Mundo > La paz en Colombia
Acuerdo de paz sigue adelante, pese a los obstáculos y un clima enrarecido
Atentado en un shopping mostró que el pacto no significa el fin de la violencia en el país
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25 de junio de 2017 a las 05:00
El mortal atentado terrorista en Bogotá, el sábado 17, empañó un hecho inédito de la historia de Colombia como es el desarme definitivo de las FARC, el grupo guerrillero más antiguo de América Latina en actividad –que aún así se adelantó y terminó de concretarse esta semana–, y al mismo tiempo, mostró sin sutilezas que el acuerdo de paz, firmado por el presidente Juan Manuel Santos y el jefe insurgente Rodrigo Londoño Echeverri alias Timochenko, es un gran paso para la concordia, pero no significa el fin de la violencia en un país muy polarizado.
El 13 de junio, cuatro días antes de la explosión en el Centro Comercial Andino, el embajador saliente de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, resumió con mucha claridad a la periodista Karen Attiah, de The Washington Post, el presente esperanzador del país, pero sin desconocer el ambiente crispado en que se mueve el posconflicto.
"Pasamos de ser un estado fallido (a) un país que fue capaz de reducir los problemas de seguridad, mejorar el crecimiento económico y reducir la pobreza de una manera muy interesante", dijo Pinzón. Y, quien también fue ministro de Defensa del gobierno de Santos, admitió su preocupación por "una creciente polarización en Colombia, principalmente debido al acuerdo de paz".
Las heridas de una guerra de más de medio siglo, en la que participaron las FARC, otras guerrillas, grupos paramilitares, agentes de seguridad del Estado, que ha dejado unos 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos, 7,7 millones de desplazados, 20 mil víctimas de violencia sexual –solo entre 1985 y 2017– , demoran en sanar y es natural que cicatricen en el mediano o largo plazo.
Es por eso que una mayoría de expertos estuvieron convencidos desde un primer momento de que el atentado en el shopping Andino, en un baño de mujeres, en el que murieron tres personas y hubo ocho heridos, no se trató de un acto de delincuencia común, sino de violencia política, en un momento significativo del acuerdo de paz como es el desarme de las FARC.
El atentado del sábado 17 fue el segundo de gravedad este año en Bogotá. El 19 de febrero, una explosión cerca de la Plaza de Toros dejó un policía muerto y más de una veintena de heridos, en un hecho que se atribuyó a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), que negocia la paz desde febrero con el gobierno en Quito, y que en la semana secuestró a dos periodistas holandeses en el departamento de Norte de Santander, lo que entorpece el diálogo entre las partes, aunque después se comprometió a su liberación.
Avanza el proceso de paz, pero los actos violentos, aunque de menor cuantía que en el pasado reciente, siguen estando presentes en el país.
En la capital colombiana, desde 2015 hasta marzo pasado incluso, hubo 30 ataques violentos que según el portal web de la revista Semana. "En ocasiones se trata de atentados contra la fuerza pública, como los que realizó el ELN a finales del año pasado, que causan bajas oficiales y pueden herir a civiles; pero en general es producto de ajustes de cuentas con granadazos, chantajes extorsivos a comerciantes que no quieren pagar la "vacuna" o bombas panfletarias para reivindicar alguna causa social o política", expresa el informe.
Más preocupante aún es la realidad de las regiones fuera de la capital, en donde si bien se registró una baja de homicidios derivados del conflicto armado, hay una razonable preocupación por la irrupción de bandas de delincuentes o insurgentes que tratan, y en muchos casos con éxito, de ocupar territorios que estaban en poder de las FARC antes de la desmovilización de los guerrilleros.
Un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación asegura que "muchas" de las zonas donde operaban las FARC "tienen una alta presencia de economías ilegales y han comenzado a ser copadas por la guerrilla del ELN, estructuras herederas del paramilitarismo como el Clan del Golfo o sencillamente hay un vacío de poder e indicadores de seguridad, como el hurto, que comenzaron a aumentar" y han derivado en hechos de violencia.
Según informes oficiales, difundidos por el diario El Tiempo, "en la primera etapa del proceso de consolidación de la paz", que podría llevar hasta 10 años, las fuerzas de seguridad deberán concentrar sus esfuerzos en los seis mil hombres que suman grupos de delincuentes, de guerrilleros disidentes o de algunos frentes del ELN, que generan terror en diversas regiones del país.
Al problema de la violencia se suma el encono entre las fuerzas políticas que apoyan al gobierno y el opositor Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe, quien goza de un gran apoyo popular, como dejó en evidencia el rechazo del acuerdo de paz en un referéndum, que debió ser aprobado por el Congreso el 30 de noviembre pasado para su implementación.
