Arismendi– lo visitaron en su casa del Cerro para darle la silla.
Tampoco figuraba en los registros del Programa Calle denunciado por algún vecino, informaron fuentes de la cartera.
Ante el anuncio del Instituto Nacional de Meteorología de una ola de frío que rige hasta este jueves, el Mides anunció que acentuaría los operativos en conjunto con la cartera de seguridad, un esfuerzo al que se sumó el Ministerio de Defensa, quien puso a disposición unidades militares para brindar alojamiento. En un comunicado difundido por el Ejército Nacional, se informó que estarían disponibles tanto unidades ubicadas en el interior del país como dos refugios en Montevideo, dentro del Comando General del Ejército y otro en la Avenida Instrucciones.
En lo que va del invierno, dos personas murieron de frío en la calle. En uno de los casos, la víctima solicitó ingresar a un refugio, no había cupos y falleció en la calle. A raíz de esta situación la fiscalía inició una investigación penal sobre eventuales responsabilidades de los funcionarios del refugio.
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