Caso Penadés: exdirector del Comcar fue condenado a tres años de prisión

Taroco fue condenado por cohecho calificado, asociación para delinquir y reiterados delitos de revelación de secreto a tres años de cárcel de "cumplimiento efectivo" y deberá pagar una multa de 51 Unidades Reajustables ($ 83 mil). Además, recibe una inhabilitación de tres años para ocupar cargos públicos. 

Al llegar a un acuerdo, Taroco reconoció su participación en la trama y eso le permite reducir hasta un tercio su pena. 

La fiscal de delitos sexuales Alicia Ghione venía negociando con Taroco con el objetivo de cerrar el caso en un proceso abreviado pero no lograban ponerse de acuerdo. Según dijeron fuentes al tanto de las negociaciones, Taroco no estaba de acuerdo con que como parte de la pena debiera indemnizar económicamente a las víctimas. En la audiencia hubo diferencias acerca cómo se debía ejecutar ese pago pero finalmente se acordó una reparación patrimonial. 

Según informaron fuentes de la defensa de las víctimas, el artículo 80 de la ley de violencia basada en género aplica para nueve víctimas. 

"En la sentencia de condena, además de la pena, se dispondrá una reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a doce ingresos mensuales del condenado, o en su defecto doce salarios mínimos, sin perjuicio de su derecho a seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del daño", dice el mencionado artículo. 

Ese tema también generó polémica en la última audiencia por el caso, celebrada el 19 de diciembre, en la cual la Justicia condenó a otros cinco implicados en esa trama para ayudar al senador a limpiar su imagen.

La Fiscalía presentó el acuerdo sin incluir la condena de reparación a las víctimas abarcadas por la ley 19.580, lo que sí fue advertido por la defensa de las víctimas, Soledad Suárez, quien planteó que dado que el objetivo de la trama era amedrentar a los denunciantes para que no denunciaran, y como se trataba de un delito de violencia de género, correspondía incluir la reparación a las víctimas, que son cuatro de las once (tres menores y Romina Celeste Papaso). 

Ante el planteo, la fiscal Ghione dijo que compartía el argumento, admitió que se había olvidado de incluirlo en la acusación por lo que pedía disculpas. La jueza Marcela Vargas entendió que era de orden incluir esa condena por lo que le dio la razón a la defensa de las víctimas. Y aunque por un momento el acuerdo estuvo a punto de caerse, finalmente todos los imputados lo aceptaron por lo que sus casos se cerraron ahí.