Los riesgos priorizan la internación

Son atendibles las objeciones de tipo legal al proyecto de ley del Poder Ejecutivo para la internación compulsiva de los drogadictos. Pero lo justifican los riesgos de la drogadicción para los involucrados y para la seguridad pública, amenazada por una incontrolada situación crítica. La adicción a las drogas, especialmente a la pasta base entre los jóvenes, son un peligro evidente para sus consumidores. Es frecuente encontrar adolescentes y hasta niños corroídos por la pasta base, pariente pobre de la cocaína cuyos ingredientes químicos causan deterioro mental y apresuran el derrumbe de la personalidad. El resultado frecuente es caer en la delincuencia, muchas veces sangrienta y a cargo de menores.
El proyecto del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, busca dos objetivos. Uno es rescatar las víctimas de una adicción destructiva y procurar su rehabilitación. El otro es sacar de las calles a personas potencialmente propensas a delinquir bajo el efecto de las drogas, como forma de proteger a una población que vive bajo el temor de una ola de rapiñas, robos, copamientos y asesinatos que no decae pese a los esfuerzos policiales. Entre enero y julio de este año hubo 163 homicidios en el país, 56,7% más que en igual período del año anterior. Si bien no todos fueron consecuencia de los desórdenes de personalidad que inducen las drogas, el pavoroso aumento porcentual tiene un vasto componente de ese origen.
No se puede soslayar la complejidad del tema. Por un lado, entre legisladores del propio Frente Amplio han surgido reservas al texto de Bonomi. Propugnan reformarlo para asegurar que no se violen garantías individuales de los drogadictos y objetan que el texto los considere un riesgo no solo para sí, sino también "para terceros", referencia al peligro que suponen para la seguridad pública. Por otro lado, algunos juristas, incluyendo al ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, estiman que la norma del Poder Ejecutivo es inconstitucional. Pese a esta posición, sin embargo, desde hace varias semanas hay jueces que, inducidos por el apremio de la realidad, han sacado del olvido y aplican la ley del Psicópata, de 1936, que autoriza las internaciones compulsivas.
Bonomi sostuvo que oponerse a la internación de drogadictos peligrosos "atenta contra la libertad de las (demás) personas" para gozar de una convivencia social ordenada y pacífica. Las objeciones legales y morales tienen peso. Pero es necesario que se concilien con las prioridades del proyecto del gobierno, que pesan más, de tratar de curar a los drogadictos y, al mismo tiempo, reducir el peligro delictivo que sus acciones irrestrictas en las calles plantean a la seguridad de la población. Esta conciliación de posiciones disidentes no es el único problema. Desbordada en 50% la capacidad del Vilardebó, único centro para estas internaciones además de una pequeña unidad de ASSE, se requerirá crear al menos una nueva institución especializada para tratar drogadictos, incluyendo a los que tienen proclividades delictivas. Pero en lo fundamental, corresponde aceptar la lógica del proyecto del gobierno para protegerlos de sí mismos y para proteger la población de la violencia delictiva que la drogadicción contribuye a desencadenar.