Futbolistas procesados: un mensaje para la tribuna

Luego de un campeonato de fútbol donde la violencia en las canchas estuvo a la orden del día y los enfrentamientos entre los jugadores se dieron en varios partidos sin que hubiera intervención de la Justicia (ver infografía), el gobierno dijo basta y promovió la denuncia que implicó un cambio en la tendencia que se venía dando.

La intervención de la Justicia penal a pedido del Ministerio del Interior y la decisión de ésta de procesar a nueve jugadores de Peñarol y Nacional por los incidentes del clásico de la copa ANTEL, fueron también un mensaje a la sociedad, a los clubes y sobre todo a los hinchas violentos.

En ese sentido, el fiscal Gustavo Zubía dijo que los incidentes del clásico podían haber tenido consecuencias más graves.

“La Policía nos informó que había hinchas que estaban saltando los tejidos del talud para hacerse presentes en la cancha cuando estos disturbios”, declaró el fiscal a la prensa. “No podemos seguir tolerando que cosas de esta magnitud pasen como si nada hubiera pasado”, agregó Zubía.

El día después de los incidentes, el gobierno, a través del jefe del operativo presentó ante la Justicia el formulario del partido que redactó el árbitro Martín Vázquez en el que se marca que hubo una riña generalizada.

Si Interior no elevaba los antecedentes, el ministerio de Turismo y Deportes tenía decidido hacerlo.

Tras el clásico que ganó Nacional 1 a 0 y que por los líos debió detenerse varios minutos, jerarcas del Poder Ejecutivo, se mostraron furiosos con los clubes y exigió responsabilidades.

Fue así que el subsecretario del Interior, Jorge Vázquez opinó el martes –antes de conocerse los procesamientos– que “alguien tiene que ponerle límite a esto”.

Una vez conocida la sentencia judicial El Observador consultó al subsecretario de Turismo y Deportes, Antonio Carámbula, para quien “no corresponde que el gobierno califique fallos de un poder independiente”. Sí reclamó responsabilidad de los clubes en materia de seguridad.

“Uno puede entender que los dirigentes tengan dificultades cuando se trata de identificar a hinchas violentos, pero acá estamos hablando de jugadores profesionales, que tienen contratos y por eso todos tienen que asumir su responsabilidad” afirmó Carámbula.

El martes en su cuenta de Twitter, ese jerarca escribió que las directivas de Nacional y Peñarol “apliquen sanciones contra los responsables del bochorno que se vivió en el clásico”.
Según supo El Observador, dirigentes de ambos clubes respetan la decisión de la jueza Blanca Riero.

En el caso de los aurinegros, además, hay intención de sancionar económicamente a sus futbolistas procesados, mientras que en Nacional se estudia cómo actuar sin descartar de momento aplicar multas.

Justicia

La jueza Rieiro procesó sin prisión a nueve futbolistas. Además, no podrán asistir a espectáculos deportivos en Uruguay por dos meses. De Nacional, los procesados son: Leonardo Burián, Diego Arismendi, Ignacio González, Santiago García y Darwin Torres. De Peñarol: Fabián Estoyanoff, Carlos Núñez, Washington Aguerre y Jonathan Sandoval. Por su parte, Jorge “Japo” Rodríguez (Peñarol) y Andrés Scotti (Nacional) quedaron en libertad.
El fiscal Gustavo Zubía había pedido el procesamiento con prisión para ocho de los futbolistas involucrados en los incidentes y para tres sin prisión. El delito del que los acusó es riña en espectáculo deportivo.

“Estuvimos observando varios videos y ahí se veía claramente golpes de puño, patadas, insultos y una serie de elementos que permiten encasillar las conductas en la figura de riña en espectáculo deportivo”, dijo el fiscal.

Según el artículo 323 bis del Código Penal, quienes reciben esta pena tienen que ir a la comisaría más cercana a su domicilio dos horas antes y permanecer allí hasta dos horas después del partido que juegue su equipo. “A los incidentes no los provocaron solo algunos, todos de alguna forma participaron.

En ese sentido la norma penal es amplísima y no requiere solo la participación física sino también a nivel de instigación y participación psicológica”, agregó Zubía.

Entre otros elementos manejados para pedir el procesamiento fue el de la alarma pública, por la trascendencia que hechos como este generan.

“Estimo que es un hecho grave más allá de que no lo fue en las consecuencias físicas de las personas involucradas. Está en juego la paz social y una estructura que se ha visto afectada que es la del deporte”, expresó Zubía.

“No hay razones para otro tipo que la aplicación de esta norma”, agregó el fiscal refiriéndose al artículos 323 bis del Código Penal. “Es una solicitud dura que está totalmente acorde con lo previsto”, opinó.

El fiscal también solicitó que sean citados a declarar en calidad de testigos los presidentes de ambos clubes, Juan Pedro Damiani (Peñarol) y Eduardo Ache (Nacional).
El abogado de Peñarol, Jorge Barrera dijo que no apelará el fallo porque demoraría unos 8 meses, es decir, más tiempo que la pena impuesta a los jugadores de no concurrir a los estadios.