A un año de ser presentada, junta anticorrupción no trató denuncia contra Arbeleche por exoneración de impuestos a empresa en la que trabaja su esposo

Hace un año, en marzo de 2023, la vocal por el Frente Amplio en la junta anticorrpución (Jutep), Ana Ferraris, pidió el estudio de oficio del caso, ante lo que entiende puede rotularse como un posible “conflicto de intereses” que contraviene la ley de buenas prácticas de la función pública.

Un año después, Ferraris dijo a El Observador que “el asunto no ha sido tratado” por la Jutep.

En un correo electrónico enviado en marzo de 2023 a la presidenta del directorio de la Jutep, la representante por el Frente Amplio explicó que el Ministerio de Economía “resolvió declarar promovida la actividad de un proyecto de inversión presentado por Lanafil S.A. disponiendo una serie de exoneraciones tributarias así como el otorgamiento de un crédito por el IVA, entre otros beneficios”.

Y especificó que “de la información que surge de la declaración jurada de la señora ministra (Arbeleche) surge que su cónyuge es dependiente de Lanafil S.A ostentando el cargo de Gerente General de la empresa según surge del sitio web de la misma”.

El mismo año en que el Ministerio de Economía decidió la exoneración parcial de impuesto, la declaración de la ministra Arbeleche (firmante de esa habilitación) dejaba constancia que su conyugue tenía un sueldo líquido de 354.534 pesos uruguayos como empleado de Lanafil S.A.

El origen del supuesto “conflicto de intereses”: en agosto de 2022 el MEF resolvió la aprobación de la financiación de un proyecto que la empresa que gerencia el esposo de Arbeleche había presentado ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), que tiene como objetivo “la realización de obra civil, adquisición de equipamiento, vehículo utilitario, vehículo utilitario eléctrico y vehículo de pasajeros eléctrico”.

La declaración del MEF por “promovida la inversión” de más de 40 millones de pesos, exonera a la empresa “de tasas y tributos a la importación (y) todo tributo cuya aplicación corresponda en ocasión de la importación de bienes muebles de activo fijo y materiales destinados a la obra civil promovida”, además de la liquidación del impuesto al patrimonio de “los bienes que se incorporen con destino a la obra civil”.

Eso supone más de 27 millones de pesos exonerados por un crédito del IVA y casi 20 millones por IRAE.

Hace un año, tras la denuncia de la vocal Ferraris, el MEF había defendido su actuación, pero se negó a revelar la documentación que la acreditara porque, justificó, se tratan de “datos sensibles” de la empresa beneficiada.