Que todo puede pasar. Que no se puede cantar victoria de antemano. Que los números son muy apretados y que hay que esperar. Los dirigentes del Frente Amplio son reacios a aventurar un pronóstico sobre lo que pasará el próximo sábado cuando se sometan a discusión del Plenario los 17 dictámenes del Tribunal de Conducta Política (TCP), entre los que se destacan dos fallos contundentes contra el proceder del ex vicepresidente Raúl Sendic y el actual senador Leonardo De León, ambos cuestionados por el uso indebido de las tarjetas corporativas.
Sin embargo, a solo dos días de esa instancia definitoria, el sentimiento extendido en la fuerza política es que está "todo encaminado” para una sanción que los inhabilite a ambos a postularse como candidatos a cargos electivos en las elecciones del próximo año, en línea con lo que pretenden los principales grupos del oficialismo.
Algunas señales emitidas en las últimas horas dan sustento a esa premonición que nadie quiere decir muy alto con tal de no tentar a la suerte. Por ejemplo, que las bases de Montevideo –que acumulan 41 de los 175 votos del Plenario– están mayoritariamente inclinadas hacia una sanción de ese tenor. Este martes, cuando varias coordinadoras comenzaban a definir su postura de cara al sábado, representantes de los sectores se reunieron con delegados de las bases de Montevideo para discutir un borrador de la sanción que podría caberle a los dirigentes cuestionados, con especial foco en los dos referentes de la lista 711.
Entre las distintas propuestas existen ciertos matices, como la extensión de la inhabilitación –se discute si poner el límite en 2019 o 2020, incluyendo las elecciones municipales– o la prohibición de designar a los sancionados para cargos ejecutivos. Según fuentes al tanto de las negociaciones, los comités de la capital y del interior están mayoritariamente dispuestos a “ir a fondo” en las sanciones y “liquidar” el asunto. En Montevideo, según supo El Observador, las coordinadora K, L y M (que comprenden barrios como Malvín, Buceo, Carrasco, Pocitos, Punta Carretas y Punta Gorda) ya definieron su respaldo a una moción de inhabilitación, y otras zonales seguirán el mismo camino.
Por su parte, unas pocas coordinadoras donde la 711 tiene mayor influencia, como la H y la Q (que incluyen barrios como Colón, Melilla, Malvín Norte y Unión), se inclinan por aportar algún voto negativo.
Para bloquear una sanción, la agrupación de Sendic y De León precisa conseguir que al menos 36 de los 175 integrantes del Plenario no acompañen la moción. Según el estatuto del Frente Amplio (FA), tras un fallo del TCP el Plenario Nacional puede “adoptar decisiones por cuatro quintos de sus integrantes, salvo los casos de expulsión de adherentes, que necesitarán nueve décimos de integrantes”.
El órgano partidario está integrado por 85 representantes de los sectores, 85 delegados de las bases, y los 5 integrantes de la presidencia del FA (que incluye tres vicepresidencias por los sectores y una por las bases). La lista 711 cuenta con 5 votos en el Plenario, por lo que necesitaría rascar otros 31 (ya sea votos en contra, abstenciones o inasistencias) para bloquear una sanción.
Entre los sectores, el MPP es el que tiene más votos (18), seguido por el Frente Líber Seregni (16), el Partido Comunista (13) y el Partido Socialista (10). Del lado de las bases, Montevideo tiene 41 votos, Canelones 10 y el resto tiene entre uno y cuatro votos por departamento. Los delegados de las bases se definen en las elecciones internas partidarias que realiza el FA cada cinco años. Allí, además de votar a un presidente de la fuerza política, los militantes frenteamplistas eligen quién los representará en la coordinadora de base. En el caso específico de Montevideo hay 18 coordinadoras que agrupan por zonas a los comités. Cada una de esas coordinadoras tiene al menos un representante en el Plenario, y los restantes 23 escaños se reparten en proporción a la cantidad de votos que recibe cada coordinadora.
Entre tanta tensión e incertidumbre, el excanciller y actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha conseguido unir a la coalición de gobierno en su contra y los sectores y los delegados de base están de acuerdo en expulsar a Almagro de la fuerza política debido a sus actos al frente del organismo internacional, especialmente por sus decisiones sobre el tema Venezuela.
El Tribunal de Conducta Política catalogó como una “violación” de los principios del FA las declaraciones de Almagro en las que el jerarca no descartaba una intervención militar en el país gobernado por Nicolás Maduro.
Si la sanción a un dirigente requiere un alto grado de consenso, el estatuto del Frente es aún más exigente para expulsar a un afiliado, requiriendo que al menos nueve de cada diez integrantes del Plenario den el visto bueno para ello.
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