El proyecto de ley del gobierno conservador británico de deportar inmigrantes irregulares a Ruanda es "incompatible" con las obligaciones del Reino Unido en materia de derechos humanos, advirtió el lunes una comisión parlamentaria.
El Tribunal Superior británico había declarado ilegal una versión anterior de la ley, por lo que el gobierno conservador de Rishi Sunak logró que la Cámara de los Comunes aprobara el 17 de enero una nueva versión.
El Tribunal Supremo había expresado sus temores a que los solicitantes de asilo fueran trasladados desde Ruanda a sus países de origen, donde estarían en peligro.
El primer ministro británico, Rishi Sunak, espera poner en marcha este plan, una de sus principales apuestas electorales, antes de las legislativas previstas para el segundo semestre de 2024.
Ahora, la comisión parlamentaria encargada de analizar los temas referentes a derechos humanos, compuesta por diputados conservadores y laboristas, pone en duda la viabilidad del nuevo proyecto de ley.
"Si el Reino Unido adopta una legislación que no respeta sus propios compromisos internacionales en materia de derechos humanos, dañará gravemente su capacidad de influir en otros países para que respeten el derecho internacional", escribió la comisión, en un informe de 52 páginas.
La comisión muestra su preocupación por el texto del proyecto de ley en puntos como "la obligación para los tribunales de considerar a Ruanda como un país seguro".
"Al negar el acceso a un tribunal para cuestionar la seguridad de Ruanda, el proyecto de ley es incompatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido", señala el informe.
El proyecto de ley debe ahora ser aprobado por los miembros de la Cámara de los Lores, que no son cargos electos, donde el gobierno no dispone de mayoría.
Una vez superadas eventuales modificaciones introducidas por la Cámara de los Lores, el proyecto deberá hacer frente posiblemente a nuevos recursos judiciales de organismos contrarios al proyecto de ley.
Una mayoría de representantes de la Cámara de los Lores votó el 22 de enero a favor de retrasar la ratificación del tratado hasta que el gobierno británico demuestre que Ruanda es un país seguro para los inmigrantes deportados allí.
También el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, líder espiritual de la Iglesia anglicana, criticó este proyecto en la Cámara de los Lores el 29 de enero.
(Con información de AFP)
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