La oposición uribista critica con virulencia los retrasos del cronograma del fin del conflicto armado, no cree en la información oficial sobre el número de armas en poder de las FARC, y desconfía de que la guerrilla entregue los datos completos sobre sus millonarios bienes y activos, que obtuvo del narcotráfico, secuestros y extorsiones, que deberían utilizarse para reparar a las víctimas del conflicto.
El miércoles 21, Uribe aprovechó su participación en un foro en Madrid para cuestionar un acuerdo de paz que a su juicio llevará a su país a convertirse en "una segunda Venezuela", aumentará la violencia, y por el acercamiento de Santos a las FARC, que pasó de ser "una guerrilla marxista-leninista, estimulada por (Fidel) Castro y la URSS (...) a ser el primer cartel del mundo", lo que según él ahuyentará a los inversionistas. Y manejó un dato que genera escozor en filas oficialistas: de 42 mil hectáreas de producción de coca durante su gestión se pasó a 188 mil en la actual administración.
Pese a los cuestionamientos de fondo al contenido del acuerdo de paz, el expresidente y actual senador aseguró que el ánimo de su partido, si gana las elecciones el próximo año, es modificar el acuerdo de paz y no eliminarlo.
En medio de atentados terroristas, secuestros y de las furibundas críticas opositoras, el presidente Santos es el gobernante que más distancia recorrió de la escarpada y sinuosa ruta de la paz.
Ningún gobierno desde mediados de 1960 logró avanzar tanto en un acuerdo con la guerrilla más antigua en actividad como el de Juan Manuel Santos: ya se desmovilizaron unos siete mil guerrilleros y este viernes el presidente anunció en París que se completó el desarme –se estima en algo más de siete mil armas–, con la verificación de la ONU.
Es cierto que la ruta de la paz aún debe llegar a ejes centrales del acuerdo: la transformación de las FARC en un partido político; el paso a la vida civil de miles de guerrilleros; una reforma política y electoral; la puesta en marcha de la Juridicción Especial para la Paz (JEP); el levantamiento de órdenes de captura por el delito de rebelión y conexos; amplias amnistías para quienes reconozcan su responsabilidad o planes de desarrollo rural.
Pero como escribió Francisco de Roux, un jesuita experto en el conflicto armado colombiano, el abandono de las armas por las FARC representa un "acontecimiento extraordinario, por encima de las campañas políticas y las protestas sociales, y que muchos no ven por el dolor que llevan y por la eficacia en consolidar la desconfianza contra el proceso que tuvo la oposición".
El 13 de junio, cuatro días antes de la explosión en el Centro Comercial Andino, el embajador saliente de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, resumió con mucha claridad a la periodista Karen Attiah, de The Washington Post, el presente esperanzador del país, pero sin desconocer el ambiente crispado en que se mueve el posconflicto.
"Pasamos de ser un estado fallido (a) un país que fue capaz de reducir los problemas de seguridad, mejorar el crecimiento económico y reducir la pobreza de una manera muy interesante", dijo Pinzón. Y, quien también fue ministro de Defensa del gobierno de Santos, admitió su preocupación por "una creciente polarización en Colombia, principalmente debido al acuerdo de paz".
Las heridas de una guerra de más de medio siglo, en la que participaron las FARC, otras guerrillas, grupos paramilitares, agentes de seguridad del Estado, que ha dejado unos 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos, 7,7 millones de desplazados, 20 mil víctimas de violencia sexual –solo entre 1985 y 2017– , demoran en sanar y es natural que cicatricen en el mediano o largo plazo.
Es por eso que una mayoría de expertos estuvieron convencidos desde un primer momento de que el atentado en el shopping Andino, en un baño de mujeres, en el que murieron tres personas y hubo ocho heridos, no se trató de un acto de delincuencia común, sino de violencia política, en un momento significativo del acuerdo de paz como es el desarme de las FARC.
El atentado del sábado 17 fue el segundo de gravedad este año en Bogotá. El 19 de febrero, una explosión cerca de la Plaza de Toros dejó un policía muerto y más de una veintena de heridos, en un hecho que se atribuyó a la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), que negocia la paz desde febrero con el gobierno en Quito, y que en la semana secuestró a dos periodistas holandeses en el departamento de Norte de Santander, lo que entorpece el diálogo entre las partes, aunque después se comprometió a su liberación.
Avanza el proceso de paz, pero los actos violentos, aunque de menor cuantía que en el pasado reciente, siguen estando presentes en el país.
