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Encrucijada brasileña
Brasil vive la contradicción de haber retomado cierto crecimiento económico mientras el gobierno y todo el sistema político se tambalean en un clima de repulsa popular y una red de corrupción de la que muy pocos escapan. La reducción del gasto público y otros ajustes dispuestos por la administración del presidente Michel Temer y un aumento productivo del agro y la industria determinaron una mejora fiscal en febrero a su tasa más alta en siete años y por primera vez después de dos años de recesión. Pero convertir estas señales en aumento sostenido de la actividad requiere confianza y certezas, elementos que escasean en momentos en que el Supremo Tribunal Federal (STF) investiga por corrupción a ocho ministros de Temer, a muchos otros altos funcionarios, a un tercio de los senadores y a unos 40 diputados.
Los dirigentes atrapados en la encrucijada del vendaval judicial pertenecen tanto a los partidos aliados en la coalición conservadora de Temer como en la izquierda opositora del Partido de los Trabajadores, incluyendo a los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. El sacudón a todo el sistema es el de mayor magnitud desde que estallaran hace tres años los escándalos de corrupción en Petrobrás, asociados a la gigantesca empresa constructora Odebrecht, que acaba de ser multada en US$ 2.600 millones por haber conseguido contratos de obras mediante coimas en Brasil, Estados Unidos, Suiza y otros países.
A tal extremo llega la conmoción que Temer admitió que muchos de sus ministros tendrán que renunciar. Pero difícilmente le dé resultados ese intento de mejorar la imagen de su gobierno. Enfrenta creciente impopularidad, generada por los duros ajustes fiscales y un desempleo en aumento y reflejada en constantes manifestaciones callejeras de protesta por todo el país. Lo debilita aun más ahora la decisión del máximo tribunal de hurgar en las turbiedades financieras de ministros, otros dirigentes políticos de primera línea y poderosos empresarios, lo que impulsará más reclamos populares contra el gobierno y le dificultará seguir adelante con las políticas de ordenamiento fiscal iniciadas el año pasado, especialmente si el actual torbellino le cuesta respaldo parlamentario.
Los ajustes mostraron sus primeros resultados a comienzos de año. El Banco Central informó que la actividad económica creció en febrero 1,3% con respecto al mes anterior, gracias a mayor producción agrícola y exportación de automotores. Se estima que el país cerrará 2017 con un crecimiento del Producto Interno Bruto de 0,4%, luego de la desastrosa contracción del 3,6% registrada el año pasado. Pero el insinuado fin de la recesión dependerá de cómo se defina la crisis política, ya que el actual clima de incertidumbre sobre la capacidad del gobierno para capear la tormenta atenta contra la actividad productiva y las inversiones. La mejor esperanza es que la resuelta acción de la Justicia, que ya ha encarcelado a figuras prominentes, fuerce el aprendizaje de la lección, depure de corruptos el sistema e induzca a otros dirigentes a abandonar lo que ha sido enquistada práctica generalizada de enriquecimiento ilícito en todos los niveles de la estructura política.
