FA suaviza los proyectos de ley sobre seguridad del gobierno

En cinco días se cumplirán dos meses del anuncio del paquete de medidas “Por la vida y la convivencia”, con la cual el gobierno intenta cambiar la pisada en seguridad -principal tema de preocupación de los uruguayos-, luego de varios episodios donde la violencia y los delitos obligaron a ensayar nuevas respuestas. De las 15 iniciativas presentadas, seis requieren proyecto de ley, y en todas ellas la bancada oficialista se dispone a meter mano para suavizarlas.

Los legisladores del Frente Amplio (FA), lograron de antemano modificar la iniciativa que proponía aumentar la pena de los menores, y ahora desde el Parlamento ya trabajan para modificar las otras iniciativas que tienen a estudio.

La bancada suavizará el aumento de las penas por tráfico de pasta base, evitará la inconstitucionalidad de la internación compulsiva para adictos, y trabajará a largo plazo para darle forma al proyecto de legalización de producción y venta de marihuana por parte del Estado.

Además, en las últimas horas, el FA acordó cambios en el único proyecto que hasta ahora no había tenido reparos: el que crea un fondo para indemnizar a las víctimas de delitos violentos, a estudio de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes.

La propuesta del gobierno financiaba el fondo con un impuesto de 1 % a las nuevas pólizas de seguros, lo cual fue rechazado por la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, ya que, en última instancia, el costo se trasladaría al usuario.

Los legisladores atendieron la demanda, y según explicó ayer a El Observador el diputado frenteamplista Julio Bango (Partido Socialista), la comisión buscará “alternativas” para evitar que la financiación se realice por esa vía y se buscará otro camino.

Como en este caso, la coalición de izquierda quiere meter mano en el proyecto de internación compulsiva a adictos por la “dudosa constitucionalidad”, planteada por un ministro de la Suprema Corte de Justicia, establecido en un informe jurídico del Senado que comenzó a circular esta semana en los despachos del Parlamento, y reconocida en privado por legisladores oficialistas.

Ante las resistencias internas que tiene la propuesta, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, salió en defensa de la internación de drogadictos en forma compulsiva y lo calificó de “necesario para la convivencia y la seguridad pública”.

“El proyecto no tiene un informe jurídico negativo. La Suprema Corte de Justicia no ha tomado una declaración final sobre el tema”, dijo ayer Bonomi.

En el Ministerio del Interior se entiende que los cambios impulsados desde el Parlamentos son legítimos y no alteran la estrategia global diseñada por el Gabinete de Seguridad durante varias semanas junto al presidente José Mujica, transmitieron ayer a El Observador fuentes oficiales.

En la izquierda, en tanto, se señala que en la reunión inicial de coordinación que la bancada oficialista mantuvo con el Poder Ejecutivo en la residencia de Suárez y Reyes, diputados y senadores del FA se fueron con la certeza de poder trabajar con libertad para modificar los proyectos.

“Los espacios para las modificaciones los plantearon ellos mismos”, aseguró Bango ayer a El Observador en un pasillo del Parlamento, en alusión al Poder Ejecutivo. El legislador socialista, que ha estado al frente de las negociaciones por las medidas de seguridad, recordó que de hecho el primer cambio a uno de los proyectos se procesó al otro día de esa reunión, cara a cara con Mujica en su despacho. El presidente quería elevar a diez años las penas máximas de los menores que cometieran delitos graves como homicidios, rapiñas, secuestros o violaciones. Pero la izquierda no quería duplicar el tiempo máximo de reclusión, y fue así que ese proyecto, que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia, partió desde Torre Ejecutiva con un cambio de última hora, que atendió a la bancada de gobierno.

Para Bango, existe un “enriquecimiento” de los proyectos cada vez que la izquierda propone cambios.

Según informó ayer el diario El País, el FA plantea “flexibilizar” también la pena mínima para traficantes de pasta base de cocaína. Manejan la idea de eliminar la mínima de tres años que propone el proyecto del gobierno, y en su lugar colocar un agravante que corresponda a un tercio de la pena.