Francisco fijó límites y mayores controles a las contrataciones de la Santa Sede

Con estos nuevos documentos, Francisco refuerza los controles sobre las licitaciones y los gastos de los diferentes departamentos y organismos del Vaticano, que ahora deberán solicitar la aprobación de la Secretaría de Economía cuando el costo supere el 2% de los gastos total anuales de los propios dicasterios.

“El principio de subsidiariedad en la gestión de los bienes temporales de la Sede Apostólica garantiza una sana autonomía de los Entes que están puestos bajo su vigilancia, los cuales deben actuar con la ‘diligencia de un buen padre de familia’ y, por otra, consiente a las Autoridades que están encargadas de controlar y vigilar el cumplimiento de sus propias funciones”, señala uno de los documentos.

Tras la publicación de “Praedicate evangelium”, la constitución apostólica que reformó la Curia romana, Francisco avanzó con una serie de medias que buscan profundizar las auditorías y hacer más eficiente la administración de los recursos económicos y financieros con el objetivo de “armonizar el ejercicio actual de la Curia con el camino actual de evangelización de la Iglesia”, según señala el comunicado emitido por la oficina de prensa de la Santa Sede.

De los documentos firmados por Francisco se desprende que sólo los gastos inferiores a los € 150.000 no necesitarán autorización previa y que la Secretaría de Economía deberá responder a las solicitudes de aprobación en un plazo de 30 días, que se podrá extender otros 10 días como máximo, y que la falta de respuesta equivaldrá a la concesión de la instancia.

Los documentos, además, precisan que los organismos del Vaticano no podrán contratar empresas o personas que "han incumplido obligaciones relativas a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores, según la ley o los convenios colectivos aplicables", como así tampoco sociedades y personas que residan en jurisdicciones "de alto riesgo de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo y/o proliferación de armas de destrucción masiva".

Los “motu proprio” también modifican el código de contratación promulgado en 2020, al redefinir cuatro puntos de los objetivos perseguidos por la normativa, en conformidad "con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, el ordenamiento canónico de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano y la carta encíclica Laudato si'".

Los cuatro puntos se refieren a "la utilización sostenible de los fondos internos", "la transparencia del procedimiento de adjudicación", "la igualdad de trato y la no discriminación de los licitadores" y "la promoción de una competencia efectiva entre los licitadores, en particular mediante medidas contra los acuerdos de competencia ilícita y la corrupción".

(Con información de agencias)