Si la FIFA tenía alguna esperanza de limpiar su imagen internacional, la perdió ayer. Tres horas después de lanzar con pompa su investigación sobre el otorgamiento de los mundiales 2018 a Rusia y 2022 a Catar, que concluía que a grandes rasgos el proceso había sido limpio y justo, el propio autor del informe denunciaba una lectura “errónea” de los hechos por parte del organismo.
“No hay que volver a ese proceso y todavía menos reabrirlo”, había señalado, expeditivo, el presidente de la Cámara de Enjuiciamiento de la Comisión de Ética de la FIFA, Hans-Joachim Eckert. Admitió, eso sí, que hubo “algunos hechos” que pueden ser “susceptibles de atentar contra la integridad del proceso”, pero subrayó su “alcance muy limitado”.
El informe, entregado en septiembre, fue elaborado por Michael J. García, abogado y exfiscal federal estadounidense, a pedido de la FIFA. Un hombre con fama de “Elliot Ness”, exresponsable del FBI y que causó la caída del excandidato a alcalde de Nueva York Eliott Spitzer. Un nombre extraño para encabezar una investigación que ofrecía irregularidades a cada paso. Pero la FIFA, arrinconada por varias investigaciones mediáticas, optó por un golpe de efecto que se le derrumbó ayer.
El caso Catar
En la votación de 2010 para la atribución de las sedes, el caso de Catar fue el que más polémica e interrogantes generó, pero para la FIFA no hay ninguna prueba sobre posible corrupción. La sospecha estuvo alrededor de la decisión desde el momento que la comisión de evaluación técnica recomendó no decidirse por el país asiático debido a las altísimas temperaturas en verano (de hecho ahora la FIFA evalúa hacerlo en el invierno boreal) y la falta de instalaciones construidas.
Había dos grandes acusaciones sobre la candidatura: una era el hecho que Catar patrocinó el Congreso de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en Angola en enero de 2010, por US$ 1,8 millones, lo que sirvió para asegurare los votos africanos. Según el informe, no había ninguna regla que prohibiera una acción así.
La segunda gran irregularidad era el caso del catarí Mohammed Bin Hammam, exmiembro del Ejecutivo de la FIFA, suspendido de por vida en 2012 por sobornar dirigentes. Según las conclusiones de la investigación, sus pagos de dinero a altos responsables de la FIFA no estarían relacionadas con la elección de sede del Mundial, sino con su candidatura a las elecciones de junio de 2011 para la presidencia del organismo.
El caso de Rusia es insólito. Según la investigación, “el comité sólo sometió a análisis una cantidad limitada de documentos y lo explicó por el hecho de que los ordenadores utilizados en la época eran alquilados y luego fueron devueltos a su propietario, que comunicó que habían sido destruidos”.
Ahora García anunció que apelará la decisión del Tribunal de Ética de la FIFA, una decisión que parece inocente teniendo en cuenta la gran voltereta que hizo el organismo para zafar de las acusaciones, pero que no le sirvió para recuperar una credibilidad herida de muerte.
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