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El Gobierno eliminará el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) creado en 1985
El Gobierno tiene previsto realizar una serie de cambios en la estructura de diversos organismos, entre ellos el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La propuesta incluye la transferencia de las dependencias del INAI al Ministerio de Justicia, lo que implicaría una reorganización significativa.
En primer lugar, se plantea eliminar el rango de instituto del INAI, lo que conllevaría la pérdida de su asignación presupuestaria actual. Esta medida se llevaría a cabo como parte de un proceso gradual que comenzaría con la reducción de la composición de personal mediante una exhaustiva auditoría.
Desde el Gobierno aseguran que, a pesar de los cambios en su estructura, el INAI seguirá cumpliendo su función principal de apoyo y atención a las comunidades indígenas del país. Similarmente, el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), dependiente de Capital Humano, también se verá afectado por esta reorganización propuesta por el oficialismo.
Federico Sturzenegger, el asesor presidencial Santiago Caputo, el vicejefe de Gabinete José “Cochi” Rolandi y el secretario de Legal y Técnica Javier Herrera Bravo están trabajando en la identificación de todos los organismos descentralizados que serán objeto de eliminación o reestructuración.
El INAI fue establecido en 1985 mediante la Ley de Asuntos Indígenas (23.302), con el objetivo de brindar atención y apoyo a las comunidades aborígenes del país. Inicialmente dependiente del Ministerio del Interior y posteriormente transferido al ámbito de Justicia, el instituto despliega diversas funciones a través de sus direcciones y áreas especializadas.
Entre sus tareas destacan la gestión del Registro Nacional de Comunidades Indígenas, el relevamiento territorial de dichas comunidades, el desarrollo de programas para su fortalecimiento y la atención de asuntos jurídicos relacionados. Además, el INAI presta asesoramiento y coordina acciones con los gobiernos provinciales para facilitar trámites y resolver cuestiones vinculadas a la inscripción y cancelación de comunidades en el registro nacional.
