En India denuncian hostigamientos contra periodistas y medios de comunicación

También se denunciaron varias redadas en las ciudades de Noida, Ghaziabad, Gurgaon y Bombay. Según informes locales, unas 50 personas fueron trasladadas a distintas comisarías para ser interrogadas. La mayoría de los detenidos fueron liberados luego de los interrogatorios.

El redactor en jefe del sitio web Newsclick, Prabir Purkayastha, y el administrador, Amit Chakraborty, han sido detenidos en relación con la ley antiterrorista Unlawful Activities Prevention Act (UAPA). Al menos 500 policías y agentes de inteligencia participaron en la operación.

Entre las personas objeto de allanamientos y detenciones se encuentran los conocidos periodistas Abhisar Sharma, Aunindyo Chakraborty, Bhasha Singh, Paranjoy Guha Thakurta, el cómico Sanjay Rajoura y la activista por los derechos humanos y expresa política Teesta Setalvad.

Tras su liberación, Sharma declaró: “Después de un largo día de interrogatorio por la célula especial de Delhi, estoy de vuelta en casa. Todas y cada una de las preguntas planteadas serán respondidas. No hay nada que temer. Y seguiré cuestionando a la gente en el poder y en particular a aquellos que tienen miedo a las preguntas sencillas. No retrocederé a ningún precio”.

Los registros policiales muestran que el caso contra Newsclick mediante la ley UAPA se registró el 17 de agosto, poco más de una semana después de que se publicara un artículo del New York Times en el que se afirmaba que NewsClick, entre otros medios de comunicación progresistas, forma parte de una red de propaganda informativa china.

El informe desencadenó un escándalo político y mediático en India, donde los medios de comunicación de derecha publicaron decenas de artículos en los que se acusaba sin fundamento a los miembros de los medios de ser propagandistas chinos.

Diputados del partido gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) y altas autoridades como el ministro del Interior, Amit Shah, también hicieron declaraciones similares en el Parlamento y a los medios de comunicación.

El Gremio de Editores de India ha hecho pública una declaración en la que expresa su profunda preocupación “por las redadas en las residencias de periodistas de alto nivel en la mañana del 3 de octubre, y la posterior detención de muchos de esos periodistas”. El gremio insta al gobierno indio “a seguir el debido proceso, y a no hacer de leyes penales draconianas herramientas de intimidación contra la prensa”.

La Unidad Estatal de Delhi del Sindicato de Abogados de toda India declaró estar “profundamente preocupada por las implicaciones de estas detenciones para la libertad de prensa y los valores democráticos que nuestra nación aprecia… La libertad de prensa es una piedra angular de cualquier democracia vibrante”.

La Asociación de Mujeres Demócratas de Toda la India (AIDWA) manifestó en una declaración pública: “Esta acción altamente antidemocrática, injustificada y represiva se ha llevado a cabo ostensiblemente para intimidar a periodistas independientes e intrépidos y a otras personas que se han mostrado críticas con las políticas del gobierno. El gobierno del BJP ha optado ahora por utilizar la draconiana UAPA, junto con otros artículos del Código Penal, para llevar a cabo estas últimas redadas y confiscar los efectos electrónicos, incluidos ordenadores portátiles y teléfonos móviles, de las personas afectadas”.

Testigos de los procedimientos dijeron que las más de 100 redadas domiciliarias duraron una media de entre cuatro y diez horas, y los interrogados se enfrentaron a una amplia gama de preguntas, como por ejemplo si habían informado o no sobre las protestas de los agricultores en India, las protestas contra la controvertida Ley de Enmienda de la Ciudadanía, la mala gestión de COVID-19 por parte de India o cualquier cosa considerada “antigubernamental”.

En algunos casos, la policía desbarató los domicilios en busca de material, y una persona denunció que las autoridades habían tirado sus libros al suelo y confiscado todos los títulos del filósofo alemán Karl Marx. A la mayoría de las personas detenidas se les incautaron teléfonos móviles y ordenadores.

También se allanó el domicilio del secretario general del Partido Comunista de la India, Sitaram Yechury. Tras la redada declaró a los medios de comunicación que “la policía vino a mi residencia porque uno de mis compañeros que vive conmigo, su hijo, trabaja para NewsClick. La policía vino a interrogarle. Se llevaron su computadora portátil y su teléfono. ¿Qué están investigando? Nadie lo sabe. Si se trata de un intento de amordazar a los medios de comunicación, el país debe saber el motivo”.

Los procedimientos de este martes no son los primeros realizados contra Newsclick. El medio fue allanado en febrero de 2021 por la Enforcement Directorate, alegando fraude económico y blanqueo de dinero. En aquel momento, muchos activistas destacaron que el ataque se había producido en medio de las crecientes protestas de los agricultores.

Newsclick era uno de los medios que informaba sistemáticamente sobre las protestas y había adquirido notoriedad por sus informes desde los campamentos de los agricultores. En ese caso, los tribunales del país habían concedido al sitio web protección frente a “medidas coercitivas” como la detención y el encarcelamiento por parte de las autoridades, pero ahora, la UAPA concede a las autoridades privilegios especiales para anular las protecciones judiciales.

La UAPA, creada en 1967, ha sido objeto de críticas crecientes por su uso por parte del gobierno para perseguir a activistas de derechos humanos, periodistas y académicos. La ley otorga al gobierno poderes especiales para obviar las libertades civiles, los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos, como el derecho a un juicio justo. La modificación de la UAPA en 2008 otorga al gobierno la facultad de designar como terroristas a personas o grupos sin que medie un proceso judicial formal.

Aministía Internacional declaró en 2020 que “el gobierno utiliza habitualmente la Ley de Prevención de Actividades Ilegales (UAPA) para eludir los derechos humanos y reprimir la disidencia. En 2018, la tasa de condenas en virtud de la UAPA fue del 27%, mientras que el 93% de los casos quedaron pendientes en los tribunales. Es una mera herramienta de acoso que el gobierno utiliza para hostigar, intimidar y encarcelar a quienes critican al gobierno. La lentitud de los procesos de investigación y las disposiciones extremadamente estrictas de la UAPA en materia de libertad bajo fianza garantizan que permanezcan encerrados durante años, creando un escenario propicio para la detención ilegal y la tortura”.

(Con información de Newsclick, Peoples Dispatch y agencias)