Crece la presión conservadora en Estados Unidos para que las escuelas públicas censuren contenidos raciales, de género, sexualidad e historia

El informe advierte que solo desde diciembre pasado se registraron 2.532 presentaciones en las legislaturas estatales y en las juntas educativas comunales que afectan un total de 1.648 títulos utilizados en 5.000 escuelas a las que asisten unos 4 millones de estudiantes. Un incremento de 1.000 presentaciones con relación al informe elaborado y presentado por la entidad en abril último.

El informe identifica al menos 50 grupos activos que promocionan las prohibiciones, la gran mayoría formado desde 2021 a la actualidad. Según el PEN América, “las órdenes mordaza en el ámbito educativo aumentaron en lo que va de este año un 250% con relación al mismo período de 2021”. El relevamiento detalla que en 36 Estados diferentes se presentaron 137 proyectos, en comparación con los 54 proyectos presentados en 22 Estados durante 2021.

Aunque solo 7 de los nuevos proyectos se convirtieron en ley este año, el informe destaca que algunas de las normas implican grados de censura nunca registrados en el pasado. “El dramático aumento en la cantidad de proyectos es en sí mismo un motivo de alarma. Refleja una mayor inclinación hacia la censura. Los presentados este año tienden a ser más punitivos, apuntan a un mayor número de instituciones y procuran restringir una variedad más amplia de expresiones”, alerta el documento.

Los especialistas coinciden en que en Estados Unidos hay una guerra legislativa. En el centro de la batalla se encuentran las “órdenes mordaza”: los intentos para restringir la enseñanza, la capacitación y el aprendizaje en las escuelas y en la educación superior. Las iniciativas, que generalmente se enfocan en temas raciales, de género, sexualidad e historia, se extendieron rápidamente a todo el país. “La batalla se ha intensificado”, dice el informe.

El trabajo afirma que “las iniciativas presentadas este año han sido notablemente más punitivas y es más probable que de aprobarse incluyan castigos cada vez más severos, como fuertes multas o la pérdida de fondos estatales para las instituciones, o incluso cargos penales contra los maestros”. Con relación al nivel educativo que afectan, el PEN América detalla que “el 39 % se ha centrado en la educación superior, en comparación con el 30 % del año pasado”.

Jonathan Friedman, autor principal del informe, explicó durante la presentación en Nueva York que "este movimiento que se acelera rápidamente ha resultado en que más y más estudiantes pierdan el acceso a la literatura que los prepara para enfrentar los desafíos y las complejidades de la ciudadanía democrática".

Aunque el PEN América reconoce la importancia del debate entre padres y educadores, incluso aquellos en lo que se pone en juego la utilización de determinados textos, la entidad señala que “las iniciativas mordaza han desbordado los márgenes habituales para convertirse en campañas sofisticadas y con muchos recursos”.

El documento puntualiza que “si bien la mayoría de los proyectos han seguido centrándose en la enseñanza de temas raciales”, un número creciente se ha orientado a censurar a las identidades LGBTQ+. Se trata de un total de 22 iniciativas, incluido el proyecto de Ley HB 1557 de Florida, conocido popularmente como "No digas gay".

“Más del 40% de los títulos prohibidos abordan temas de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer, o tienen personajes queer”, especifica el documento. El libro más prohibido es "Gender Queer: A Memoir", de Maia Kobabe, censurado en 41 distritos escolares. Las prohibiciones, incluso, alcanzaron al difunto premio Nobel Toni Morrison, cuyas obras tratan en gran medida sobre cuestiones raciales. “También a otros ganadores de prestigiosos premios literarios”, aclara.

El trabajo puntualiza que es en el estado de Texas en donde se presentaron la mayor cantidad de iniciativas mordaza desde diciembre pasado, seguido por Florida y Pensilvania. “Por primera vez, algunos proyectos se han dirigido a escuelas y universidades privadas”, especifica el informe.

“Hace apenas unos años, los legisladores republicanos defendían proyectos de ley que protegían la libertad de expresión en los campus universitarios; ahora, muchos de ellos se concentran en proyectos que censuran ideas particulares”, alerta el documento. El informe advierte también sobre una creciente tendencia a presionar por una revisión de la jurisprudencia existente.

El trabajo recuerda que si bien los gobiernos estatales y las juntas escolares tienen libertad para establecer estándares curriculares, la Corte Suprema del país también ha afirmado que, al hacerlo, deben reflejar los principios democráticos y reservar espacio para la disidencia. “Estamos convencidos que las órdenes mordaza violan estos preceptos y deben ser revertidas”, enfatiza el informe.

En este sentido, los autores hacen referencia al falló del exintegrante de la Corte Suprema William Brennan, quien en 1967, en un fallo por mayoría, estableció que las escuelas no deben “arrojar un paño mortuorio de ortodoxia sobre el salón de clases”. Posición que reafirmó en 1982 a favor de la pluralidad, al señalar que las escuelas públicas deben operar “de una manera que concuerde con los imperativos trascendentes de la Primera Enmienda”.

Con relación a este punto, el PEN América destacó que “han comenzado a aparecer demandas que piden a los tribunales que interpreten las órdenes mordaza de la manera más amplia posible, mientras que las juntas estatales de educación han dictado sanciones draconianas que exceden lo que exigen las leyes”, dice en texto.

El documento subraya que la educación es un bien sujeto al debate público, la deliberación y la supervisión, reconoce que las partes interesadas deben tener voz en el sistema educativo y destaca que no es la intención del organismo “tomar una posición sobre los beneficios o inconvenientes de materiales curriculares específicos, enfoques educativos, marcos intelectuales o capacitaciones profesionales”.

“Nuestras serias preocupaciones se refieren a las órdenes mordaza (...) Como organización literaria y de derechos humanos, nuestra principal preocupación es la censura estatal al libre flujo de ideas y las restricciones gubernamentales a la libertad de leer, aprender y enseñar”, puntualiza. Según la organización, las perspectivas no son buenas: “El asalto a la educación continuará”.

El texto recuerda que “en una democracia, la respuesta a los desacuerdos nunca puede ser prohibir la discusión de ideas o hechos, simplemente porque causan malestar”. Muchos menos, dicen los autores, “en la medida que la sociedad estadounidense reconoce la persistencia de la discriminación racial y la inequidad, y las complejidades de la memoria histórica”.

“El año se puede resumir en una sola palabra: escalada”, afirma el informe. “La avalancha de proyectos que no se aprobaron también merecen atención” porque  “tiene buenas posibilidades de ser vueltos a debatir en 2023 y “evidencian el deseo de los legisladores de censurar a los educadores en más lugares y usar medidas más extremas de las que ya han usado”.

El documento del PEN América finaliza afirmando que las iniciativas prohibicionistas “crean un amplio efecto escalofriante entre maestros y profesores, tanto por su omnipresencia como por el discurso de censura que inspiran”. Una campaña nacional prohibicionistas en las aulas que no muestra signos de disminuir.