En la capital colombiana, desde 2015 hasta marzo pasado incluso, hubo 30 ataques violentos que según el portal web de la revista Semana. "En ocasiones se trata de atentados contra la fuerza pública, como los que realizó el ELN a finales del año pasado, que causan bajas oficiales y pueden herir a civiles; pero en general es producto de ajustes de cuentas con granadazos, chantajes extorsivos a comerciantes que no quieren pagar la "vacuna" o bombas panfletarias para reivindicar alguna causa social o política", expresa el informe.
Más preocupante aún es la realidad de las regiones fuera de la capital, en donde si bien se registró una baja de homicidios derivados del conflicto armado, hay una razonable preocupación por la irrupción de bandas de delincuentes o insurgentes que tratan, y en muchos casos con éxito, de ocupar territorios que estaban en poder de las FARC antes de la desmovilización de los guerrilleros.
Un estudio de la Fundación Paz y Reconciliación asegura que "muchas" de las zonas donde operaban las FARC "tienen una alta presencia de economías ilegales y han comenzado a ser copadas por la guerrilla del ELN, estructuras herederas del paramilitarismo como el Clan del Golfo o sencillamente hay un vacío de poder e indicadores de seguridad, como el hurto, que comenzaron a aumentar" y han derivado en hechos de violencia.
Según informes oficiales, difundidos por el diario El Tiempo, "en la primera etapa del proceso de consolidación de la paz", que podría llevar hasta 10 años, las fuerzas de seguridad deberán concentrar sus esfuerzos en los seis mil hombres que suman grupos de delincuentes, de guerrilleros disidentes o de algunos frentes del ELN, que generan terror en diversas regiones del país.
Al problema de la violencia se suma el encono entre las fuerzas políticas que apoyan al gobierno y el opositor Centro Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe, quien goza de un gran apoyo popular, como dejó en evidencia el rechazo del acuerdo de paz en un referéndum, que debió ser aprobado por el Congreso el 30 de noviembre pasado para su implementación.
La oposición uribista critica con virulencia los retrasos del cronograma del fin del conflicto armado, no cree en la información oficial sobre el número de armas en poder de las FARC, y desconfía de que la guerrilla entregue los datos completos sobre sus millonarios bienes y activos, que obtuvo del narcotráfico, secuestros y extorsiones, que deberían utilizarse para reparar a las víctimas del conflicto.
El miércoles 21, Uribe aprovechó su participación en un foro en Madrid para cuestionar un acuerdo de paz que a su juicio llevará a su país a convertirse en "una segunda Venezuela", aumentará la violencia, y por el acercamiento de Santos a las FARC, que pasó de ser "una guerrilla marxista-leninista, estimulada por (Fidel) Castro y la URSS (...) a ser el primer cartel del mundo", lo que según él ahuyentará a los inversionistas. Y manejó un dato que genera escozor en filas oficialistas: de 42 mil hectáreas de producción de coca durante su gestión se pasó a 188 mil en la actual administración.
Pese a los cuestionamientos de fondo al contenido del acuerdo de paz, el expresidente y actual senador aseguró que el ánimo de su partido, si gana las elecciones el próximo año, es modificar el acuerdo de paz y no eliminarlo.
En medio de atentados terroristas, secuestros y de las furibundas críticas opositoras, el presidente Santos es el gobernante que más distancia recorrió de la escarpada y sinuosa ruta de la paz.
Ningún gobierno desde mediados de 1960 logró avanzar tanto en un acuerdo con la guerrilla más antigua en actividad como el de Juan Manuel Santos: ya se desmovilizaron unos siete mil guerrilleros y este viernes el presidente anunció en París que se completó el desarme –se estima en algo más de siete mil armas–, con la verificación de la ONU.
Es cierto que la ruta de la paz aún debe llegar a ejes centrales del acuerdo: la transformación de las FARC en un partido político; el paso a la vida civil de miles de guerrilleros; una reforma política y electoral; la puesta en marcha de la Juridicción Especial para la Paz (JEP); el levantamiento de órdenes de captura por el delito de rebelión y conexos; amplias amnistías para quienes reconozcan su responsabilidad o planes de desarrollo rural.
Pero como escribió Francisco de Roux, un jesuita experto en el conflicto armado colombiano, el abandono de las armas por las FARC representa un "acontecimiento extraordinario, por encima de las campañas políticas y las protestas sociales, y que muchos no ven por el dolor que llevan y por la eficacia en consolidar la desconfianza contra el proceso que tuvo la oposición".
