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Bustillo viaja a Nueva Zelanda a entregar “en mano” solicitud de adhesión al Acuerdo Transpacífico
El canciller Francisco Bustillo partirá este viernes rumbo a Australia y Nueva Zelanda con el objetivo de entregar en mano a las autoridades de este último país el primero de diciembre la solicitud de adhesión de Uruguay al Acuerdo Transpacífico (conocido por las siglas CPTPP o TPP-11), según confirmó El Observador con fuentes de la Cancillería.
Al haberse fundado en Auckland, Nueva Zelanda es donde está depositado el acuerdo firmado por todos los integrantes, por lo que se estila hacer la solicitud ante este país.
La decisión de sumarse a este selecto club de libre comercio que integran, además de Australia y Nueva Zelanda, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur y Vietnam, fue comunicada la semana pasada por el presidente Luis Lacalle Pou a los líderes políticos en una reunión en la Torre Ejecutiva.
En ese encuentro, el mandatario les dijo que Uruguay contaba con tres informes –uno del Ministerio de Economía, otro de la Cancillería y uno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)– que concluían que para el país era positivo formar parte del grupo aunque debía modificar algunas normas internas, algo que de todos modos no consideraba tan complejo.
Con pequeños matices, el anuncio fue respaldado por la coalición, mientras que la oposición solicitó que le envíen los documentos para analizarlos y tomar una definición.
Desde la Cancillería dijeron que en estos días Bustillo distribuirá los tres informes a todos los partidos políticos.
El anuncio de Lacalle Pou fue comentado por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en la reunión del Secretariado Ejecutivo de la coalición de izquierda que se realizó este lunes.
En la reunión, Pereira mencionó que el gobierno se había comprometido a facilitar la información y pidió a los dirigentes tener cautela a la hora de referirse al tema hasta que la coalición de izquierda adoptara una posición orgánica.
Más allá de estos comentarios iniciales, el presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA (Carifa), el exvicecanciller Ariel Bergamino, hizo un informe verbal describiendo cómo funcionaba el CPTPP y cuál era su alcance.
Los 11 países que integran el Acuerdo Transpacífico tienen casi 500 millones de habitantes y representan más del 13% del PBI mundial.
En este contexto, en la izquierda recordaron que mientras estaban en el gobierno tanto Tabaré Vázquez como Danilo Astori abogaron por una mayor apertura comercial buscando firmar un Tratado de Libre Comercio con China o ingresando a la Alianza del Pacífico.
Este último grupo es diferente al Transpacífico, ya que está formado por Chile, Colombia, México y Perú, aunque también tiene como objetivo mejorar las relaciones comerciales con los países asiáticos que están del otro lado del Pacífico. Se formó en 2011 y Uruguay se sumó como observador en 2012, aunque Astori intentó durante todo el gobierno de José Mujica –cuando era vicepresidente– aumentar el nivel de participación.
La idea de la coalición de izquierda es conocer los argumentos que tomó el gobierno para establecer una posición, sabiendo a priori que deberán zurcir en la interna de la Carifa hasta lograr un acuerdo, dado que entre algunos sectores hay visiones antagónicas acerca de las estrategias de inserción internacional que debe seguir Uruguay.
Mientras que los más moderados liderados por Astori y Bergara son más afines a este tipo de acuerdos siempre que no se perjudique al Mercosur, otros grupos como el Partido Socialista o el Partido Comunista suelen posicionarse en contra.
En la reunión con los líderes políticos, Lacalle Pou manifestó que Uruguay debía hacer cambios en patentes y monopolios, aunque –según manifestó– ambos obstáculos eran “superables” y no implicaban grandes modificaciones normativas.
En particular, en el gobierno entienden que las empresas monopólicas –UTE, OSE y Ancap– actúan solo en el mercado local por lo que las regulaciones exigidas para ser parte del acuerdo no las alcanzan. Pese a esto, tal como informó El Observador meses atrás, entre la diplomacia hay quienes piensan que puede ser necesaria una modificación de la Constitución, una posición que también alcanza a dirigentes del FA.
En el caso del capítulo de propiedad intelectual, Uruguay tiene pendiente la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Este acuerdo supone una desburocratización que permite, por ejemplo, que si un científico alemán está viviendo en Estados Unidos y descubre una fórmula de un medicamento puede patentarlo en ese país y comenzar a producirlo para los países que integran el PCT.
Uruguay es de los pocos que aún no ha adherido y no perdería soberanía por sumarse a este tratado, pero habilitaría a que algunos medicamentos que hoy solo se realizan en el país también se puedan realizar en el exterior. Esto es percibido como una “amenaza” por los laboratorios nacionales, según dijo Lacalle Pou.
