Codicen deja en manos de Policía y Justicia el problema de las faltas

El ausentismo escolar –que puede llega a tres meses en el año en niños de 3, 4 y 5 años, de 20 días entre los 6 a 12 años , y de 15,3 días al año en Secundaria– es la antesala para la desvinculación del estudiante del sistema. Eso pretende ser controlado definitivamente por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que en diciembre del año pasado votó el “Protocolo de seguimiento y actuación para garantizar el derecho a la educación” con el fin de cumplir con la Constitución: “Proteger a los niños y adolescentes (...) de la exclusión en los lugares de estudio (...) y velar por su educación”.

De acuerdo a lo establecido en el protocolo, al cual tuvo acceso El Observador, las situaciones que “afectan el derecho a la educación” de los niños y adolescentes pueden ser cuatro: la no inscripción en un centro educativo; estar inscrito y no concurrir; estar inscrito, haber concurrido y desvincularse, o concurrir de manera intermitente.

De darse alguno de estos cuatro casos, lo cual se controlará en tiempo real a través de un software que cargarán con información todos los días, se activa el protocolo, el cual fija que –como máximo– un alumno de Primaria, Secundaria y UTU puede tener hasta tres faltas de corrido.

A la tercera, se dispara la alarma y empieza a ejercerse el control (ver recuadros). Actualmente, esto se está implementando a nivel de Primaria mediante el sistema Gurí; pero el Codicen resolvió dejarlo en negro sobre blanco y extenderlo también a la educación media.

Policía puerta a puerta

Lo peculiar de este protocolo es la injerencia que puede llegar a tener la Policía e incluso la Justicia (ver nota en página 3) cuando un alumno no asiste a clases.

Si bien la idea es que primero actúen los “espacios interinstitucionales” que funcionan en la comunidad donde está el alumno (las autoridades o la comisión de fomento del centro educativo, el Mides), y que se intervenga como “red de contención” del estudiante y su familia, el protocolo establece que “agotados” estos procedimientos “se procederá a requerir la intervención de la autoridad policial, activando el mecanismo de la Policía Comunitaria”.

En cada jefatura departamental existe una oficina técnica conformada por policías comunitarios y técnicos (psicólogo, asistente social, sociólogo, abogado, etc.). La forma que propone el protocolo de “activar” la intervención de la Policía Comunitaria es que “el Director de centro educativo y/o el Inspector correspondiente del instituto de enseñanza ponga en conocimiento del comisario de la seccional correspondiente la situación de inasistencia del niño o adolescente, con solicitud de que éste determine la intervención del agente de Policía, o en caso de no existir, de otro agente calificado que cumpla dicha función”.

La idea es que “el policía concurra al hogar para hablar con los padres o adultos a cargo del niño afectado e intimarlos a regularizar la asistencia al centro educativo, actuando como un policía de cercanía”.

Si las inasistencias continúan, la dirección del centro educativo deberá presentar un informe de la situación al comisario a los efectos de pasar el tema al Juzgado de Familia. “En cualquier caso será obligatoria la denuncia por parte del centro educativo o del Consejo correspondiente, en caso de incumplimiento de los deberes correspondientes por parte de los responsables legales”.

Quien encabezó la elaboración de este protocolo es el exrepresentante de la oposición en el Codicen, Daniel Corbo, quien aseguró a El Observador que este protocolo permitirá al sistema educativo contar con información fehaciente a todos los niveles. “Ahora el sistema educativo va a dejar de estar omiso en sus controles, se va a saber quién y en dónde falta, y por qué falta”, dijo Corbo.

Otra de las medidas que fija este protocolo es la entrega de información por parte de las instituciones de educación privada. Según explicó Corbo, “muchas veces la información se pierde porque no sabemos si un estudiante se fue o no a un colegio privado”. De ahora en más, las instituciones privadas deberán informarle dos veces al año a la ANEP qué estudiantes ingresan, o piden pase para otro centro, o dejan de concurrir. Los estudiantes no se podrán escapar. Al menos esa es la idea.