Agentes federales estadounidenses arrestaron a cuatro sospechosos más, entre ellos el dueño de una empresa de seguridad de Miami (Florida), por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, cometido el 7 de julio de 2021, informó la Fiscalía del Distrito Sur de ese estado.
El venezolano-estadounidense Antonio Intriago, de 59 años, dueño de la empresa de seguridad estadounidense CTU Security, se encuentra entre los arrestados.
Está acusado, entre otros cargos, de "conspirar para proporcionar recursos para matar o secuestrar a una persona fuera de EE. UU.", indicó en rueda de prensa el fiscal Markenzy Lapointe.
También fue arrestado y acusado del mismo cargo Arcángel Pretel Ortiz, de 50 años, de origen colombiano, residente legal estadounidense y asociado de Intriago.
Los detenidos integraban el grupo que el fiscal Lapointe denominó "planificadores" del complot para asesinar al presidente haitiano.
Los otros dos detenidos son el empresario ecuatoriano-estadounidense Walter Veintermilla, de 54 años, y el estadounidense Frederick Joseph Bergmann Jr, de 64, residente en Tampa, acusados de supuestamente financiar la operación y realizar contrabando de mercancías, respectivamente.
Veintermilla y Bergmann formarían el segundo grupo implicado en el magnicidio, el de los "financieros", en palabras de Lapointe.
El fiscal precisó el martes que con los cuatro arrestos sube a 11 la cifra de personas bajo custodia de Estados Unidos. con "cargos criminales por su papel en el asesinato" de Moïse.
El resto de los detenidos configuraban el tercer grupo, el de los "operadores", es decir, la partida de exsoldados y otros contratados para perpetrar en Haití el asesinato de Moïse, cometido en su dormitorio de la residencia presidencial.
Según documentos judiciales, al menos desde febrero de 2021 hasta julio de ese año, el sur de Florida "sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moïse y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores".
Tras el crimen, el país quedó sumido en un caos político y social con el dominio de vastas áreas económicas en manos de mafias locales con capacidad para doblegar a la débil policía nacional.
Las autoridades interinas pidieron incluso la intervención militar de Estados Unidos para controlar la situación luego de que los grupos paramilitares tomaran los depósitos de combustibles próximos a la capital, Puerto Príncipe, algo que fue desechado por la Casa Blanca.
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