El presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), el juez Baltasar Garzón, brindó una charla este lunes en Montevideo en las oficinas de la Unesco y se refirió a la ley de Caducidad.
El magistrado habló sobre el tratamiento dado a los crímenes de lesa humanidad en América Latina. En referencia a Uruguay, sostuvo que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en los escalones de primera instancia “están claramente definidos y alineados” con la doctrina internacional y de promoción de derechos humanos. No obstante, dijo que la posición de la Suprema Corte de Justicia es “claramente contraria a ese tendencia”.
“Cuanto antes espero que se corrija porque va en contra de la historia, va en contra de los derechos de las víctimas y va en contra de lo que hoy es el derecho internacional humanitario”, dijo Garzón. Agregó que las cortes supremas dan ejemplos “mucho más conservadores” que los órganos judiciales de base que generacionalmente son más jóvenes. En febrero la corporación declaró inconstitucional dos artículos de la ley interpretativa de Caducidad.
“Si Uruguay fue un país signatario de la declaración de Londres de 1945 por la que se crea el tribunal de Nüremberg a mi me cuesta asumir que una ley interna posterior vaya en contra de lo que es el núcleo del derecho penal internacional. Cuesta trabajo asimilarlo. No se cómo se argumenta eso por la corte suprema, pero me gustaría verlo”, afirmó.
Garzón marcó este punto como una “contradicción” que dijo “no es buena para la protección de los ciudadanos, para el país, ni para la consolidación democrática”. “No puede ser ese el sentido de la interpretación literal de una norma local en el contexto de las normas internacionales que forman parte del ordenamiento jurídico del Uruguay “, dijo.
Según el juez, la interpretación de la ley tiene que hacerse de forma restrictiva cuando protege a la víctima y cuando beneficia la presunción de inocencia del victimario, pero no como en este caso donde “se olvida la protección de todas la sociedad como víctima”.
Garzón es presidente de la CIPDH desde abril de 2013. El jurista será declarado ciudadano ilustre de Montevideo por la intendenta departamental, Ana Olivera. El español, hoy radicado en Argentina, fue magistrado de la Audiencia Nacional, diputado en las Cortes Generales de España y delegado del gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Además, ejerce como del asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya.
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