Facultad de Medicina cuestionó legalidad del decreto sobre sífilis

Criticaron la norma que obliga a las mujeres infectadas a denunciar a sus parejas sexuales

El decreto del Poder Ejecutivo que considera la sífilis como un “peligro público”  y que obliga a las embarazadas –afectadas con  esa enfermedad– a identificar a sus parejas sexuales, fue duramente cuestionado en un ateneo de la Facultad de Medicina, celebrado el jueves, al que tuvo acceso El Observador. Médicos, abogados y estudiantes de Medicina aseguraron que la medida atenta contra la legalidad y los derechos de la persona, es inconstitucional y dictatorial.

El decreto 316/012, aprobado el 20 de setiembre, lleva la firma del presidente José Mujica y del ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, pero los académicos no saben cómo se confeccionó ese texto, ya que no tuvo discusión previa.
La norma establece que las embarazadas que contraigan la enfermedad tienen la obligación, tanto si acuden a un centro médico público como privado, a develar el nombre de su pareja. Si se niegan, la institución médica puede realizar una denuncia para que la Policía vaya a buscar al hombre que contagió a la mujer.

En la sala Elías Regules de la Facultad de Medicina, la cátedra de Medicina Legal y Unidad Académica de Bioética organizó este jueves un ateneo interdisciplinario para discutir el decreto. Más que discusión, resultó ser un bombardeo de críticas a un texto que se llegó a considerar “inconstitucional”.

Los médicos y los estudiantes, que se encontraban presentes en el salón, criticaron con dureza el decreto sobre el control de esta enfermedad venérea (que puede curarse con antibióticos si se detecta a tiempo). “Más allá de las consideraciones de sanidad, de legalidad, de moralidad y médicas, el texto deja la sensación de que hoy existe una epidemia”, dijo Hugo Rodríguez, director del Departamento de Medicina Legal y uno de los promotores del encuentro. “(El decreto) deja una sensación muy desagradable. Se refiere a la paciente como ‘infractora’. Esto contiene una agresividad importante. La persona que infecta deber ser ‘conducida’, es un lenguaje propio que se usa con los delincuentes. Me hirió la sensibilidad”, agregó Rodríguez.

El profesor llamó la atención sobre el “silencio” que ha rodeado esta determinación del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Salud Pública (MSP), y espera que el asunto pueda ser discutido con mayor amplitud.
En el mismo sentido, la médica y magíster en Bioética y Derecho, Mariela Mautone, señaló que el texto es propio de tiempos de “dictadura” y añadió: “Veo que esto está bastante silenciado”.

El semanario Búsqueda informó la semana pasada que desde el MSP se consideraba un “misterio” la razón por la cual el presidente Mujica y el ministro Venegas firmaron este decreto y señalaba que el titular del MSP era el primer sorprendido.

Por fuera del sistema
Entre los asistentes a este ateneo se encontraba una médica del hospital Saint Bois, quien se refirió a lo complicado que es controlar a las enfermas de sífilis, que son cada vez más. Planteó la realidad que rodea a estas mujeres, casi siempre de estratos sociales bajos: “Tenemos muchos casos de sífilis. Me llegan muchas embarazadas, de las cuales algunas se reinfectan varias veces”, dijo. Indicó que estas futuras madres carecen de carné de salud y que muchas no trabajan sino que viven de changas. “No entienden el daño que le van a ocasionar al hijo, que estos van a tener patologías severas”.

Los profesionales de la salud consideran el decreto un exceso y un abuso por parte de las autoridades. Incluso, como un atentado contra los derechos humanos. Otra médica que participó del evento dijo que con esto se fue “para atrás” y que no se aprendió nada con el tratamiento realizado a los enfermos de VIH y de tuberculosis, donde se trata de resguardar la intimidad y seguridad del paciente. “Estas medidas afectan a los más vulnerables, son altamente discriminatorias”, indicó.
 
Una abogada calificó de “inconstitucional” el decreto. “El texto escapa al modernismo legal. Se legaliza sin respetar los derechos humanos. Se vulnera la integridad física. No se ve trabajo de comisión alguna en el decreto. Ni siquiera la de un abogado y parece más bien un parte policial”, dijo.

La norma también fue cuestionada por el profesor noruego Jan Helge Solbakk, que se encuentra en Uruguay impartiendo clases en la Facultad de Medicina y que tomó parte en el debate. “Así no es posible establecer relaciones entre pacientes y Salud Pública. El decreto tiene un lenguaje muy particular, por decirlo diplomáticamente”, señaló. Y remató contundente: “Me trae asociaciones con períodos de la historia muy negros”.  l


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