Guerra sucia en Honduras: Policía persigue a pandillas con escuadrones de la muerte

Al menos cinco pandilleros han aparecido muertos o han desaparecido en los últimos meses tras redadas o enfrentamientos con la policía de Honduras que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos, según una investigación de The Associated Press.

Familiares, organizaciones y autoridades dicen que los pandilleros son víctimas de escuadrones de la muerte que pertenecen a la policía.

En un país que tiene la más alta tasa de homicidios del mundo, donde un promedio de 20 personas muere al día de manera violenta, y donde sólo una mínima fracción de esos crímenes son juzgados, los familiares de las víctimas dicen que la policía es autora de parte de los crímenes y que literalmente asesinan en completa impunidad.

Los cinco pandilleros o fueron asesinados o están desaparecidos después de encontrarse con la policía en Tegucigalpa, la capital del país.

El 23 de marzo, dos de las madres descubrieron los cuerpos de sus hijos después de que una vecina llamara en estado de pánico diciendo que estaban rodeados por policías. Pocas horas después, los jóvenes, miembros de la pandilla el Barrio 18, aparecieron con un disparo en la cabeza y sus manos atadas con tanta fuerza que las cuerdas habían perforado la piel y habían llegado a los huesos.

Días antes, tres miembros del Barrio 18 habían sido detenidos por hombres armados y enmascarados y trasladados a una estación policial. Dos de ellos, que no tenían antecedentes penales, fueron liberados, pero su amigo desapareció sin que exista registro alguno de su detención.

Lo sucedido ocurrió poco más de un mes después de que The Associated Press informara que un líder del Barrio 18, y su novia, desaparecieron bajo custodia policial sin que hayan aparecido.

La policía de Honduras parece haber lanzado una guerra sucia contra El Barrio 18, una pandilla conocida por traficar drogas y cobrar extorsiones a taxistas, transportistas, y comerciantes. El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha se cuentan entre las organizaciones criminales más poderosas del país. Nacieron en las prisiones de Estados Unidos, donde los latinos debían defenderse de otros grupos de reos, y luego tomaron el control de sus países tras cumplir sus condenas y ser deportados a Honduras, Guatemala y El Salvador por el gobierno de Estados Unidos.

Ahora, el Barrio 18 dice que sus miembros están siendo cazados por escuadrones de la muerte policiales, cuyos testigos definen su accionar como grupos de hombres encapuchados y fuertemente armados, vestidos de civil y con chalecos antibalas y que matan o desaparecen a pandilleros en vez de llevarlos ante la justicia.

En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha dado millones de dólares en ayuda a la policía hondureña. Pero ahora, el Departamento de Estado dice que enfrenta un dilema: la policía es esencial para luchar contra el crimen en un país que se ha convertido en un paraíso para los traficantes de drogas pues se estima que el 40 por ciento de la cocaína que se dirige a Estados Unidos — y el 87 por ciento de los vuelos que llevan cocaína de América del Sur — tienen su primera parada en Honduras.

"La opción que tenemos, si no trabajamos con la policía, es hacerlo con las Fuerzas Armadas, algo que todo el mundo considera peor en materia de... resolver los problemas a su manera", dijo William Brownfield, Secretario de Estado adjunto a The Associated Press a través de un chat en vivo el 28 de marzo. "Aunque la policía nacional pueda tener sus defectos, es la opción menos mala".

Alba Mejía, subdirectora del Comité para la Prevención de la Tortura del país, dijo que su organización tiene documentados cientos de delitos cometidos por escuadrones de la muerte desde 2000 que pertenecen a la policía. Los escuadrones irrumpen en las casas sin órdenes judiciales y se llevan a los jóvenes, explica Mejía.

"Estamos convencidos de que hay una política gubernamental para asesinar a miembros de las pandillas y de que hay un equipo que desarrolla esa actividad", dijo Mejía. Investigadores judiciales hondureños han recibido alrededor de 150 denuncias de operaciones similares tan sólo en la capital durante los últimos tres años.

El portavoz de la Policía Nacional de Honduras, Julián Hernández Reyes, niega la existencia de esas unidades policiales de ejecución extrajudicial de pandilleros. Dijo que los miembros de las dos pandillas se matan la una a la otra disfrazados de agentes de la ley.

"No hay escuadrones de la muerte en Honduras", dijo Hernández en una entrevista. "Los únicos escuadrones que existen son los de los policías que entregan su vida por la seguridad pública".

