El Tribunal Constitucional de Guatemala respalda la asunción presidencial de Arévalo

El máximo tribunal exhortó al Congreso a “materializar” la toma de posesión de “todo funcionario electo en el proceso electoral de 2023″. El fallo fue dictado exactamente un mes antes del traspaso de mando, cuya realización aun peligra debido a los intentos de los fiscales por anular al Movimiento Semilla, el partido del nuevo mandatario. Sin embargo, a la presión internacional se suma esta decisión que da más certezas acerca de este conflicto de poderes.

El máximo tribunal emitió un comunicado contundente: “Se estudió la situación denunciada, directamente relacionada con la suspensión provisional de la inscripción de la persona jurídica de uno de los partidos participantes, así como la coyuntura nacional. El análisis, desde lo jurídico constitucional, se realizó para proveer de certeza al actuar en esta situación, especialmente al Congreso de la República, para que pueda, dicho organismo, proceder con certeza en su tarea de materializar la toma de posesión de los cargos, y desvanecer la amenaza denunciada”.

“La situación denunciada”, mencionada por el máximo tribunal, se refiere a la solicitud de amparo que pedía garantizar la democracia en Guatemala ante la amenaza de que “se desobedezca la voluntad popular, mediante cualquier acción u omisión tendente a afectar la toma de posesión y ejercicio de sus respectivos cargos”.

El 14 de enero de 2024, de acuerdo al fallo, debe haber cumplirse con el cambio de gobierno y deben asumir sus cargos tanto Arévalo como Herrera, su vice, además de los diputados electos.

El Ministerio Público intentó deslegitimar los resultados del balotaje del pasado 20 de agosto, cuando Arévalo ganó los comicios con el 58% de los votos. El triunfo del Movimiento Semilla envió un contundente mensaje ciudadano contra la corrupción y la impunidad que hay en Guatemala.

El Ministerio Público, a cargo de la fiscal Consuelo Porras, pidió el 8 de diciembre anular los comicios por supuestas “irregularidades administrativas del ente electoral”. La magistrada electoral, Blanca Alfaro, catalogó la petición de la Fiscalía como “una ruptura del orden constitucional”.

El presidente electo insiste que Consuelo Porras y su fiscalía intentan ejecutar un “golpe de Estado” en su contra junto a “otros actores corruptos”.

La Corte de Constitucionalidad, después de mucha presión nacional e internacional sobre las autoridades de Guatemala para garantizar el traspaso de mando, destaca en el fallo que el Congreso y su Junta Directiva no deben ignorar los resultados de las elecciones y proclamar el cambio de autoridades el próximo 14 de enero.

“Se exhorta al Congreso preservar el régimen democrático del Estado, observar los valores de la justicia, la seguridad y la paz, observando que, imperativamente, la renovación de los integrantes del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se lleve a cabo el 14 de enero de 2024, fecha prevista en la Constitución, con las personas electas, conforme los resultados avalados por el Tribunal Supremo Electoral, procurando la materialización de la unidad nacional, de los intereses de la población guatemalteca, por medio de un proceso pacífico de transición”, expresó el máximo tribunal.

El señala que el fallo enfatiza la autonomía del Ministerio Público, “pero deja totalmente claro que sus investigaciones no pueden impedir la finalización del proceso electoral, que culmina con la toma de posesión de los funcionarios electos”.

Un recurso de amparo del constitucionalista Ortiz Romero insta al presidente saliente, el conservador Alejandro Giammattei, a “promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso”.

El martes 12 de diciembre, Giamattei difundió una carta en la que asegura que no hay ninguna “acción” que impida que Arévalo asuma el poder. Sin embargo, nunca frenó a la fiscal Porras sino que fue aliado suya.

Giammattei acusó a Washington de “injerencia” porque varios embajadores estadounidenses en países centroamericanos apoyaron a Arévalo. También habló de “manipulación mediática y política de algunos miembros del Gobierno de Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral”.

Estados Unidos retiró las visas de más de un centenar de diputados guatemaltecos por “socavar la democracia”. Según el Departamento de Estado, la Fiscalía de Guatemala está llevando a cabo “acciones antidemocráticas” en contra del presidente electo, como evidencian las órdenes de arresto contra funcionarios electorales, la solicitud de retirar la inmunidad judicial a Arévalo y la pretensión de anular los resultados electorales.

Algunos gobiernos latinoamericanos, como los de Chile y Costa Rica, han dado su apoyo al presidente electo Arévalo. La Organización de Estados Americanos (OEA) también ha condenado la actuación del Ministerio Público y de la fiscal Porras.