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Crece la incertidumbre en Guatemala a días de la asunción del mandatario electo Bernardo Arévalo
En una nueva movida que eleva la incertidumbre institucional en Guatemala, el Congreso quitó la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por supuestos actos de corrupción en el marco de una causa paralela que lleva adelante la Fiscalía General contra el mandatario electo Bernardo Arévalo, cuya asunción está prevista para el 14 de enero próximo.
El TSE y Arévalo están en la mira de la Fiscalía desde los comicios, y el presidente electo denuncia que se trata de un intento de impedir que asuma el poder debido a su promesa de combatir la corrupción que aqueja al país.
"Lo que sí sabemos es que no nos la van a hacer fácil, que van a seguir usando cualquier medio, construyendo casos, tratando de obstaculizar. Pero la toma de posesión el 14 de enero es inevitable", aseguró Arévalo, tras conocerse la decisión del Congreso.
La decisión de quitarles los fueros a los cuatro magistrados fue aprobada por 108 votos a favor y 26 en contra por el legislativo, dominado por el oficialismo, al acoger una recomendación de una comisión investigadora especial.
Los magistrados que quedaron sujetos a una investigación penal son la expresidente del TSE, Irma Palencia, y sus colegas Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco.
El diputado de oposición Orlando Blanco advirtió que el objetivo de la Fiscalía y de otros posibles actores golpistas es nombrar nuevos magistrados en el TSE para revertir el triunfo de Arévalo. "Nunca habíamos tenido la situación que se está dando el día de hoy", puntualizó Blanco.
La Fiscalía, cuyas maniobras han sido criticadas por la comunidad internacional, allanó en reiteradas ocasiones la sede del tribunal desde que se celebraron los comicios y pidió quitar la inmunidad a los magistrados por la supuesta compra a sobreprecio de un sistema informático.
El 27 de septiembre pasado, la Fiscalía presentó los pedidos de desafuero, afirmando que el TSE adquirió a sobreprecio un sistema informático de transmisión de resultados electorales, petición avalada el 7 de noviembre último por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para la directora de la organización ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, el levantamiento de la inmunidad no debe afectar el resultado de los comicios, ni la toma de posesión de Arévalo. "Lo que se está cuestionando es si hubo actos de corrupción y otras anomalías en la compra del software, nada más, no se está cuestionando el resultado electoral", explicó Ibarra.
La Fiscalía sostiene que existen "irregularidades" en la compra del sistema de transmisión de resultados electorales que funcionó en los comicios generales del 25 de junio y en el balotaje del 20 de agosto, software que sólo está vinculado a la publicación de los datos de manera rápida y que no tiene nexos con los resultados oficiales.
Otros cuatro magistrados del TSE están investigados en el mismo caso, pero fueron beneficiados con un amparo provisional ordenado por la CSJ.
La Fiscalía también pidió este mes quitar la inmunidad a Arévalo y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, lo que ha elevado la incertidumbre a semanas de asumir sus cargos, solicitud que debe ahora ser avalada por la CSJ antes que sea debatido en el Congreso.
La Fiscalía quiere llevar a juicio a Arévalo y Herrera por haber apoyado la toma de una universidad estatal en 2022. Además, consiguió inhabilitar al partido Semilla, del presidente electo, por supuestas irregularidades en la inscripción de afiliados en 2017. Arévalo, por su parte, ha denunciado que la Fiscalía orquesta un "golpe de Estado" para impedir que asuma el poder.
(Con información de AFP)