Pero cada vez hay más evidencias sobre la existencia de estos escuadrones policiales, que se visten de civil, que no se identifican como policías y que presuntamente están implicados en las ejecuciones extrajudiciales.

Un reportero de la AP, que cubría el epílogo de un tiroteo entre la policía y un grupo de pandilleros, vio uno de esos escuadrones: estaban encapuchados, no portaban ninguna identificación policial y dirigían a más de cien policías uniformados que desarrollaban una operación anti-pandilla.

El año pasado, el Congreso de Estados Unidos retuvo toda ayuda a la policía hondureña después de que se nombrara a Juan Carlos Bonilla como su director y quien fue ascendido al cargo pese a sus presuntas vinculaciones con escuadrones de la muerte en el pasado. Bonilla, apodado 'El Tigre', fue acusado por el Departamento de Asuntos Internos de la policía hondureña de estar implicado en tres homicidios y vinculado con otras 11 muertes y desapariciones forzadas.

Fue juzgado y absuelto por un caso. El resto de las acusaciones nunca fueron investigadas.

El Departamento de Estado reanudó la financiación policial y dijo que el dinero sólo llegaría a unidades especiales certificadas por Estados Unidos. Este año, el gobierno de ese país ha dado 16 millones de dólares a la policía hondureña y dice que ni Bonilla ni 20 de sus subordinados directos reciben un sólo dólar de ese dinero.

No hay certeza de cuánto dinero ha dado ese gobierno a Honduras en los últimos años porque los recursos están adscrito a una iniciativa regional que involucra a otros países. En los últimos años, un estimado de 30 millones ha ido a las fuerzas policiales hondureñas.

El senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, de la comisión de asignaciones del presupuesto para el Departamento de Estado y operaciones internacionales, se encuentra a la cabeza de un grupo de miembros de Congreso preocupados por las supuestas violaciones de derechos humanos y han retenido, por el momento, diez millones de dólares pese a la presión del Departamento del Estado para liberar los dineros.

"Una cuestión fundamental es si deberíamos proveer de ayuda y de hacerlo, bajo qué condiciones, a una fuerza policial acusada frecuentemente de corrupción e implicación en crímenes violentos", dijo Leahy. "Si hay alguna esperanza de que se progrese en el combate a la falta de imperio de la ley en Honduras, necesitamos gente en la que podamos confiar que hará lo necesario para que la justicia funcione. Es lo mínimo que el Congreso debería esperar".

Hace unas semanas, antes de la visita del Presidente Barack Obama a América Central, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Robert Menéndez, viajó a Honduras y los problemas de la violación de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales salieron a la superficie.

"Comprendo que hay preocupación entre mis colegas en el Senado y la Cámara de Representantes respecto a cierta ayuda de los Estados Unidos a Honduras", dijo Menéndez. "Los Estados Unidos tienen autoridad legal y moral para garantizar que la ayuda no esté contaminada por problemas de derechos humanos".

La última ola de ataques policiales reportada por la AP comenzó con Kevin Carranza Padilla, alias 'Teiker', un líder del Barrio 18, que desapareció junto a su novia, Cindy Yadira García, el 10 de enero. Los testigos dicen que fue arrestado y la policía filtró a la prensa local una fotografía en la que se veía a Carranza maniatado y con la cara cubierta de cinta adhesiva.

Desde entonces no se ha visto a la pareja y la policía niega su arresto.

En marzo un amigo de Carranza, Billy Jovel Mejía, alias 'Babyface', de 23 años, y otro pandillero, Wilder Javier Alvarado, alias 'Sadboy', de 20 años, se encontraban escondidos en una vivienda del barrio donde habitan, ya que los pandilleros cambias de casa cada dos días. En uno de esos escondites, ambos llamaron a una amiga y le dijeron que estaban rodeados por la policía.

Una mujer llamada Kelsa, que pidió no usar su apellido por miedo a represalias, les había ayudado a esconderse. Dijo a la AP que recibió una llamada de Mejía aterrorizado la noche del 22 de mayo.

"Nos cayó la jura (policía). La policía viene a por nosotros, van a entrar en la casa, avisen a la familia que vienen a matarnos", recuerda Kelsa que le dijo Billy. "Se oían golpes. Billy me dijo que no sabía explicarme en que casa estaban que era la primera vez que iban allí. Se oían gritos. Billy dejó el teléfono y se apagó".

Como sucede en estos casos su madre, Maria Elena García, fue de comisaría en comisaría pidiendo información sobre el paradero de su hijo.

