Partidarios y adversarios de Luiz Inácio Lula da Silva se movilizaron este martes por todo Brasil, en una tensa víspera del juicio que puede derivar en el arresto del expresidente de izquierda, favorito para las elecciones nacionales de octubre.
El Supremo Tribunal Federal (STF) juzgará un pedido de la defensa de Lula, condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero, para que siga en libertad hasta agotar todas las instancias judiciales.
Si el recurso es aceptado, el caso podría extenderse durante años y Lula seguir haciendo campaña electoral. Pero si es rechazado, el líder del Partido de los Trabajadores podría ser detenido, a los 72 años de edad.
Cualquiera sea la decisión, tendrá una enorme repercusión sobre unas elecciones que se anticipan como las más inciertas desde el retorno de la democracia en 1985.
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"Vamos a presionar al STF", pide a sus seguidores el movimiento "Vem Pra Rua" (Sal a la calle), una organización muy activa durante el impeachment de 2016 que sacó del poder a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff.
Ese grupo convocó a manifestaciones en 117 ciudades para pedir que se mantenga la jurisprudencia que permite encarcelar a un condenado en segunda instancia, como Lula. El derechista "Movimento Brasil Livre" (MBL) anunció actos en todos los estados del país, con el lema "O vas, o [Lula] vuelve", exigiendo "la prisión del mayor bandido del país".
En el clima áspero que se agravó tras los disparos efectuados el 27 de marzo contra una caravana de Lula en el sur, la Central Única de Trabajadores (CUT) realizará desde este martes por la tarde una vigilia ante el domicilio del líder de la izquierda en Sao Bernardo do Campo (estado de San Pablo).
El esquema de seguridad del máximo tribunal será reforzado durante la sesión del miércoles. Las calles adyacentes al edificio serán bloqueadas y se colocarán vallas y un cordón policial para mantener separados a los manifestantes, dijo la Secretaría de Seguridad de la ciudad.
La presión sobre los magistrados tuvo nuevos capítulos este lunes, cuando abogados, jueces y fiscales de grupos antagónicos llevaron al STF escritos separados con miles de firmas para defender las dos posiciones en pugna.
Ese mismo día, arropado por unos 2.000 simpatizantes y movimientos de izquierda, Lula envió su mensaje a los magistrados: "Quiero que la corte suprema solo haga justicia", dijo en un acto en Río de Janeiro.
La agudización de los enfrentamientos llevó a la presidenta de la Corte Suprema, Cármen Lúcia, a hacer un inusual llamado por la paz social el lunes por la noche.
Pero hasta el propio STF no es ajeno a la polarización que recorre Brasil. El caso enfrenta a jueces "garantistas" y a defensores de la Operación Lava Jato, que desvendó una multimillonaria red de sobornos entre empresarios y políticos, que son vistos como más severos y partidarios del uso de la prisión preventiva y del cumplimiento anticipado de las penas.
Divididos, los 11 integrantes del STF debatirán un caso que, si bien es específico, su resultado podría indicar a los tribunales inferiores un cambio en la interpretación constitucional que permite encerrar a condenados en segunda instancia.
La última discusión de este tema terminó con un ajustado 6 a 5 en favor de la jurisprudencia vigente.
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