"Fui a la cuarta estación, de allí me enviaron a la séptima estación y de ahí al cuartel de la Metropolitana", dijo la mujer. "A las cinco de la mañana recibí una llamada y me dijeron que habían encontrado los cuerpos".

Garcia y la madre de Alvarado, Norma, se encontraron donde yacían los cadáveres. Identificaron a sus hijos, cuyos cuerpos aparecieron arrojados a las afueras de la capital. Cada uno tenía un disparo en la cabeza y tenían las manos fuertemente atadas. A Mejía le faltaba el ojo derecho y a Alvarado el izquierdo.

"La sangre aún estaba fresca y los casquillos estaban allí", dijo García.

La madre de Alvarado, Norma, dijo que la policía había registrado al menos seis veces su casa de la colonia Estados Unidos, una de muchas que llevan el nombre de países, en busca de su hijo.

Describe siempre la misma rutina: llegan vestidos de civil con chalecos antibalas y encapuchados, y se identifican como policías. Son equipos de seis a ocho hombres que se transportan en camionetas sin matrícula y los vidrios polarizados.

"A veces les cerraba la puerta para darle tiempo a escapar", dijo la madre de Alvarado. "Llegaron a venir la noche del 31 de diciembre".

A medianoche del 14 de febrero, seis policías enmascarados se llevaron a su nieto, de 13 años, pese a que ella les dijo que estaba estudiando y que era un buen chico.

"Les supliqué que no se lo llevasen, que no le matasen", le dijo Alvarado a la AP llorando. "Había una carro frente a la puerta y otros en las esquinas de la calle. Era una operación importante".

El niño, cuyo nombre no publicamos por tratarse de un menor, dijo en una entrevista y una denuncia ante el Ministerio Público que cubrieron su cara con su propia camiseta y lo tiraron al suelo de una camioneta beige.

Dos agentes le mantenían aplastado contra el suelo con los pies en la cabeza y la espalda durante un trayecto que duró aproximadamente media hora preguntándole por Wilder, su primo.

"Querían saber dónde estaba mi hermano, pensaban que Wilder era mi hermano, querían saber dónde escondíamos las armas," dijo el niño. "Me pegaban porque no les decía nada y entonces me pegaban más todavía".

Lo llevaron a una oficina.

"Eran seis hombres", recordó. "Sólo pude verles cuando me quitaron la camiseta de la cara para ponerme una bolsa de plástico en la cabeza. Siempre llevaban las capuchas puestas. Estaba sentado y me asfixiaban con la bolsa. Cuando me desmayaba, me golpeaban y lo hacían de nuevo (ponerle la bolsa)".

El niño dijo que en la pared había fotos colgadas de miembros del Barrio 18.

Sin saber por qué, le dejaron ir y al día siguiente su familia le llevó al Ministerio Público para hacer la denuncia. No saben nada de la investigación.

Los líderes del barrio 18 dijeron a la AP que los ataques contra sus miembros no son producto de la rivalidad entre pandillas. Dicen que la policía les ha declarado la guerra, especialmente en ciertas colonias de Tegucigalpa, como la zona que controlaba Carranza.

Su compañero, Elvin Escoto Sandoval, alias 'Splinter', fue detenido por la policía el 13 de marzo según su esposa Doris Ramírez, embarazada de siete meses de su primer hijo. Nilson Alejandro Padilla, alias 'Ardilla' de 21 años, también dijo que fue detenido junto a 'Splinter' y otro pandillero llamado 'Chífaro'.

"Eran siete vestidos de civil, chalecos antibalas, encapuchados, rifles automáticos e identificación policial colgada de una cadena en su cuello", dijo Padilla. "Me tiraron al suelo y me dijeron que no levantara la cabeza. Iban en dos carros".

"Nos llevaron a las oficinas de investigación criminal", añadió. "Nos dijeron a mí y a 'Chífaro' que no teníamos nada (antecedentes judiciales) y nos soltaron esa misma tarde. Ni siquiera nos interrogaron".

En la puerta estaba Ramírez preguntándole a la policía por el paradero de su marido, 'Splinter'.

La policía le dijo que sólo tenían a dos detenidos, no a tres.

"Fuimos a todas las postas policiales de la zona y presentamos una denuncia por desaparición en la jefatura metropolitana", dijo.

Ramírez todavía va a la morgue cada vez que oye que aparece cuerpo sin identificar. También ha ido a "la montañita", un lugar donde regularmente aparecen cadáveres de jóvenes sin identificar.

Su marido no ha aparecido. 'Chífaro' también ha desaparecido desde entonces.